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No cesa la controversia por las declaraciones que, en desarrollo de un foro de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático el pasado sábado, dio la senadora María Fernanda Cabal que, una vez más, cuestionó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que la cifra de 6.402 falsos positivos “son un invento”. Pese a lo dicho por la congresista, lo cierto es que los informes del mismo tribunal de paz la desmienten y ratifican la existencia de las Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados “falsos positivos”.
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Según dijo Cabal, la cifra es una invención de la izquierda para “crear una narrativa” que, explicó, “destruya el honor de la fuerza pública”: “El presidente de la JEP no pública la lista para demostrarle que es falso. ¡Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos sus piernas y su vida por este país!”.
Apenas en septiembre pasado, en diálogo con este diario, Cabal aseguraba que había retado más de diez veces al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, a que develara el listado de los 6.402 nombres, asegurando que “es una estrategia para influir en las mentes de las personas con una narrativa que no es cierta”.
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“Si ni siquiera la Fiscalía, que era perseguidora de la fuerza pública, llegó a 2.300, ¿de dónde sacaron esa cifra? De las ONG que dicen ‘hay un muerto. NN. Lo mató el Ejercito’. Que den el nombre de esos muertos para demostrar que el 70 % son falsos. Juegan a eso para degradar a la fuerza pública. ¿Acaso no hay suficientes soldados sin piernas y sin ojos? ¿o muertos? ¿o condenados por falsos testimonios?”, enfatizó la legisladora.
En este contexto, la pregunta es: ¿cómo llegó la JEP a la conclusión de que son 6.402 los falsos positivos? En febrero pasado, el tribunal de paz orientó sus esfuerzos en el Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado. En ese sentido, aseguró que su periodo de interés fue la primera fase entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en el que se registraron, al menos, 6.402 víctimas.
La cifra se aleja del informe que entregó la Fiscalía a la JEP, en la que solo se registraron 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014, concentrándose el 59.3% entre los años 2006 y 2008. La magistratura halló, por ejemplo, que mientras en 2001 se presentaron 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473, es decir, más de seis veces lo reportado en el año anterior. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
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Para lograr este consolidado de cifras, la Jurisdicción acudió a los informes, bases de datos, registros e información de diferentes organizaciones, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. A pesar de las discrepancias en los números, todas las entidades y organizaciones coinciden con que el periodo de 2002 y 2008 fue el más crítico para este fenómeno.
“Para llegar hasta este punto, los magistrados tuvieron en cuenta los 33 informes que presentaron las víctimas e instituciones del Estado como la Fiscalía y la Procuraduría. Pero también, la información que han suministrado 388 comparecientes de la fuerza pública que entregaron versión a la JEP en 442 sesiones. De estas, 61 han sido versiones escritas. En ellas han participado 29 soldados, 26 suboficiales, 4 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), un mayor y un agente de Estado no miembro de la fuerza pública”, explicó la JEP en su momento.
Una de las fuentes es un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que documentó 1.741 víctimas entre 1984 y 2011. A ello se suma una base de datos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que da cuenta de 1.257 víctimas más.
Aunque la cifra es reveladora, las organizaciones sociales que han entregado bases datos al tribunal de paz aseguran que podría aumentar si se contemplan otros periodos del conflicto armado y si más militares sometidos cuentan otros crímenes.
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Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), señaló en febrero pasado que las organizaciones civiles tienen una base de datos de más de 6.000 víctimas, pero el subregistro podría estar concentrado, por ejemplo, en los casos de excombatientes de las Farc que, luego de su desmovilización y de acogerse a planes del Gobierno, “fueron puestos en condición de inferioridad y, siendo civiles, se dio su ejecución”. El abogado explica que pocas historias con estas características han salido a la luz pública.
En un comunicado, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, plataforma de derechos humanos que agrupa a 285 organizaciones sociales, explica que también hay un subregistro de casos que están en poder de la Justicia Penal Militar y que no han sido reportados como ejecuciones extrajudiciales: “Lo que ha evitado que sean investigados y que las víctimas sean ubicadas, identificadas y entregadas a sus familias. Recordemos que, en numerosos casos, la práctica de ejecuciones extrajudiciales estuvo asociada al delito de la desaparición forzada, y muchos de estos cuerpos aún se encuentran inhumados como no identificados en cientos de cementerios del país”.
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