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Dos meses tiene el director general de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, para redactar un comunicado público de reconocimiento de responsabilidad y excusas a favor del profesor de filosofía Jorge Alejandro Ospina. En 2013, en plena convulsión por el Paro Nacional Agrario, la víctima fue incluida en el “cartel de los vándalos”, representando la persona a identificar número 34 de los 48 señalados por supuesta perturbación del orden público. Por la localización de Alejandro Ospina se ofrecieron hasta 5 millones de pesos, pero, ocho años después, será la Nación la cual indemnice al educador por deformar su imagen, perseguirlo cómo lo que nunca fue y afectar el derecho a la manifestación.
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Cada frase que Ospina pronuncia parece haber sido estudiada una y otra vez en su mente. Escucharlo es entrar en un trance que solo crean quienes tienen el don de cuestionar y discutir en torno conceptos como la vida o la realidad. Es filósofo y enseña tales saberes en un colegio del norte de Bogotá. En un reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, fue reconocido como víctima de la Policía, la cual vulneró sus derechos a la integridad, honra, buen nombre, presunción de inocencia y debido proceso. A pesar de que le concedieron una indemnización, y que la Policía le ofrecerá perdón, lamenta que el tribunal no se haya pronunciado sobre una petición única: la creación de un fondo con la Universidad Pedagógica para realizar un concurso de cuento y poesía.
“Mi caso fue algo completamente relacionado a la problemática social, en el marco de la persecución al pensamiento crítico. Dentro de las pretensiones que presentamos (con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos DH Colombia) no me motivó hacer movimientos económicos, lo pensamos más bien desde lo cultural y pedagógico. Lastimosamente no se dio. Para nosotros era una bandera muy bonita dentro de la demanda que la Policía nos suministrara unos recursos, la metodología y demás, para hacer este concurso de poesía en el contexto de la marcha, de los derechos humanos y además en la coyuntura de los últimos paros nacionales. Como ejercicio filosófico planteamos la poseía”, explicó Ospina a El Espectador.
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La disputa legal entre Ospina y la Nación tiene su génesis el 29 de agosto de 2013. Entonces, Colombia estaba revolucionada por una seguidilla de manifestaciones poco antes vistas, iniciadas por distintos sectores agrarios. La rebelión de las ruanas. Entonces, alrededor de 200.000 personas, la gran mayoría campesinos, salieron a las calles de 17 departamentos exigiendo medidas frente a la crisis de producción agropecuaria. Campesinos, con papas y mercancía criolla en mano, denunciaban en televisión nacional que el costo de producir los alimentos era mucho más alto que el precio que les pagaban. Exigieron a rabiar cambios en las condiciones de importación, pues no entendían cómo Colombia traía de otros países artículos de la canasta familiar.
Las movilizaciones, que contaron con furgones quemados y hasta el saqueo a las centrales de abasto, llegaron a Bogotá. Ospina acompañó las marchas el 29 de agosto de 2013, iniciando su curso en la Universidad Pedagógica y dirigiéndose hacia la Carrera 7° en compañía de otros estudiantes. A la altura del Parque Nacional, como explicó el profesor, se presentaron disturbios y el Esmad reaccionó disparando gases lacrimógenos a la multitud. Luego, el grueso de los marchantes se dirigió a la Plaza de Bolívar, donde de nuevo iniciaron los enfrentamientos. Allí, el expediente registra que Ospina ayudó a un integrante del Esmad que estaba afectado por los gases, pero otro uniformado lo agredió por, en momentos previos, grabar el desarrollo de la manifestación.
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Al día siguiente, el entonces presidente Juan Manuel Santos reaccionó así: “Vamos a conformar con estos videos e imágenes, y con la ayuda de los ciudadanos, un verdadero ‘cartel de los vándalos’, y habrá una recompensa de hasta $5 millones para quien de información a las autoridades que permita identificar, ubicar y judicializar a estos agentes de violencia. Yo les pido a los dueños de los locales o bienes afectados, a los ciudadanos damnificados, (…) que pongan sus denuncias por los daños que han sufrido”. Días antes, el mandatario había concluido que, a pesar de la masividad de los eventos, “ese tal Paro Nacional Agrario no existe”. A su vez, Santos lamentaba la muerte del subintendente de Luis Torrado, baleado en una vía bloqueada en Zipaquirá.
Tras la alocución de Santos, la Policía Nacional público un cartel con la foto de 48 personas que serían responsables por actos de vandalismo en Bogotá. En la casilla 34 aparecía Ospina, siendo el blanco de una recompensa. “Por ahora, es un cartel de 48 personas, 46 hombres y dos mujeres, en el que se puede apreciar el rostro de personas que estuvieron incitando y protagonizando desmanes y agresiones no solamente contra funcionarios de la Policía, sino contra personas particulares”, agregó el entonces director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, hoy en juicio por presuntamente frenar la captura de un empresario investigado por supuesto despojo de tierras.
