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Según información de la Corte Constitucional, en 2021 se presentaron en Colombia 436.031 tutelas por violaciones a derechos fundamentales. Esto es como si todos los habitantes de un municipio del tamaño de Manizales hubiesen acudido a la justicia porque les vulneraron sus derechos. Los datos de la Policía muestran que en ese mismo año se cometieron en el país 13.873 homicidios. Esto es como si hubiesen asesinado a toda la población de un municipio como Caparrapí, Cundinamarca.
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En un contexto de transgresión de derechos y violencia como el descrito, una justicia robusta y funcional es esencial. Por esto es importante conocer las propuestas de los candidatos a la Presidencia en esta materia.
Leímos los componentes de justicia de los programas de gobierno de los candidatos que más suenan en las encuestas. En general, sus propuestas carecen de especificidad, necesitan más desarrollo y no tienen diagnósticos necesariamente adecuados. Sin embargo, en algo hemos avanzado: por lo menos no encontramos ninguna apuesta central por el incremento de penas y la creación de nuevos delitos. Medidas frecuentes entre candidatos sobre las que hay amplia evidencia sobre su ineficacia. En este artículo resaltamos lo bueno, lo malo, lo riesgoso y lo que no va a alcanzar de los principales programas de gobierno.
Gustavo Petro
En el plan de gobierno de Petro no hay un capítulo dedicado exclusivamente a la justicia, como sí ocurre con los demás candidatos. Pero hay algunas ideas sueltas a lo largo del programa que muestran cuáles serían algunas de sus apuestas. Lo primero es que propone fortalecer los procesos de investigación y juzgamiento de la justicia penal militar en perspectiva de la superación de la impunidad y colaboración con la justicia ordinaria y la transicional, lo cual parece necesario con los excesos de la Fuerza Pública registrados en los últimos años. A su vez, impulsará la eliminación del fuero penal militar, que es la tendencia en algunos países, como Bélgica, o que se ha restringido solo para delitos típicamente militares, como Honduras y Guatemala. Por otro lado, se compromete a garantizar la justicia propia (es decir, la justicia de las comunidades étnicas), lo cual también plantea Fajardo. Esto es crucial en un país étnicamente diverso, pero requiere coordinación con la justicia ordinaria, sobre todo en temas difíciles como el de la violencia basada en género.
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El programa de Petro le apuesta a reformar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes para ampliar su cobertura, oportunidad y pertinencia. Aunque es fundamental fortalecer el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y es el único programa que lo incluye, el foco central debería ser reducir la sanción. De acuerdo con los informes del Consejo Superior de la Judicatura al Congreso, la sanción que más frecuentemente se les impone a los adolescentes infractores, al menos desde 2018, es la privativa de la libertad. Esto es un problema, porque normativamente esta sanción en el sistema de adolescentes debe ser excepcional, pero en la práctica no lo es. Luego este exceso de encarcelamiento debe combatirse. Adicionalmente, la precariedad de estos centros de detención para adolescentes podría incidir en una mayor reincidencia, según la evidencia que ha demostrado que estas dos variables están correlacionadas. De todas formas, Petro le apuesta a promover sanciones pedagógicas restaurativas en estos centros.
Rodolfo Hernández
Su plan de gobierno incluye ideas ambiciosas en las que la ejecución es crítica. En este, en primer lugar, propone reestructurar el Inpec que, aunque necesaria, no es muy claro cómo se ejecutaría para impedir que la nueva institución herede los problemas de la estructura actual.
De otro lado, el programa de Hernández defiende la no prescripción de los delitos de corrupción, para que puedan ser investigados en cualquier momento y no queden en la impunidad. Sin embargo, es debatible que esto sirva para reducir la impunidad o la corrupción. Estos casos podrían no investigarse rápidamente, porque los fiscales saben que no tienen términos perentorios para ello. El paso del tiempo puede conducir a la pérdida de pruebas, a la no identificación de los responsables, a su huida, a que no se logren condenas y, en últimas, a que no se disuada la corrupción.
Federico Gutiérrez
Una primera idea para resaltar es la figura de los facilitadores, que serían personas con arraigo comunitario orientados a ayudar a los ciudadanos a acceder al sistema de justicia y a encontrar asistencia jurídica gratuita. Esta idea puede ser útil en un país en el que no se hace nada para resolver el 42 % de los conflictos que experimentan las personas, según la Encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 2020. Le apuesta además a digitalizar la justicia e implementar los sistemas locales de justicia, propuestas que han estado en la agenda en casi todas las campañas y que, al menos en teoría, ya están andando.
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Otra apuesta importante es la de construir cárceles con el sector privado. Dada la crisis carcelaria, vale la pena considerar esta idea, pero tiene al menos dos riesgos que deben ser mitigados y sobre los que el programa nada dice: i) No basta aumentar la capacidad carcelaria si no se focaliza mejor la sanción penal, y (ii) Se podrían generar incentivos económicos para que haya más presos y penas más largas, como lo muestra la evidencia en otros países. También señala que el foco de la política penitenciaria debe ser la resocialización. Esto es fundamental, y hay amplia evidencia que respalda la importancia de hacerlo, pero ya lo dice la Constitución, y la dificultad será realmente la definición de políticas que lo materialicen.
Sergio Fajardo
Esta es la campaña en la que encontramos una propuesta específica dedicada al tema justicia. En la cartilla respectiva se propone una visión de hacia dónde debería ir la justicia. Este candidato se compromete con una justicia con enfoque de género, fuerte en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y sensible a las necesidades rurales, y sus propuestas son consistentes con esta visión.
Por ejemplo, propone que la conciliación que usualmente se tramita en los procesos judiciales sea llevada a centros de conciliación, y que el caso solo vuelva a los jueces cuando la conciliación fracase. Es una idea prometedora, porque los jueces no son especializados en conciliación y los juzgados son ambientes adversariales en los que la concertación casi nunca llega. Entonces, intentar conciliaciones en otros escenarios y con expertos podría dar buenos resultados. Aunque Gutiérrez también propone impulsar los métodos de solución de conflictos, no dice cómo.
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En todo caso, hay espacio para fortalecer esta visión. Por ejemplo, el programa señala que se adelantará un fortalecimiento de los equipos de investigación y de policía judicial. Pero no dice cómo ni responde preguntas cruciales: ¿vale la pena tener una policía judicial en la Fiscalía y otra en la Policía Nacional?, ¿cómo se deben coordinar?, ¿cómo focalizar recursos teniendo en cuenta que es ilusorio investigar todos los delitos?
*Laboratorio de Justicia y Política Criminal
Aquí puede conocer otras propuestas de los candidatos:
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