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Pasadas las 7 de la noche del jueves, cuando las calles volvían a la tranquilidad tras las marchas que promovieron diversas organizaciones afines al Gobierno y que fueron impulsadas por la Casa de Nariño -las mismas que en palabras de la Corte Suprema terminaron es un “asedio” al Palacio de Justicia durante al menos tres horas-, el presidente Gustavo Petro recibió de su cúpula militar y policial un dato que lo tranquilizó.
Los generales que tienen asiento en esa instancia, quienes fueron convocados de urgencia por el mandatario a un consejo de seguridad extraordinario por todo el ruido que se desató debido a las marchas, le dijeron al presidente que en total hubo 71 concentraciones en el país y que solo se presentaron conatos de alteraciones de orden público en Bogotá y Medellín. “Dos breves momentos de gases”, los llamó Petro.
En esas cinco palabras intentó resumir lo que para los magistrados de todos los altos tribunales, en especial los de la Corte Suprema que ese mismo día pasaron su segunda ronda de votaciones sin elegir a la sucesora de Francisco Barbosa en la Fiscalía, fue un intento de presión desde las calles que revivió viejos y opacos episodios de la historia de la principal sede judicial en Colombia.
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“Ante versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados el jueves en los contornos del Palacio de Justicia, la Corte ratifica la magnitud de lo ocurrido”, precisó el alto tribunal 24 horas después del “bloqueo violento e ilegal”. Y advirtió: “La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”.
Y aunque Petro y el grueso de su Gobierno auparon las marchas de ese jueves 8 de febrero, pese a que en varios mensajes intentaron matizar el hecho de que no eran contra la Corte, lo cierto es que los plantones frente a esa sede judicial dejaron varias situaciones que generaron alerta entre los togados y un viso de malestar por lo que -sin bemoles– calificaron como actos intimidatorios.
Pasado el mediodía y cuando los manifestantes tenían bloqueada la entrada y salida de personas del Palacio de Justicia, y hasta se presentó un conato de ingreso violento a través del parqueadero, algunos de los marchantes ondearon banderas de la extinta guerrilla del M-19. El freno a la libre movilidad, la agresividad de cierta parte de los marchantes y esa imagen que rememoró lo ocurrido por dos días de noviembre en 1985 desató nerviosismo, algo que intentó paliar el general William Salamanca, director de la Policía, llegando a pie al lugar de los hechos a dialogar con los magistrados, aunque ellos pidieron contacto con Petro.
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Además, sobre las 3 de la tarde de ese mismo día -y con el antiguo Esmad ya formado para evitar que la violencia se materializara- sobrevoló por el Palacio de Justicia un helicóptero de la Policía Nacional, que si bien nunca tuvo como objetivo llegar a ese lugar o aterrizar allí, sí revivió una escena muy similar a otra que se registró hace más de 38 años cuando se dio la toma y retoma del Palacio de Justicia.
“La Presidencia recuerda a quienes quieran manifestarse en ejercicio de sus derechos constitucionales no afectar de ninguna manera las instituciones. El Gobierno garantiza la independencia de poderes en el país y la libertad de sus decisiones”, dijo Petro esa noche tras su cita con la cúpula militar.
“La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas”, reiteró el alto tribunal.
Esa diferencia interpretativa de lo que pasó en una de las jornadas más complejas que ha enfrentado Petro en los 522 días que, con corte a este domingo, lleva en la Casa de Nariño, esconde una tensión silenciosa que lleva varias semanas entre dos ramas del poder público por cuenta del proceso -aún en marcha- del que se debe elegir a una fiscal general entre Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.
En efecto, 12 horas antes de que comenzaran los plantones que también convocaron sindicatos como Fecode y la CUT, al despacho privado de Petro llegó el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, junto a su vicepresidente, Octavio Tejeiro. En la sala de ese lugar, donde un día antes habían estado delegados de la Casa Blanca pidiéndole a Colombia actuar sobre la crisis desatada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, también estaba Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).