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“Yo recuerdo que estaba en mi casa y un compañero de la universidad me envió el enlace y me dijo que yo estaba ahí. Al principio tuve susto, miedo, incredulidad. Uno no sabe qué hacer. Estaba muy adolorido de la espalda y el cuello, porque un tipo del Esmad me había roseado gas pimienta, entonces se unió un malestar físico con un pánico de no saber qué hacer. Yo no me imaginaba contándole a mis padres. Eres espeluznante porque el cartel salió en prime time de televisión. Me sentía perseguido. Yo veía cualquier policía y era como que el corazón se me salía, tenía mareos”, agrega Ospina. Relata que profesores de su universidad le tendieron la mano, hasta llevarlo a su primer abogado: Jorge Molano, de DH Colombia.
Ante la referencia pública, el 6 de septiembre de 2013 se presentó a la Fiscalía con su abogado, casi como diciendo que nadie tenía porque buscarlo y, mucho menos, cobrar un dinero por su ubicación. Ese mismo día presentó una acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad, buen nombre, debido proceso y presunción de inocencia, pero en todas las instancias se la negaron. No obstante, tiempo después presentó una demanda administrativa contra la Nación, la cual fue resuelta a su favor el año pasado por orden del Juzgado 64 administrativo de Bogotá. La Nación y la Policía fueron declaradas patrimonialmente responsables por violar los derechos de Ospina.
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Sin embargo, la Policía apeló la decisión, explicando que los carteles ya habían sido retirados, la publicación no precisa nombres y “las fotografías eran borrosas”. “Se debe tener en cuenta que el demandante participó en la marcha que inicialmente fue pacífica, pero posteriormente se presentaron desmanes y afectaciones a bienes públicos”, agregó la institución. El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), demandada por Ospina, por su parte aseguró que no participaron en la creación de ese “cartel de los vándalos” y que “no se hacen señalamientos directos pues ni siquiera se tenía certeza o información sobre la identificación de esos rostros”. Por último, el Dapre consideró que con el cartel se buscaba garantizar el orden público.
El tribunal, en contraste, determinó que la inclusión de Ospina en ese cartel vulneró su derecho al buen nombre y limitó el ejercicio a la manifestación pacífica. “Si bien a la Policía Nacional le asiste la competencia del control del orden público y, en algunos casos, ejercer labores de inteligencia por la presunta comisión de un delito, lo cierto es que el ejercicio de esas funciones debe estar en armonía con el respeto de los derechos fundamentales, por cuanto confluyen otros derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia, de ahí que en casos como el presente se requería de la necesidad previa de prueba sobre participación en actos violentos o vandálicos el 29 de agosto de 2013″, concluyó.
Los jueces administrativos consideraron que Ospina fue calificado como vándalo sin fundamento alguno, por lo cual fue sometido a un estado de zozobra. “Nunca más volví a la manifestación Pública, me sentía vigilado constantemente”, le dijo el profesor de filosofía a este diario. El tribunal de Estado señaló que, mientras un juez no estampe su firma sobre una sentencia condenatoria, todo ciudadano es inocente y no se puede hablar de la comisión de un delito. “Una persona que no ha sido vencida en juicio, no puede ser expuesta a un cuestionamiento social por la simple sospecha de algunas personas, que presuntamente lo vieron en las manifestaciones del Paro Agrario”, concluyó el tribunal de Estado.
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El equipo jurídico de DH Colombia celebró la decisión: “Cuando vemos un cartel, en el que dicen que se ha cumplido con un nivel de investigación, pero que no corresponde a la realidad, termina generando un pánico. La limitación hacía los ciudadanos no van solo para quienes están marchando, sino para quienes pueden estar en un andén observando. El principal fundamento para limitar la protesta va a ser el miedo. Entonces, ese derecho a la manifestación, que tanto ha costado en Colombia, encuentra en este momento tan complejo socialmente, un respaldo bastante valioso por parte del tribunal. Lo particular de estas excusas es que se tiene que hacer de la misma forma, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación”.
Ahora, el director de la Policía tiene un plazo de dos meses para publicar la disculpa. La institución aseguró que sus carteles normalmente están a cargo de las Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y sus seccionales de la Sijín. En situaciones de protesta, por ejemplo, se parte de un macrocaso en el cual la entidad requiere ayuda para localizar personas que al parecer habrían participado de actos de vandalismo. Es un escenario preliminar. En otros casos, como en carteles de “los más buscados”, la comunicación se expide con ordenes de captura en firme. Un ejemplo son los más buscados del país, lista encabezada por el líder del Clan del Golfo alias Otoniel, o el líder de la Segunda Marquetalia, el disidente Iván Márquez.
Entre tanto, quedará entre las líneas del fallo del tribunal esa petición del profesor Jorge Alejandro Ospina, quien más allá de la indemnización, buscaba crear un fondo para que la Universidad Pedagógica ofreciera un concurso de cuento y poesía. El Tribunal apenas mencionó la solicitud. Ospina, de palabra concisa y tiempos ajustados, conoce la capacidad del arte para trasformar personas y la potencia simbólica de, más allá del dinero, solicitar medios para premiar la cultura. Y, sobre todo, permitir el ejercicio cíclico de, año a año, contar cuento y recitar poesía en el ambiente universitario, en una de las instituciones que ha defendido la protesta pública y que guarnece sus fronteras con graffitis, en el oriente de Bogotá.
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