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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a 145 exoficiales de la Policía y de las Fuerzas Militares para que rindan versión voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La razón es que tienen pistas sobre su presunta vinculación con algunos de los crímenes más atroces cometidos en alianza con paramilitares en la región de los Montes de María, ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, a inicios de los años 2000.
Esta decisión generó una amplia discusión dentro de la Sala sobre lo que significa que estos oficiales en retiro estén “comprometidos” en informes que llegaron a la justicia transicional sobre graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero, más allá de esa discusión jurídica, lo que está en el centro de la decisión es la demanda de verdad, justicia y reparación que las víctimas de los Montes de María han hecho durante más de dos décadas.
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En entrevista con El Espectador, la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señaló que dentro del caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en alianza con grupos paramilitares, la región de los Montes de María tiene una prioridad. Según la togada, en esa zona del país ocurrieron al menos 40 masacres en los años más duros de la violencia.
“A nivel nacional, El Carmen de Bolívar es el tercer municipio con mayor número de víctimas atribuidas a estructuras paramilitares (…). Según versiones rendidas por los paramilitares, la impunidad en cuanto a la conducta de los agentes estatales que participaron en esos hechos, es altísima”, dijo la magistrada Díaz Gómez. Tres de esos hechos son las masacres de El Salado, El Carmen de Bolívar y Chengue. El Espectador reconstruye la memoria de estos casos.
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La masacre de El Salado
El 23 de diciembre de 1999 cayeron desde el cielo volantes sobre el casco urbano de El Salado. La advertencia era una especie de invitación bizarra. Comer, beber y festejar el fin de año, pues para muchos sería el último. El terror llegó casi dos meses después de aquel aviso y se sembró en las calles durante cinco días. Fue una incursión paramilitar que dejó 63 civiles asesinados y contó con el apoyo de la Primera Brigada de Infantería de Marina del Ejército Nacional.
La masacre estaba anunciada. El entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) obtuvo información previa y alertó a la Brigada de una incursión paramilitar para que protegiera a la comunidad, pero no lo hicieron. De acuerdo con versiones recogidas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el ataque fue planeado por los jefes paramilitares del Bloque Norte, Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”; y John Henao, alias “H2”, con la colaboración de altos mandos de la Armada Colombiana, según testimonios de paramilitares.
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Pese a las advertencias, los habitantes de El Salado fueron sorprendidos por la barbarie. El 16 de febrero del 2000, un grupo de 450 paramilitares irrumpió con extrema sevicia. Torturas, violencia sexual, degollamientos, esclavitud, decapitaciones y decenas de asesinatos. Ese fue el arsenal violento con el que los “paras” sometieron durante cinco días a esa comunidad. Según los reportes, el día más sangriento fue el 18 de febrero.
En la cancha de fútbol del casco urbano, los paramilitares se reunieron y realizaron macabras escenas de violencia frente a los ojos de toda la comunidad. En ese espacio, el grupo armado asesinó a 17 personas. Luego se trasladaron a las casas y los montes donde asesinaron a otras 11. Al tiempo, varias mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Los paramilitares abandonaron El Salado el 19 de febrero, dejando una estela de terror y dolor.
La comunidad enterró a sus seres queridos en el cementerio y fosas comunes por el avanzado estado de descomposición de algunos cuerpos. Luego de los funerales, vino el desplazamiento masivo de más de 4.000 habitantes de El Salado. Dejaron atrás sus tierras golpeadas por una guerra que nunca fue suya, trasladándose a poblaciones cercanas, como el casco urbano de El Carmen de Bolívar, donde el horror de los paramilitares los asaltaría de nuevo.
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La masacre de El Carmen de Bolívar
El 29 de diciembre del año 2000, hombres del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entraron a El Carmen de Bolívar, un municipio que para entonces, según cifras oficiales, tenía alrededor de 70.000 habitantes. Era viernes y sobre las 3:00 de la madrugada los paramilitares sembraron el horror en una de las masacres con las que perpetraron su guerra a sangre y fuego por controlar esa zona de Bolívar.
Según la información recopilada por la Comisión Colombiana de Juristas sobre este caso, los paramilitares entraron al pueblo vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Asesinaron a tres personas en el casco urbano del municipio y a una menor de 17 años que había sido señalada de manejar los computadores de Gustavo Rueda Díaz, alias “Martín Caballero”, comandante del frente 37 de las Farc que operaba también en esa región del país.
Alias “Martín Caballero” era el principal enemigo de los paramilitares en la región de los Montes de María. Informes de Inteligencia Militar indican que a inicios de los 90 formó el frente 37 de las antiguas Farc apoyado por hijos, sobrinos, primos y vecinos suyos. Para el año 2000, esa estructura ilegal era una de las más poderosas del norte del país, con al menos 500 hombres a su mando, que libraban una guerra frontal contra el Estado y contra las AUC.
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La masacre de El Chengue
El Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC siguió sembrando su caravana de horror en Bolívar y Sucre. En la madrugada del 17 de enero del año 2001, 80 hombres de esa estructura ilegal entraron al corregimiento de El Chengue, en zona rural del municipio de Ovejas (Sucre). Los habitantes de esa población fueron sacados a la fuerza de sus casas, señalados falsamente por los paramilitares y la fuerza pública de ser auxiliadores de las antiguas Farc.
Un documento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de la Comisión Colombiana de Juristas detalla que 30 personas fueron asesinadas, todas de entre 17 y 62 años, “mediante actos de extrema crueldad y sevicia”. Las víctimas fueron llevadas al parque de El Chengue, y obligadas a tirarse al piso, boca abajo. Luego fueron llevados, uno a uno, hasta una calle continua. Allí fueron atacados con machetes y mazos de moler piedra, hasta la muerte.
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Cuando los paramilitares terminaron de ejecutar la matanza, a la vista de mujeres y niños, salieron del corregimiento. A su paso quemaron 25 casas y las pocas que quedaron en pie fueron vandalizadas con consignas estigmatizantes en contra de la población: “Fuera, guerrilla comunista”. Las investigaciones adelantadas por la Procuraduría permitieron determinar, años después, que integrantes de la Armada Colombiana tuvieron relación con el hecho.
También la Fiscalía determinó en su investigación que el comandante del Batallón de Contraguerrilla Número 33 de Infantería de Marina, el coronel Juan Bautista Cárcamo, y el teniente de la Policía Pablo Cruz Delgadillo omitieron una instrucción que recibieron tras un consejo de seguridad que se había adelantado el 23 de noviembre del año 2000. La orden era realizar un allanamiento en la finca El Palmar, del municipio de Ovejas.
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Ese lugar era el refugio del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC y el sitio desde el cual daba sus órdenes su jefe, Rodrigo Alfonso Mercado, alias “Cadena”, también señalado por la masacre de Mampuján y Las Brisas, ocurridas en marzo del 2000. La justicia determinó que, como no hubo registro a la finca, los refuerzos de los paramilitares se concentraron allí y en la noche del 16 de enero salieron en tres camiones hacia El Chengue.
En el camino, la fuerza pública le dio la espalda a la comunidad y dejó pasar por sus retenes a los paramilitares que llegaron a las 4:00 de la mañana al corregimiento. Aunque los mandos de la Armada y de la Policía fueron informados sobre el movimiento de hombres armados por la vía entre San Onofre y Tolú Viejo (Sucre), nadie hizo nada. Las autoridades, dijeron luego la Fiscalía y la Procuraduría, cerraron los ojos ante el horror de lo que ocurrió ese día.
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