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Durante años, la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) acumuló advertencias de la Contraloría y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que apuntaban a unas presuntas irregularidades en sus contrataciones con entidades públicas. Sin embargo, este 15 de abril, ese rastro desembocó en nueve capturas y en el comienzo de un caso de corrupción que, según la Fiscalía, habría desviado contratos de regalías por cerca de COP 496.000 millones en varios departamentos del país. Aunque la magnitud de los hechos está por verse con las pruebas que tiene el ente investigador y con los funcionarios públicos que habrían hecho parte de esta red, la historia de este caso ya tiene antecedentes y alertas graves.
Según la investigación de la Fiscalía, los integrantes de Aremca, una asociación que asegura trabajar para el apoyo y gestión de proyectos en municipios del Caribe colombiano, habrían usado una figura jurídica, conocida como esquema asociativo de municipios, para quedarse con al menos 101 proyectos financiados con dineros del Sistema de Gestión de Regalías de Arauca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander. Los contratos eran para desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación que, al parecer, no tenían la capacidad para desarrollar y se habían entregado de manera irregular.
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El ente investigador señaló que la asociación habría desviado a los bolsillos de sus integrantes al menos COP 3.200 millones que debían destinarse a proyectos en Arauca. Y, como si no fuera poco, la investigación también apunta a que Aremca, al parecer, no descontó un dinero que por ley debía apartar en cada contrato. Ese dinero equivale al 5 % del valor de las obras y se usa para financiar temas de seguridad. En total, habrían dejado de girar unos $14.000 millones. Las personas que tendrán que responder por este entramado son Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.
Todos actuaban como representantes legales, coordinadores de planeación y financieros o en roles de tesorería de Aremca. Estas capturas son el resultado de una investigación penal que otras instancias ya habían advertido y cuyas denuncias se han ido acumulando en la Fiscalía. Aunque todavía no es claro cuáles son los contratos por los que tendrán que responder los funcionarios de Aremca, en 2022, la entonces representante a la Cámara, Lina María Garrido, y el diputado de Arauca, Wilinton Rodríguez, denunciaron que la gobernación de ese departamento, en cabeza de Indira Luz Barrios como encargada, había desviado más de COP 125.000 millones de regalías a proyectos que no estaban priorizados en el plan de desarrollo.
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La denuncia incluyó datos puntuales: que el 80% de esos recursos se los había quedado Aremca y que, al parecer, el contratista no cumplía con los requisitos técnicos, administrativos ni financieros para desarrollar los proyectos. Como prueba, los denunciantes agregaron un concepto del DNP en que directamente señaló que Aremca no tenía la “capacidad técnica y operativa para ejecutar las obras de los tres proyectos de inversión” que le entregó la Gobernación de Arauca. Algo similar ya había denunciado la Contraloría. En agosto de 2023, la entidad emitió una carta de conclusiones sobre una auditoría a cuatro proyectos de regalías en Arauca y en la que concluyó varios hallazgos fiscales de más de COP 25.000 millones.
Ese informe iba dirigido a tres personas: Wilinton Rodríguez, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y condenado por el desfalco a esa entidad; y Emilia María Álvarez Guerrero, directora ejecutiva de Aremca y una de las personas capturadas. Uno de los proyectos analizados fue asignado a Aremca el 24 de mayo de 2022. Su objetivo era adelantar obras de mejoramiento del relleno sanitario Brisas del Cravo, en Tame (Arauca), cuyo representante legal fue una persona identificada como Camilo Ernesto Díaz Carrillo. El monto total fue de COP 20.529 millones y en julio de 2023, cuando la Contraloría visitó el proyecto, encontró que no estaba en funcionamiento.
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Además, la Contraloría evidenció que se habría cobrado dos veces el dinero para el transporte del material resultante de las excavaciones para ampliar el relleno sanitario y que ese doble cobro resultó en un detrimento patrimonial de COP 1.211 millones. El nombre de Camilo Díaz, representante legal del relleno sanitario intervenido por Aremca, no es ajeno a las investigaciones judiciales, pues hace dos años apareció en el expediente de corrupción de la Ungrd. Un chat en poder de la Fiscalía y conocido por El Espectador da cuenta que, el 15 de diciembre de 2023, María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, le envió el contacto de Díaz a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd.
Lo que ha podido establecer la justicia es que esas conversaciones sirvieron para coordinar la entrega de un proyecto en Saravena (Arauca), a cambio del apoyo de la congresista Karen Manrique en la aprobación de créditos internacionales que necesitaba el Gobierno.
Aquí no acaban las alertas. Luego de la denuncia de la excongresista y el diputado, la Contraloría en 2024 detectó 37 proyectos del órgano que administra los dineros de la paz (Ocad) que presentaban irregularidades. Esa instancia fue creada tras la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos y, con dinero del Sistema General de Regalías, debía ejecutar contratos para que la implementación de esa negociación fuera una realidad, en especial en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Según los hallazgos de la Contraloría, al menos COP 95.000 millones estaban embolatados. Al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Planeación (DNP) empezó sus propias pesquisas.
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En agosto de 2024, su entonces director, Alexander López, aseguró que la advertencia de la Contraloría era mucho más grave, pues había encontrado que había identificado 2.094 proyectos con inversión de más de COP $12,1 billones comprometidos. Para llegar a esa conclusión, el DNP realizó un análisis forense en el que encontró que uno de los más beneficiados con este tipo de contratos fue, precisamente, Aremca, pues entre 2017 y 2024 había recibido al menos COP 610.000 millones repartidos en 116 proyectos. En una investigación del periodista Cristian Camilo Ubaque Calixto, quedó en evidencia que en las mismas pesquisas de la DNP la entidad constató que Aremca había incumplido varios contratos.
Uno de ellos fue el de la construcción de 26 pozos en Uribia (La Guajira), una obra que fue suspendida con apenas 40 % de avance y fallas técnicas. Estos antecedentes están bajo la lupa de las autoridades desde hace años, pero ahora, con las capturas, el expediente entra en una nueva fase: la penal. La Fiscalía les imputará cargos por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. El ente investigador sostiene que esta es apenas la primera fase de una investigación en la que seguirán tirando del hilo hasta desenredar este entramado de corrupción.
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Por Gustavo Montes Arias
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