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En dos documentos, uno de ocho páginas y el otro de 18, quedaron consignados los puntos claves de la cirugía que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le quiere hacer a los procesos de ubicación y desarrollo de los excombatientes de las Farc que se agruparon en los llamados espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR). Y, sumando una inversión proyectada cercana a los $400.000 millones, lo hace en momentos en que los firmantes del pacto de La Habana sienten que la implementación va muy rezagada y hay ruidos de su relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Lo que se pretende es fortalecer estos procesos de ubicación y arraigo que se vienen desarrollando desde que se formalizó en 2016 el Acuerdo de Paz con las extintas FARC, pero que, de acuerdo con la normatividad que les dio sustento jurídico, ya pasaron su fecha de vencimiento. No obstante, según reconoce el mismo Ejecutivo, las condiciones para que estos espacios desaparezcan en la forma que fueron concebidos aún no están dadas y es obligación del Estado garantizar su permanencia en el tiempo mientras sea necesario para quienes los habitan.
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“Lo cierto es que esto no ha representado la desaparición física de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación habitados, toda vez que a hoy, las actividades que facilitan la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los exmiembros de las FARC-EP persisten y, por tanto, la existencia de los fáctica es evidente y por ende, han seguido siendo objeto de administración por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)”, se precisó en uno de los folios en poder de El Espectador.
De acuerdo con información oficial, la ARN administra actualmente 24 de los llamados ETCR, ubicados en 13 departamentos: Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander y Tolima. Y en ellos responde por asuntos que van, con cargo al erario, desde el pago de servicios de recolección de basuras hasta los procesos de formalización de tierras y respaldo a los proyectos productivos que, a futuro, deberían garantizar subsistencia de estos espacios.
Y es que la consolidación de estos procesos es clave, porque permite bajarle el tono a los roces que se han dado entre la administración Petro y varios de los actores principales del acuerdo de paz de 2016, por el que hay 11.269 personas reconocidas actualmente como exFarc (en el 2020 esta cifra se ubicó en 13.394) y que tuvo precisamente esta semana un nuevo capítulo de polémica cuando se conoció una carta del antiguo secretariado de la extinta guerrilla criticando decisiones de la JEP que, a juicio de los firmantes de la misiva, podría golpear negativamente en la seguridad jurídica de los excombatientes.
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Además, desde el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, quien lideró el proceso de desmonte de una organización ilegal con más de cinco décadas de existencia, hasta el jefe de Comunes y otrora máximo jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño –conocido como ‘Timochenko’ en sus años en armas–, han criticado la supuesta falta de intención de la administración de Petro a implementar el acuerdo de paz. Incluso, con matices, han coincidido en que aún no hay mayores diferencias frente a lo que se hizo durante el Gobierno de Iván Duque.
A todo esto se le debe sumar que, de acuerdo con cifras de Indepaz y validadas por otros actores, desde la firma del acuerdo a la fecha han asesinado a 409 excombatientes, 45 de los cuales fueron acribillados a lo largo del 2023 y bajo la administración de Petro.
Por eso, los documentos que revela este diario contienen una cirugía que no es menor y que busca paliar en parte el ruido generado hasta la fecha. En efecto, en medio de las dinámicas propias de cada región, sumado a situaciones difíciles de orden público en algunos casos, se comenzaron a identificar “procesos de reincorporación de manera colectiva en lugares distintos” a los Etcr, los cuales también deben estar bajo la órbita del Estado mientras se garantiza el tránsito pleno y con garantías hacia la legalidad; los mismos fueron bautizados como Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC).
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Esto es por dos razones específicas de las cuales también se deriva otros asuntos: la obligatoriedad del Gobierno de turno de cumplir con el acuerdo de paz y la necesidad de garantizar que los excombatientes no terminen otra vez en algún reducto criminal.
“El asentamiento en diferentes zonas del territorio nacional de grupos armados al margen de la ley ha afectado el proceso de reincorporación de quienes se encuentran asentados en las denominadas Nuevas Áreas Especiales de Reincorporación; así mismo, se precisa que en estos espacios el riesgo para la población se manifiesta en violencia homicida, conminación al desplazamiento y amenazas. La falta de reconocimiento legal de estas territorialidades de los firmantes de paz ha supuesto la exacerbación de estos riesgos”, se alertó en otro apartado de los documentos oficiales.
