Cuando el narco todo lo compra

En este momento todos en el penal del Altiplano, donde estaba recluido desde hacía 17 meses Joaquín Chapo Guzmán, son sospechosos de haber participado en su fuga. Treinta funcionarios fueron detenidos en las dependencias de la Subprocuraduría Especializada de Delincuencia Organizada (Seido) para ser interrogados, pero los investigadores sospechan de la participación de muchos más trabajadores, e incluso reclusos, en la espectacular fuga de la que hasta ahora era la prisión más segura de México, con capacidad para 724 internos, con circuito cerrado de cámaras y hasta sensores de movimiento. (Vea: La otra cara de Joaquín Guzmán Loera, el ‘héroe de Sinaloa’)

“¿Nadie notó que se estaba llevando a cabo una megaobra en el penal?”, se pregunta el experto en seguridad Raúl Benítez Mallaut. Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, le responde: “No es creíble que las autoridades penitenciarias y las áreas de inteligencia y seguridad federales no se hayan percatado de los preparativos de fuga, cuando es obvio que las instalaciones por las que se fugó requirieron de recursos, planeación, tiempo, personal especializado, diseño de ingeniería civil y maquinaria, que no es sencillo ocultar. Lamentablemente, su fuga demuestra la corrupción y descomposición del sistema de seguridad pública”, concluyó. Alejandro Hope, especialista en seguridad, indicó que la fuga significa una derrota para el Estado porque muestra la capacidad de intimidación y corrupción del crimen organizado.

Corrupción que empezó a ser evidente en marzo, cuando se detectó un fallo en la seguridad. Entonces las autoridades confirmaron que una mujer visitó a Guzmán usando una identificación falsa. El hecho pasó a ser un incidente menor. No se abrió una investigación, según los medios, por el poder del narcotraficante.

Así lo explicaba en Univisión Anabel Hernández, experta en narcotráfico y autora del libro Los señores del narco: “Es que el Chapo no perdió poder por estar preso. El poder de su cartel, el de Sinaloa, va mucho más allá: incluye a muchos funcionarios públicos, a muchos narcotraficantes y a una red de corrupción que es mucho más importante que el mismo delincuente”.

Lo dijo el propio Mayo Zambada, segundo del cartel, a la revista Poder en 2010: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción”.

¿Un narcoestado? Las autoridades se molestan con el calificativo, pero personas como el activista y poeta mexicano Javier Sicilia no lo dudan: “El Estado, las instituciones de este país, por desgracia, entraron en un estado de descomposición que puso y está poniendo a México en un estado de revolución (…) parece que todos los partidos y la clase política han decidido servir a los intereses del crimen organizado”. Se refería a la matanza de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en la que se descubrió mucho tiempo después (las autoridades se demoraron en iniciar las investigaciones) la participación del alcalde, su esposa y la policía de Iguala, que servían a los intereses del cartel de Guerreros Unidos.

El diputado federal del Poder Legislativo, Silvano Blanco Deaquino, aseguró justo antes de las elecciones legislativas del 7 de junio: “Se tiene que reconocer que en México hay un narcoestado. Se tiene que reconocer que hay narcopolítica. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales, efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país”.

Armando Regil Velasco, presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, describió en el periódico El País la indignación que sienten los mexicanos con la fuga del Chapo y lo que está pasando en el país. “La corrupción está gangrenando las instituciones. Lo más grave es que pasa todo y no pasa nada”. Según informes oficiales, es en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato donde se hace más evidente la situación, donde los carteles paralizan ciudades y siembran miedo y violencia a su antojo.

Dice Velasco, sin embargo, que estos hechos no son nuevos. “El deterioro del país no es culpa de una sola persona, es resultado de años de mentir, de ocultar, de tapar, de solapar. Es imperdonable que, obsesionados y cegados por su ambición desmedida, perpetúen la ilegalidad y se coludan con los criminales construyendo cárceles con puertas giratorias en donde el poder y el dinero son el pase de salida”.

Según encuestas reveladas por la prensa mexicana, el 70% de los mexicanos esperaban la fuga del Chapo Guzmán, principalmente “porque tiene comprado todo”. Informes publicados por agencias de la ONU y el Departamento de Estado, entre otros, revelan que el poder del narcotráfico parece haber permeado casi todas las instancias de la sociedad. “El 90% de los civiles mexicanos creen que sus policías son corruptos”, según un informe del Departamento de Estado de 2014. La peor parte se la lleva la policía, que desde 2008 debe someterse a pruebas para depurar las cerca de 2.000 unidades que están en todo el país. Casi 400.000 agentes han tomado las pruebas, pero en estados como Sonora 2.395 policías de los 5.584 que hay perdieron el examen. La mayoría, según investigaciones, al perder el uniforme se vincularon a “cuerpos de seguridad privados” al servicio de los carteles.