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En medio de un halo de desconfianza sobre la Registraduría, puesto por diversos sectores políticos, oficialistas y de oposición; escándalos, acusaciones e insultos entre las campañas, que dejaron en un segundo plano las propuestas; una agresiva utilización de las redes sociales, con estrategias de desprestigio desde las llamadas “bodegas”; alta inversión en publicidad, renuncias y adhesiones de última hora, proliferación de encuestas y debates en los medios, cuestionada participación en proselitismo electoral de altos funcionarios y hasta mandos militares, y un incremento de la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, los colombianos asisten este domingo a las urnas para decidir quién regirá el destino del país en los próximos cuatro años. Será la primera vuelta de la elección presidencial 2022 en la que, si ninguno de los seis candidatos en contienda logra la mitad más uno de los votos, se irá a un segundo pulso, el domingo 19 de junio, entre los dos que hayan obtenido el mayor número de apoyos.
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Las cartas están jugadas y estas elecciones pueden marcar un punto de quiebre en la historia de Colombia. Por primera vez, existe la posibilidad de que la izquierda llegue al poder, esta vez representada por Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, alianza en la que confluyen Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Polo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), el Partido del Trabajo, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Poder Ciudadano, Todos Somos Colombia y otras organizaciones que se definen como progresistas y socialdemócratas. Ello implicaría romper con la hegemonía que durante más de dos siglos han ostentado los considerados partidos tradicionales y sus variantes; es decir, aquellas fuerzas políticas surgidas de sus entrañas que siempre terminan del lado de los gobiernos de turno.
Esa política tradicional, como se le suele considerar, está representada en esta ocasión por Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, alianza en la que se integran los partidos Conservador, de la U y MIRA, y los movimientos Creemos Colombia, Vamos pa’ lante con Echeverry y País de Oportunidades, del exprecandidato Alejandro Char. A esta alianza de centro-derecha se suman el Partido Liberal, no en su totalidad, y si bien no se ha dado una adhesión de frente, el uribista Centro Democrático y Cambio Radical, además de movimientos como Empresarios Unidos por Colombia y las Reservas de las Fuerzas Militares y de Policía. En la baraja de aspirantes producto de una coalición está también Sergio Fajardo, de la Centro Esperanza, conformada por Compromiso Ciudadano, el Nuevo Liberalismo, el Partido Dignidad, Alianza Verde, Alianza Social Independiente (ASI), Colombia Renaciente y los movimientos Somos Verde Esperanza y Colombia Tiene Futuro.
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En el tarjetón aparecen también Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa Libres, y Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional. Siendo rigurosos, hay que decir que también estarán las fotos de Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, y Luis Pérez, del Movimiento Colombia Piensa en Grande, quienes desistieron de su aspiración pero no pueden ser excluidos, pues ya las tarjetas electorales están impresas.
Este es el partidor de la elección presidencial para una Colombia que no sale de las turbulencias ocasionadas por los efectos de la pandemia y por el escenario internacional, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Quien sea presidente deberá afrontar los retos de una economía maltrecha, con pobreza e inflación al alza, desempleo, devaluación y la necesidad urgente de implementar reformas verdaderamente estructurales en lo tributario y pensional. Además, deberá encauzar la implementación del Acuerdo de Paz, enfrentar el desafío de las disidencias y demás grupos delincuenciales motor del narcotráfico, la inseguridad urbana, la atención a la migración venezolana y la corrupción.
Un panorama que obliga a pensar en un plan de choque, que significa buscar, gane quien gane, gobernabilidad, no solo frente al Congreso sino con toda la sociedad colombiana. La encuesta de Invamer para El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio, revelada la semana pasada, mostró a Petro sólido en la punta, a Gutiérrez en el segundo lugar, con Hernández disputándole ese puesto y a Fajardo en caída. Sin embargo, todo hace prever que habrá segunda vuelta, lo que significará un reacomodo de fuerzas y el asentamiento de la polarización. Es de esperar que frente a los resultados habrá quienes intenten sembrar dudas y hablarán de fraude. Tema que alimenta la decisión de la Registraduría de no contratar una auditoría internacional independiente, con la que se buscaba generar confianza, blindando el preconteo y posterior escrutinio de los votos de cualquier sospecha. El ministro del Interior, Daniel Palacios, ha hecho un llamado a que las campañas y los candidatos se comprometan a aceptar el dictamen de las urnas. “Aquí la medida de transparencia no puede ser que ganó quien querían que ganara. La transparencia electoral se da en un sistema que brinda las garantías para todos los colombianos y por eso hemos pedido a la Registraduría que presente los avances en testigos electorales, en jurados, en lo dispuesto por las auditorías propias”, dijo.
Según el registrador nacional, Alexánder Vega, estas serán las elecciones más vigiladas de la historia y no existe la menor posibilidad de fraude. La salida que ahora se ventila es que dicha auditoría, en la que insisten Gobierno y fuerzas políticas, se haga en la fase poselectoral. “No puede haber fraude porque son varios los actores que intervienen en el proceso: la Registraduría, los partidos políticos, las comisiones escrutadoras, el Consejo Nacional Electoral y los organismos de control. Todo el proceso es susceptible de trazabilidad y cualquier inconsistencia, sea dolosa o de buena fe, es detectable en el escrutinio. Por esta razón, no hay posibilidad de fraude electoral en Colombia”, afirmó. En materia de seguridad, son más de 300.000 hombres dispuestos por la Fuerza Pública en todo el país y la instrucción es desplegar toda la capacidad para garantizar el voto libre en las más de 112.000 mesas.
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Hay algunas amenazas latentes. El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) indica que en el período preelectoral se reportaron 747 acciones armadas, 547 amedrentamientos, 27 eventos de desplazamiento (del 1° de marzo al 13 de mayo de 2022), afectando a 5.877 personas. Son 375 municipios afectados y con algún grado de riesgo por factores de violencia. Los grupos armados ilegales (GAI), las disidencias de las Farc y el Eln son los principales perpetradores. El riesgo de ataques cibernéticos al sistema electoral es real y tiene todas las alarmas encendidas. Lo cierto es que las expectativas de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas son gigantescas. Los días por venir, bien sea hacia la segunda vuelta de la elección o con un mandatario ya elegido, obligan a asumir esa madurez democrática que parece que a veces le hace falta al país, desde los mismos dirigentes hasta el último de sus pobladores. Por eso, bien se puede afirmar que lo de hoy para los colombianos es una cita con la historia.
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