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Desde que los colegios en Magdalena iniciaron clases en 2022, ni un solo niño, niña o adolescente beneficiario del Plan de Alimentación Escolar (PAE) ha recibido un plato de comida. Los menores de edad más vulnerables del departamento, más de 140.000, están pagando los platos rotos de una serie de decisiones administrativas relacionadas con el manejo de recursos para fortalecer la educación. Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, culpa a Vicente Blel, gobernador de Bolívar, quien fue determinante para que, en diciembre pasado, el ICBF quedara a cargo del PAE en 2022, lo cual nunca ocurrió. Entes de control piden a Caicedo que garantice la alimentación.
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“Cinco meses sin avances”. Esa fue la alerta que la Procuraduría emitió públicamente contra Caicedo esta semana. Se sumó a una alerta que le llegó previamente a Blel, quien es el presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe. Esa institución aprueba proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (la plata que les queda a las gobernaciones por permitir a privados explotar recursos naturales). El OCAD, el 6 de diciembre de 2021, aprobó el PAE que Caicedo pensó para los estudiantes de Magdalena en 2022. Sin embargo, en una decisión cuestionada por la justicia, el órgano colegiado designó como ejecutor al ICBF.
Ahí empezaron los problemas. El gobernador Caicedo radicó una tutela contra los miembros del OCAD, buscando que la administración del Magdalena quedara con el manejo del PAE planeado por él, que tiene aprobados $45.590 millones en dinero de regalías. Para iniciar, indicó que solo un mes después de la sesión, la dirección general del ICBF, el 6 de enero de 2022, envió un oficio al OCAD renunciando al manejo del PAE. “Estamos ante la materialización de un bloqueo político, orientado desde el Gobierno Nacional, contra la gestión del único gobierno de izquierda que hay en Colombia”, le comentó la Gobernación de Magdalena a El Espectador en un oficio de respuesta.
(Lea aquí: Procuraduría pide a Gobernación del Magdalena avance en retorno a presencialidad)
La tutela llegó hasta el Tribunal Superior de Santa Marta, el cual hace unos días falló a favor de Caicedo. Señaló que ese recurso no era el idóneo, pero que era urgente resolver la alimentación de los 140.000 niños más vulnerables de la región. Por tanto, ordenó al gobernador Blel convocar una nueva sesión para que el PAE tenga, por fin, ejecutor, “eligiendo preferiblemente a la Gobernación de Magdalena”. En sesión del pasado 25 de mayo, el OCAD por fin escogió a la administración de Caicedo. Meses antes, se lee en el historial de la tutela, el órgano colegiado intentó entregar el PAE a la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, pero también se negó por competencia.
“Llama la atención de la Sala que el OCAD Región Caribe, en las dos oportunidades que se ha reunido para designar su ejecutor, opte por nombrar a entidades distintas a su proponente, pese a que, en principio, atendiendo las normas que regulan la materia, la llamada a ejecutarlo sería la Entidad Territorial Certificada, que en este caso es la Gobernación”, agregó el Tribunal. En el trámite de tutela, la Gobernación de Bolívar respondió que el OCAD Caribe tiene la facultad de elegir a quién ejecuta el PAE, de acuerdo con criterios administrativos y financieros. “Refirió que la designación del ICBF como ejecutor atendió a que dicha entidad, por sus funciones misionales, se perfilaba como un ejecutor idóneo”, se lee en la decisión.
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Mientras el OCAD se decidía, la Contraloría adelantó su pesquisa sobre la ejecución del PAE. En diálogo con este diario, el delegado Luis Carlos Pineda aseguró que el Magdalena es una de las cinco regiones donde no se ha entregado una sola lonchera en 2022. Específicamente en la administración de Caicedo, son 28 los municipios que están sin el programa de alimentación y entre los afectados están 72.099 niños de zonas rurales. Pineda argumenta que los síntomas en común de las regiones indagadas son la falta de planeación y las falencias en los criterios de selección. De 180 días calendario que estas deberían cubrir en 2022, van por lo menos 110 días sin atender el compromiso con la educación.
“Se indicó por parte de la Gobernación de Magdalena que había un problema con los recursos y que no eran suficientes para generar el PAE, teniendo en cuenta que había una parte retenida por el OCAD Caribe. Pero, aun así, es muy importante tener en cuenta que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, de acuerdo con la resolución 295 del 5 de noviembre de 2021, le dispuso, le trasladó y le asignó unos recursos por $25.688 millones a la Gobernación de Magdalena. Recursos con los que el departamento hubiese podido iniciar el PAE”, agregó el contralor Pineda.
Según la resolución del Ministerio, el Magdalena es una de las regiones a las que más se le aportó recursos para el PAE, siendo Antioquia la más fortalecida, con $64.268 millones. El contralor Pineda no se explica cómo Caicedo, a pesar del dinero de regalías retenido, no inició el PAE con los otros recursos asignados. La Gobernación respondió que a finales de 2021 abrió una licitación para ejecutar el programa con fondos de su administración, pero el proceso fue declarado desierto. “Este año se hizo lo propio y el proceso corrió la misma suerte. En este momento estamos en un proceso de selección abreviada, evaluando las ofertas”, explicó la administración de Caicedo.
Ahora, con los potentes dineros del OCAD aprobados y un plan que, según Caicedo, promete ser innovador, tanto la Procuraduría como la Contraloría estarán pendientes de la liberación de los recursos de regalías. En manos de la Gobernación podría quedar, justo a mitad de 2022, la plata que estaba destinada para todo el año.
En todo caso, es un hecho que la alimentación de los niños más pobres de Magdalena estuvo embolatada durante cinco meses. Por eso, la Procuraduría y la Contraloría tienen en la mira las decisiones y a los personajes que impidieron que más de 140.000 niños recibieran su lonchera para ir al colegio.
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