Según información validada en terreno y con anuencia de los mismos ex-Farc, en el país ya hay más de 105 de estas nuevas áreas que deben ser atendidas y que son diferentes a los denominados ETCR. Además, se delinearon tres formas para identificar estas AERC: que en una misma región y con residencia permanente haya 15 o más firmantes ya congregados; cuando haya espacios en zonas rurales en los que se identifiquen al menos 25 excombatientes asociados y con permanencia fija; y un componente urbano que agrupe a “comunas, grupos de comunas contiguas o localidades” de al menos 70 exFarc en un proceso colectivo.
“En el ejercicio de caracterización se visitaron 105 áreas, de las cuales 35 se encuentran ubicadas en áreas rurales con una dispersión menor a 4 veredas, cuentan con más de 15 personas residiendo y desarrollan procesos colectivos de tipo productivo, comunitario, y participativo. En cuanto a áreas de tipo urbano, se identificaron dos lugares que cumplen con la condición de desarrollar un proceso colectivo, tener una dispersión geográfica baja y concentrar a más de 70 personas en proceso”, fue el resultado de un análisis en terreno que se hizo en el segundo semestre del año pasado. En estas regiones residen un total de 1.171 personas.
Es en todo este marco que la Casa de Nariño instruyó a la ARN para que delineara un esquema jurídico que permita darles protección y ayuda a estas áreas, lo cual derivó en un borrador de decreto de ocho páginas, que además consta de una memoria justificativa de 18, el cual está en etapa previa de consultas para, tras su depuración, proceder a la firma de Petro y que se ponga a andar el programa. Y esto incluye, por supuesto, el giro de los recursos necesarios.
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En los documentos se dejó constancia de que hay $119.000 millones con cargo a los recursos del Programa de Reintegración Integral y que “específicamente en la línea social se tiene contemplado promover la oferta de programas de educación inicial y atención integral en espacios colectivos AERC, centros urbanos y cabeceras municipales donde se desarrolle la reincorporación por valor de $1.800 millones”.
Y se agregó que otros $293.000 millones “con cargo a los recursos del Fondo Colombia en Paz (FCP) destinados a financiar asistencia técnica, discapacidad, proyectos productivos, fortalecimiento asociativo, fortalecimiento de formas asociativas, estrategia de sostenibilidad, entre otros”.
Otro aspecto que dejó claro el Gobierno que quiere ejecutar está relacionado con “la construcción de las soluciones de vivienda temporal” en estas nuevas áreas ya identificadas, para lo cual se podría disponer de otros $33.800 millones con cargo a Fondo Colombia en Paz, ONU hábitat y al Programa Mundial de Alimentos WFP; cada una de estas tres organizaciones da un rubro de acuerdo al proceso que se vaya a ejecutar.
Ahora bien, el Gobierno dejó claro que fortalecer estos espacios nuevos no implica descuidar los ETCR y por eso se está en una etapa de diseño de políticas públicas para fortalecer los procesos que se desarrollan en estos espacios y que, según cuentas oficiales, tienen un costo mensual de $1.700 millones por cada uno de los 24 que hay desplegados en 13 departamentos.
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De hecho, desde Del Capitolio al Territorio –de Fundación Ideas para la Paz– se le ha recomendado al gobierno Petro priorizar la reincorporación colectiva, ya que, según sus cuentas, “el 62% de los firmantes de paz se beneficia de proyectos individuales, lo que dificulta el acompañamiento institucional y su sostenibilidad”.
En todo caso, hasta que no se dé firma oficial de Petro estas intenciones no saltarán del papel a la ejecución, pero sí son importantes también a nivel simbólico porque harían parte de los avances –y también dificultades– que la Casa de Nariño quiere exaltar ante los delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que este miércoles en la noche llegaron a Colombia. Cualquier mensaje de esa instancia puede ser un espaldarazo para un Gobierno que, más allá de estos temas de paz, está inmerso en duras polémicas en varios frentes.
Este es el borrador de decreto para atender las nuevas formas de ubicación territorial:
Estas son las justificaciones jurídicas y técnicas del proceso que se alista:
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