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El presidente volvió a decirlo en Davos: para la paz en Colombia se necesitan las reformas que está impulsando su gobierno.
Es lo que siempre han dicho las guerrillas: nos alzamos en armas contra las injusticias y no las depondremos mientras no haya reformas. Esta es la violencia política que en distintos países y con ciertas guerrillas se ha resuelto mediante acuerdos de reforma más o menos radicales.
Es la idea que en Colombia aceptó Belisario Betancur con su gaseosa teoría de que la violencia tenía causas subjetivas y objetivas, es decir, que era en parte una acción voluntaria de los insurgentes y en parte era el efecto de las desigualdades. La idea es gaseosa porque no aclara cuál sea el peso de una y otra cosa.
La tesis de la injusticia como causa de violencia siguió haciendo carrera en Colombia, no solo entre la izquierda que la da por sentada, sino entre los “violentólogos” de varias generaciones y entre los presidentes que aceptaron hablar de reformas con los grupos armados.
Esta es base, en especial, del proceso de La Habana, que partió de creer que la violencia se debía a la injusta tenencia de la tierra, la situación de los cultivadores de coca y las barreras a la participación política de los sectores populares —que por lo mismo fueron los tres puntos sustantivos de la agenda—.
Se entiende entonces que habría paz en Colombia cuando se acabe de “implementar” el Acuerdo, Duque le habría fallado a la paz por nergarse a implementarlo, y Petro, con razón, retoma ahora la reforma agraria, da el viraje en materia de cultivos ilícitos y estimula las organizaciones populares. Esta es la narrativa del país progresista, desde el santismo hasta la izquierda dura, que ha tenido incidencia decisiva en la política y en la gestión pública.
Es un relato fundamental para Colombia que, sin embargo, no resiste el más elemental examen lógico.
Para empezar, si la injusticia fuera la causa de la violencia, habría, claro está, guerrillas en Colombia, pero también las habría en Venezuela, en Brasil, en Nigeria o en Irán, donde las injusticias son igual de grandes, en Estados Unidos o en Francia o hasta en Suiza porque también allá hay grandes injusticias. La cuestión es entonces bastante más compleja, y la ignorancia o pereza mental de insurgentes, gobernantes y analistas ha tenido consecuencias nefastas para Colombia.
El Acuerdo de La Habana se basó entonces en la teoría de las FARC acerca del origen de la violencia, una teoría que pudo estar equivocada y, en todo caso, no es la misma del ELN o la del M-19 en su momento, o de las varias y confusas contrapartes en el proceso de la “paz total”. De aquí se sigue que, aunque el Acuerdo de La Habana se “implemente” de manera completa y rigurosa, Colombia seguiría sufriendo la violencia cuyas causas son las que dice el ELN o las Autodefensas Gaitanistas o no sé qué otro grupo armado o analista o persona de buena voluntad.
Y es que la desigualdad es un hecho objetivo y medible (por ejemplo, en la distribución del ingreso), pero la “injustica” es una calificación moral que en este caso hacen los actores armados. La violencia resulta de esta calificación, es un acto voluntario de los insurgentes, por cuyas consecuencias deben responder.
Por eso la violencia no tiene causas. Tiene motivos.
Por eso, aunque las partes así lo creyeran, el Acuerdo de La Habana no se hizo para acabar la violencia, sino para acabar las FARC.
Por eso, infortunadamente, el presidente, el gobierno y el país siguen hablando del problema que no es y debatiendo los remedios que no son.
Las reformas en Colombia son urgentes por razones de justicia y desarrollo nacional. El chantaje de los violentos es un motivo innoble, distorsionado y contraproducente para llevar a cabo las reformas que sí necesitamos.
* Director de la revista digital Razón Publica.
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