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De nuevo la justicia le cerró la puerta al preacuerdo de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) e implicado en el escándalo del desfalco a esa entidad pública, con la Fiscalía General de la Nación. Tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negaron la apelación que la defensa del exfuncionario había interpuesto contra la negativa en primera instancia a esa negociación.
La decisión se conoció en la tarde de este 14 de abril, durante una audiencia presidida por la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano. Durante casi dos horas, la togada expuso los argumentos con los cuales el Tribunal encontró, en segunda instancia, que la Fiscalía cometió errores al negociar el preacuerdo con López y que el exdirector de la Ungrd tampoco ha cumplido con su parte para darle luz verde a ese acuerdo con la justicia.
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El origen de la decisión
Lo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió en segunda instancia fue una apelación contra una decisión emitida el 16 de mayo de 2025 por el juez quinto penal de la capital. En ese momento, el togado no avaló el acuerdo al que Olmedo López, quien en agosto del año pasado logró un principio de oportunidad con la Fiscalía, intentó llegar con el ente investigador para aportar información sobre el millonario desfalco a la Ungrd.
Lo que se buscaba con ese acuerdo era que, a cambio de aportar información y devolverle al Estado los COP 724 millones que López habría desviado mediante órdenes de proveeduría para la compra de carrotanques para el departamento de La Guajira, pagara una pena de seis años y dos meses de cárcel. Aceptando además su responsabilidad en dos de los delitos imputados por la Fiscalía: concierto para delinquir y peculado por apropiación agravados.
El juez al que le correspondió revisar ese preacuerdo entre López y la Fiscalía lo negó en primera instancia argumentando, entre otras cosas, que las víctimas fueron comunidades de especial protección, como los indígenas de La Guajira, y no se podía avalar una condena de poco más de seis años de cárcel. Además, que la Fiscalía había cometido al menos nueve serios errores en la negociación judicial con el exdirector de la Ungrd.
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Entre las fallas, el juez señaló cálculos inadecuados a la hora de fijar la rebaja de la condena y una injustificada reducción en el monto de la multa por un desfalco de más de COP 7.000 millones. Aunque López y su defensa, liderada por el abogado José Luis Moreno, argumentaron en su momento que el exdirector de la Ungrd ya había devuelto el dinero del cual se benefició por medio de contratos amañados y sobrecostos en negociaciones de la entidad.
Pero el punto más importante de esa negociación, como lo sustentó la Fiscalía en su momento, era el aporte de información que López podía hacer sobre el que es, tal vez, el escándalo de corrupción más grande del gobierno actual. Un entramado que tiene a cuatro congresistas y un exministro tras las rejas, además de otro que recientemente fue puesto en libertad por vencimiento de términos, altos funcionarios salpicados y prófugos de la justicia.
La Fiscalía intentó, sin éxito, renegociar el acuerdo con López. Teniendo en cuenta que su versión es una de las piezas claves para seguir armando el rompecabezas del desfalco de la Ungrd. Aunque ahora el Tribunal negó de nuevo el preacuerdo, el exfuncionario logró en agosto de 2025 un principio de oportunidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
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Los sablazos del Tribunal a la Fiscalía
Durante la audiencia de este 14 de abril, la magistrada Chamat Lozano hizo un recuento detallado de los que, en concepto de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, fueron los dos errores principales que la Fiscalía cometió a la hora de negociar el preacuerdo con Olmedo López. Por un lado, advirtió incoherencias en la información entregada durante el proceso. Y en segundo lugar, señaló que el exfuncionario no ha devuelto todo el dinero que debería.
El mayor esfuerzo de la Sala se centró en lo que denominaron en la decisión de 24 páginas como “incongruencias” de la Fiscalía entre la información expuesta en la imputación al exdirector de la Ungrd y la que se incluyó en el preacuerdo, relacionada con el delito de peculado por apropiación. En principio, el ente investigador dijo que López había cometido ese delito en dos oportunidades, una vez en favor propio y otra vez en favor de terceros.
La Fiscalía decía que López le había dado el visto bueno a una orden de proveeduría para la adquisición de 40 carrotanques para llevar agua a comunidades indígenas de La Guajira. Había sobrecostos por COP 14.163 millones: COP 7.254 millones fueron a manos de López, COP 342 millones a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, COP 7.821 millones al contratista Luis Eduardo López Rosero y otros COP 5.276 se le entregaron a terceros.