Los togados pidieron esa noche garantías para su independencia como Rama Judicial. El jefe de Estado se comprometió a darlas. Y, tras esa cita, que duró poco más de dos horas, el mandatario pidió por primera vez en la semana que las marchas del día siguiente no fueron contra las cortes, pero ratificó que -a su juicio- sí hay un intento de desestabilizar la primera administración de izquierda en Colombia y que con 11,2 millones de votos llevó al poder a un líder progresista que militó en el M-19 hasta antes de la Constituyente de 1991.
Ese relato, en el que se defienden las movilizaciones pidiendo que no se ataque a las cortes, pero que en la semana no incluyó un rechazo directo a los intentos de “asedio”, cayó mal entre los magistrados. La razón es sencilla: sí sienten presión desde la Casa de Nariño y, viendo que en 18 meses de mandato Petro ha querido usar las calles como forma de injerencia en las decisiones de otras ramas del poder -lo hizo para promover sus reformas en el Congreso-, comentan que esto puede volver a presentarse el 22 de febrero, día en que se volvió a citar la Sala Plena para la tercera jornada de votación sobre la terna de fiscal general.
Movimientos internos
Fuentes del alto Gobierno le confirmaron a El Espectador que la narrativa del presunto intento de “golpe de Estado” sí se va a reforzar, y que por lo mismo se podrían dar más ajustes en el gabinete. Lo que quiere el jefe de Estado, como lo advirtió este diario a comienzos de este 2024, es rodearse de gente más comprometida con su proyecto político y que lo defiendan pública y privadamente.
Si bien el ajuste comenzó con la designación como canciller encargado por tres meses de Luis Gilberto Murillo, quien viene de ser embajador en Estados Unidos, lo que implicó la salida del suspendido Álvaro Leyva por la frustrada licitación de pasaportes, Petro analiza otras movidas para cerrar ideológicamente su círculo íntimo. Por eso no se descarta que Daniel Rojas pase de la Sociedad de Activos Especiales a Planeación Nacional, ni que Laura Sarabia deje Prosperidad Social para regresar a la jefatura de gabinete, y tampoco que carteras como las de Defensa, Agricultura e Interior tengan nuevos líderes.
Incluso, el nombre de Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos, quien estuvo en la Colombia Humana y cuyo nombre saltó en los expedientes por el ingreso a ese partido de $500 millones que habrían terminado en la campaña sin reportarse, suena como nuevo secretario jurídico de Palacio.
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Es más, hace tan solo dos semanas se vivió un tenso consejo de ministros, durante el cual -tras los reclamos de Petro en torno a la falta de ejecución y defensa de su programa “Colombia potencia mundial de la vida”- varios miembros del gabinete terminaron poniendo a disposición del mandatario sus cargos. Desde ese momento hasta el cierre de esta edición también se han ajustado entidades como el Invías, la Superintendencia de Salud y el Invima, y se reencauchó al polémico Armando Benedetti en la embajada en Italia ante la FAO.
Pero el atrincheramiento del mandatario tiene otro matiz. Él dijo a comienzos de año que el progresismo debe unirse con fuerza para que en 2026 haya un sucesor de izquierda en la Casa de Nariño; eso, en plata blanca, es la notificación oficial de que el presidente usará parte de estos dos años largos que le quedan de administración en defender su gestión y en hacer campaña electoral de forma tácita. Y la oposición, que recibió el mensaje, está en la misma línea; políticos como el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijeron que sus entornos políticos están listos a dar la pelea en las presidenciales, pese a que aún falta tiempo para eso.
Es en medio de esa anticipación de la campaña presidencial que el jefe de Estado quiere impulsar a sus bases para que haya movilizaciones constantes, como la vivida este 8 de febrero, con el fin de defender lo que él llama “el primer gobierno popular”. Además, ante el ruido que sabe que eso genera internamente, es que se sacude la estrategia de potenciar la imagen internacional de Petro.
