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En enero de este año, el portavoz presidencial de la Casa Rosada, Manuel Adorni, aseguró que el presidente argentino, Javier Milei, estaba concentrado en su agenda económica para “enderezar” al país y que no le urgían otros asuntos como derogar la ley del aborto.
“Hoy no está en agenda”, dijo Adorni al terminar enero.
Eso cambió en solo dos semanas. El miércoles se encontró que el partido del presidente, La Libertad Avanza (LLA), había presentado un proyecto para derogar la ley del aborto a inicios de esta semana. Este busca derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2021, y calificar al aborto como un delito penal tanto para la mujer que lo practique como para aquellas personas que la ayuden en la intervención.
Según una investigación de Cronista, que consultó a fuentes familiares con el proyecto, la presentación del documento parece haber provenido de una decisión de la bancada oficialista más que del propio Milei. La Casa Rosada no habría sido consultada sobre este movimiento, lo que expone las cada vez más notables grietas en las filas de LLA.
Pero, a la vez, este caso no esconde el sentido de urgencia que le han dado los libertarios a la agenda sobre las mujeres, empezando por el propio Milei. En su primer día en la oficina, el presidente desmanteló el Ministerio de la Mujer que había creado su antecesor, Alberto Fernández. La agenda contra las mujeres avanza a una velocidad cada vez más sorprendente.
Según Milei, el Ministerio merecía acabarse porque ofrecía “privilegios” que impedían “la igualdad” y que el organismo tenía mucha burocracia. Nunca ahondó en cifras que justificaran su decisión. No habló, por ejemplo, sobre las más de 865.000 consultas que recibió el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, una de las políticas que creó el Ministerio para combatir la violencia contra las mujeres.
“Este es un gobierno para la difusión ideológica y la disputa cultural. Asume en una etapa histórica en que los feminismos avanzan exigiendo a las instituciones el reconocimiento de los derechos negados y las responsabilidades omitidas por décadas; además, lo hace tras una gestión que jerarquizó los reclamos de las calles, transformándolos en políticas públicas. Por eso, en su afán de diferenciarse, de generar antinomias y construir enemigos internos, se construyó en espejo de esas demandas. Tanto es así que gestos de desgobierno como eliminar o desfinanciar las políticas públicas que llevaba adelante el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad forman parte de su ideario y principios”, explica Laura Salomé, periodista y activista feminista argentina.
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La atención para las víctimas de violencia de género es algo que a Milei no le interesa, y esto es porque para el presidente “la violencia no tiene género”. Eso explica por qué su gobierno les ha quitado la financiación a las líneas de atención para violencia familiar y sexual. Trabajadoras de la Línea 137, que brindan asistencia 24 horas al día, 365 días al año, le dijeron a Página 12 que se ha despedido a siete personas en lo que va de gobierno, y a las que quedan solo les renovaron el contrato por tres meses.
“O sea, puede suceder que en marzo perdamos nuestro trabajo y sobre todo, peligra la continuidad de la Línea, una política pública de excelencia, con más de 15 años de trayectoria, lo cual dejaría sin respuesta a los sectores más vulnerables ante las violencias que padecen”, le dijo la psicóloga Laura Boggon, trabajadora de la línea, al diario argentino.
Hay despidos en muchas más dependencias, según Salomé, en las que las más afectadas han sido las mujeres. Si bien Milei niega la existencia de brechas de género en el trabajo, Salomé explica que “los despidos en el Estado, que hasta el momento son 40 mil personas, afectan especialmente a las mujeres, ya que son quienes llegan de último al empleo registrado (las últimas en firmar contratos), y suele haber muchas jefas de familia”.
Sobre la violencia contra las mujeres, Milei también ha dicho que busca desmantelar la Ley Micaela, la cual lleva su nombre en honor a Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en 2017. La ley, sancionada en 2019, ordena la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñen una función pública en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Sin embargo, Milei dice que “no ha funcionado” para nada y la reduce a cuestiones exclusivas de la familia. Es decir, que la ley solo debería capacitar cuestiones de violencia familiar. Al menos 24 especialistas que trabajan impartiendo estas capacitaciones a funcionarios estatales han sido despedidas hasta enero. Según las afectadas, el Gobierno parece “despreciar” su trabajo.
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Por ahora, las acciones concretas de Milei han sido la eliminación del organismo que concentraba todas las políticas dirigidas hacia las mujeres y recortes o amenazas de despidos en dependencias que ayudan a las mujeres. Estas decisiones pueden no ser tan sonoras como la amenaza del proyecto que busca la derogación de la ley que permite el aborto, pero son igual de preocupantes dado el contexto nacional.
El presidente ignora el hecho de que en 2023, los asesinatos de mujeres aumentaron un 33 % en comparación con el año anterior, y que 61 víctimas habían presentado denuncias por violencia de género, mientras que otras 22 fueron violadas antes de ser asesinadas, según la Defensoría del Pueblo.
Además del proyecto sobre el aborto, hay más preocupaciones de lo que los libertarios puedan hacer adelante. La Ley de Educación Sexual Integral, que nació en 2006 y que imparte guías de manera obligatoria, también estaría bajo amenaza. Milei ha dicho que esta se trata de un “adoctrinamiento” y desde LLA siempre se han opuesto al sentido de obligatoriedad.
Si bien el Gobierno cambió de postura en la primera semana en el poder, y dijo que mantendrá la ley tal como está, Luci Cavallero, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la asamblea Ni Una Menos, le dijo a Página 12 que todavía “se la quieren llevar por delante”. Hay otros campos en los que también se han asediado los avances de las mujeres.
Las feministas también advirtieron que en el proyecto de ley Ómnibus, que fue impulsado por Milei y devuelto a comisión esta semana luego de quedarse sin apoyos en el Legislativo, se pretendía dificultar el acceso de las mujeres a la Cámara de Diputados.
La politóloga argentina Nayet Kademián explicó que, entre todas las reformas de dicho proyecto, se buscaba configurar la ley de paridad de género actual, que usa la fórmula D’Hont. Esta indica que si la cabeza de lista para Diputados es un hombre, quien le sigue debe ser una mujer. Y bajo este sistema, se abre la posibilidad a que más mujeres llegaran al Legislativo. La Ómnibus habría cambiado esto.
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