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“Como conclusión provisional se extrae que, en la formulación de imputación, la Fiscalía relacionó dos eventos de peculado atribuidos a López Martínez, uno en favor propio por COP 724 millones y otro en beneficio de terceros por COP 5.276 millones; dinero que se obtuvo por sobrecostos de la orden de proveeduría SMDGSCTQ-192-2023″, reza la decisión. La incoherencia llegó, según el Tribunal, cuando se presentó el preacuerdo entre la Fiscalía y López.
En ese segundo momento, dice la sentencia, ya no se habló de dos sino de tres eventos en los cuales el exdirector de la Ungrd había cometido el delito de peculado por apropiación. Además de los dos ya descritos, la Fiscalía sumó otro hecho relacionado con una segunda orden de proveeduría, con sobrecostos de COP 12.065 millones que habrían ido a parar a manos del exdirector de Conocimiento de la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva, y el exdirector de la Función Pública, César Manrique, hoy prófugo de la justicia.
Para el Tribunal, esa variación entre la información de la imputación y la del preacuerdo no permite calcular con certeza la gravedad de los delitos cometidos por López ni el porcentaje de rebaja que podría recibir en su condena. “Esta situación por sí sola resulta insuficiente para improbar el preacuerdo en tanto no existe claridad respecto de los delitos que acepta el procesado ni el valor de la apropiación”, dijo la togada.
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Agregó: “Tal circunstancia no solo incide en el alcance de la aceptación de responsabilidad, sino que constituye un presupuesto indispensable para la correcta dosificación de la pena de prisión y de la multa. La Sala advierte que la exposición en el preacuerdo no se sigue de los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación”. De paso, la magistrada señaló que los errores de la Fiscalía son de fondo: “Las negociaciones entre las partes no pueden convertirse en instrumentos para corregir errores procesales”.
El segundo punto que analizó el Tribunal Superior de Bogotá sobre la apelación de la defensa de López tiene relación directa con que la Fiscalía no ha expuesto con certeza ni claridad cuánto fue el dinero que el exfuncionario desvió a sus bolsillos y a los de terceros. La razón es que la ley, como lo expuso la magistrada, exige que, para que el preacuerdo sea avalado, el responsable debe haber devuelto al menos la mitad del dinero robado.
Además, debe garantizar que devolverá el restante hasta completar el total del monto por el cual se hace responsable. En el caso de López, su defensa dice que ya devolvió los COP 724 millones con los que se quedó de los sobrecostos. Pero la Sala argumentó que debe responder por todo el dinero de las dos órdenes de proveeduría que inflaron: más de COP 26.000 millones que debían ser para llevar agua a La Guajira y que terminaron perdidos.
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La voluntad de Olmedo López
La Fiscalía, Olmedo López y su defensa esperaban que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le hiciera un guiño positivo al preacuerdo, pero la decisión terminó siendo contraria. Pero desde antes de que empezara la audiencia se supo que el exdirector de la Ungrd quería seguir colaborando con la justicia. Incluso, antes de que iniciara la lectura de la decisión, le pidió a la magistrada Chamat Lozano que le diera un espacio para intervenir.
Aunque la togada advirtió que ese tipo de intervenciones no son usuales en las audiencias, le permitió hablar. Desde el Batallón Caldas, donde está recluido desde septiembre de 2024, López empezó a leer un documento que ya tenía preparado. “Quiero manifestarle al país que mi compromiso con la justicia es absoluto. Mi decisión de colaborar es firme, consistente y no tiene marcha atrás. Si la justicia requiere más, habrá más”, dijo.
Agregó que, sin importar el sentido de la decisión, seguirá ayudando a desenredar el entramado de la Ungrd. Incluso rechazando sobornos que, aseguró, han recibido otras personas dentro del proceso. “Mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales”, dijo. Aunque la magistrada interrumpió su intervención y quedó inconclusa, ahora se verá si López decide voluntariamente o no mantener encendido el ventilador del caso.
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Por Gustavo Montes Arias
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