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Justo en la misma semana en que arribó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia, cuyos delegados se reunieron con Petro el mismo día de los plantones en el Palacio de Justicia -a solo cuatro cuadras de donde se dio esa cita-, el mandatario tradujo a inglés, árabe, italiano y francés su denuncia de que supuestamente Barbosa y la Procuraduría de Margarita Cabello quieren torpedear su Gobierno. La intención, de acuerdo con allegados al mandatario, era que los voceros de la ONU vieran que sí hay tensiones en el país que, desde la narrativa de la Casa de Nariño, solo buscan golpear al Ejecutivo.
Y aunque el abrazo exterior que busca el mandatario viene gestándose desde el inicio de su mandato con las más de 25 salidas internacionales que ha hecho, la visita del Consejo de Seguridad de la ONU le sirve para buscar otro objetivo. En efecto, el suspendido Leyva -por instrucción directa de Petro- viene moviendo ante Naciones Unidas y otras instancias la denuncia de que supuestamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez -antecesor de Barbosa- habría “entrampado” a los desertores del proceso de paz con las FARC que terminaron de nuevo alzados en armas y ligados al narcotráfico bajo la chapa de Segunda Marquetalia, los mismos con los que este viernes comenzó un acercamiento de paz.
Lo que han dicho Petro y Leyva es que Martínez llevó a que alias Jesús Santrich, de quien se afirmó fue dado de baja por mercenarios extranjeros en suelo venezolano, junto a Iván Márquez -ambos traicionaron lo pactado en La Habana con la administración de Juan Manuel Santos-, terminaran en líos judiciales. Para esto pidieron la figura de una experta de la ONU y están a la espera de un reporte definitivo.
Si esa instancia de Naciones Unidas valida la tesis de Petro, es un hecho que podrá reforzar la narrativa de la posible persecución y de que, según él, desde la Fiscalía hay movimientos opacos para desestabilizar su Gobierno. Y aunque esto no se daría en el corto plazo, que el Consejo de Seguridad llegue en medio de la convulsión nacional y las marchas para presionar a la Corte Suprema sí deja un ambiente de posible apoyo popular a lo que dice el jefe de Estado; es casi un juego a tres bandas, sin desconocer la importancia de que estos delegados estén en el país por tercera vez.
La semana más turbulenta de Petro en 18 meses de gobierno culminó en la tarde del viernes escuchando por primera vez a los 32 gobernadores que asumieron el poder el pasado 1° de enero. En Cartagena, durante una cumbre de la Federación de Departamentos a la que fue con pesos pesados del gabinete para intentar limar asperezas, el presidente les dijo que comparte la idea de que haya mayor autonomía regional, pero con algunos matices que incluyen su propuesta de una “economía popular” que empodere en los procesos públicos de contratación a las comunidades y las juntas de acción local (JAL).
Pero como en esa cumbre también se hizo un llamado a defender la institucionalidad y a respetar la autonomía de la Rama Judicial, el mandatario aprovechó para ratificar que, desde su punto de vista y contrario a lo dicho por la misma Corte Suprema, en las marchas del jueves no hubo actos violentos. “Construyeron una historia falsa para tapar el hecho de que decenas de miles de colombianos y colombianas salieron a las calles a pedir que haya una justicia transparente”, aseguró.
(La oposición se reinventa para 2024 y no descarta marchas contra el gobierno Petro)
Las 120 horas que duraron los primeros cinco días de esta semana dejaron un ambiente polarizado y de alta hostilidad política, en la que hasta terminaron involucradas la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos humanos -instancias a las que acudieron petristas y opositores a exponer sus relatos-, y que demuestran que este 2024 será convulso en todos los frentes.
El jefe de Estado no le bajará al tono, la oposición tampoco y las calles serán un constante escenario de choque, pero, como lo señaló la Iglesia católica y el empresariado, el llamado a buscar puntos de acercamientos debe primar. Aunque con todos los actores en campaña y por la intimidad de lo que pasó en esta semana, los puentes serán difíciles de tender.
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