Ineptitud ministerial y crisis deportiva: el contrato con Panam Sports

Muchas versiones se han conocido sobre las razones que llevaron a que el Gobierno Nacional incumpliera el contrato con Panam Sports. Tal como lo expone su editorial, una de ellas, que puede ser la que considero más seria de todas y, qué pesar, verosímil. Puede no ser cierta, con gusto le otorgamos al Gobierno Nacional el beneficio de la duda, pero el solo hecho de que se piense en que eso puede ser posible, primero indica de una manera u otra que el presidente Petro nos ha dado prueba de ser capaz de tomar decisiones contrarias al interés de sus gobernados en beneficio del rédito político que puede obtener al frustrar a sus contrarios. Y, por otra parte, y no por ello menos importante, el desprecio hacia el deporte en nuestro país, y de eso sí no culpo al actual exclusivamente, es simplemente un capítulo de nuestra historia. Prueba de ello está consignada en un detallado artículo: “Los eventos que le quedaron grandes a Colombia”, en la sección de Deportes de la misma edición de El Espectador.

Con frecuencia me pregunto: ¿alguno de nuestros grandes deportistas se formó en una escuela deportiva del Estado? ¿Lucho, James, Falcao, Fabiola Zuluaga, Farah, Cabal, las pereiranas Sofía Gómez, récord mundial de apnea, y Valentina Acosta Giraldo, campeona mundial juvenil de tiro con arco; o nuestro orgullo más grande en el deporte mundial, el ciclismo? ¿Lucho, Fabio Parra, Nairo, Esteban Chaves, Rigoberto y ese gran número de pedalistas que nos han sacado lágrimas frente al televisor fueron formados por el Estado colombiano?

De mi parte, me voy con la más visible y que incluso puede contener las dos anteriores: la ineptitud de la ministra del deporte, Astrid B. Rodríguez. Dice la funcionaria en su comunicado: “En conversación con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, llegó a un acuerdo para efectuar el pago total de US$8’000.000 a enero de 2024, en tanto existía una dificultad para hacerlo durante la vigencia 2023”. Señora, es que los contratos de ningún tipo se modifican en conversaciones, ni siquiera con el tendero del barrio; este, si le concede el plazo de la deuda, seguramente le hace firmar un nuevo vale. Los contratos, señora ministra, son ley entre las partes. Una cláusula contractual no se modifica con una simple conversación. ¿No lo sabe? No puede ser ministra.

Agrega la doctora Rodríguez que “Panam Sports envía una carta al presidente del Comité Olímpico Colombiano manifestando la decisión unilateral”. No, señora, la decisión no fue unilateral. Si así lo hubiera sido, fue suya, pues quien incumplió el contrato fue usted. La misiva del señor Ilic es clara: el contrato se incumplió por una de las partes; en consecuencia, el contrato muere y quedan las sanciones a que haya lugar, como bien lo expresa la contraparte.

Ahora, en una lastimera carta, G. Petro pide que se revise la decisión, a la vez que el presidente del Comité Olímpico Colombiano, creando falsas expectativas, deja abierta la puerta para que la decisión sea revertida. ¿Acaso no saben leer?

“Permite a Panam Sports rescindir inmediatamente el contrato de la ciudad sede y retirar los juegos de la ciudad de Barranquilla…”. ¿Se lo repito? “Los juegos se retiran y, por lo tanto, el contrato queda rescindido”. Dijo el director de Panam Sports. Pero si aún no lo han entendido, después de la carta de Colombia pidiendo vergonzosa clemencia y comprensión, Panam Sports responde citando a otras ciudades del continente: “En virtud de los acontecimientos con la ciudad de Barranquilla y el retiro de la sede por incumplimiento del contrato, Panam Sports quisiera saber si su país desea albergar los vigésimos Juegos Panamericanos y del año 2027. En caso de que su país desee albergarlos, deberá comunicarlo por escrito hasta el 31 de enero de 2024”.

Conclusión, si la ministra no tiene el decoro de renunciar y el presidente no la retira del cargo, pido como elector que el Congreso, en nombre del pueblo colombiano, le aplique la moción de censura a la funcionaria; esta no puede ser una prueba más del más grande flagelo que aqueja nuestro país: la impunidad. Y, que entren las “ías.”