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Una vajilla que se rompe tiene un sonido característico. Volteamos a mirar instintivamente: piezas rotas, alguien disculpándose entre avergonzado y rabioso consigo mismo. No se le da importancia y no la tiene.
La vajilla institucional, vaya comparación, tiene al romperse una sonoridad que también se reconoce fácilmente. Pero ¿quién rompe las instituciones? Saberlo no es algo pasajero, no es un asunto de menor cuantía que la Procuraduría General de la Nación sancione con suspensión a un ministro, por cierto, muy importante, y que este, con aquiescencia de todo el Gobierno, y parte de la opinión, desacate al Ministerio Público. El rompimiento institucional está aquí, en el desacato.
Esto sí que es un desafío, toda una quebrazón. Es curioso que en este caso el poder institucional esté representado en una altiva mujer empoderada, revestida de conocimientos y autoridad jurídica. Qué bueno es verla hacer valer su orgullosa personalidad, dueña, aunque ya sea por breve tiempo, del poder que tantas veces se reclama para su género.
No es caso único. Son varias las circunstancias que se están presentando de desafíos a las instituciones por parte de los mismos que nos vienen rigiendo. Se le han tolerado al propio presidente consideraciones muy especiales en el caso de su hijo bajo la lupa judicial; otro caso es cuando las autoridades electorales miran tranquilamente el cambio de destinación de un dinero de campaña, ex post facto, como quien dice, después de su utilización, de modo que no comprometa los topes electorales permitidos.
El quiebre institucional del que hablamos se ha llevado a límites de susto y de peligros de golpes de Estado “blandos” y duros. Peligra la democracia, lo ha dicho sin ambages el cardenal Rueda y se muestra dispuesto a mediar, como ya lo viene haciendo para lo de la paz total, entre el presidente de la república y el fiscal general. Y más que mediar, aquí lo que hay que hacer es un reconocimiento de funciones que están regladas. No se confunda con un acuerdo entre poderosos y rebeldes, porque entre funcionarios cada cual está en lo suyo dentro de lo establecido por la Carta Política.
Serían hechos tolerables o que podrían solucionarse como prevé la Constitución, salvo que se quiera usar dificultades como estas para dar las primeras señales de autoritarismo y de empoderamiento según es ya usual en países de tinte socialista.
Empieza a decirse en Colombia que la Procuraduría General no puede suspender al canciller o que este puede desacatar la orden mientras no le llegue del presidente y este lo supla en el cargo.
Miren el caso: el funcionario sancionado siguió en funciones alegando que no puede abandonar el cargo. ¿Y quién lo podría acusar si fue que lo suspendieron? Batiburrillo jurídico: caso en que el más amplio derecho constituye la mayor injusticia.
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