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Tras la extradición a Estados Unidos de alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, las autoridades colombianas ya tienen priorizada la captura de sus herederos en la organización criminal sucesora del paramilitarismo. Entre ellos está Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, jefe de la subestructura Central Urabá, una de las más importantes y poderosas del grupo criminal, con presencia en varios municipios, entre ellos San Pedro de Urabá, en el Urabá antioqueño. Fue allí donde Chiquito Malo le brindó, con sus redes de apoyo, refugio a Otoniel en los días previos a su captura, en octubre de 2021.
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En estos momentos marcha un proceso judicial que da detalles de cómo esa subestructura al mando de Chiquito Malo recibió durante años apoyo por parte de una conocida cadena de supermercados en esa región de Antioquia: Consumax de Urabá S.A.S., a la cual ya le fueron embargados 18 sedes en esta zona del país, pues, según la exdirectora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Ana Catalina Noguera: “Varias organizaciones criminales utilizan la modalidad de lavado de activos a través de supermercados, que al mismo tiempo les sirven para abastecerse. Es importante no estigmatizar estos establecimientos. En este caso hicimos todas las verificaciones”.
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Las declaraciones de la entonces fiscal se conocieron en marzo de 2020. Para ese entonces, la Fiscalía ya había destapado sus cartas en un expediente similar al de Consumax, pero que terminó fuertemente cuestionado: el de Supercundi. De acuerdo con la investigación de la que sacó pecho el exfiscal Néstor Humberto Martínez, los hermanos Uriel y Luis Alirio Mora Urrea fueron vinculados a una investigación por presuntamente servir de testaferros a la exguerrilla de las Farc. Sin embargo, lo que denunció la defensa de la familia es que el testigo en su contra estaba mintiendo (tema que sigue en indagación) y que nada de las acusaciones en su contra eran ciertas.
Los detalles del expediente
En un juzgado de Antioquia están en juicio 12 personas que, según la Fiscalía, habrían colaborado con esta red que apoyó al Clan del Golfo con víveres y otros productos y, además, blanqueando sus dineros provenientes de acciones ilegales. Entre los procesados resalta el nombre de John Freddy González Carvajal, cabeza de Consumax, y a quien se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y financiación del terrorismo, los cuales tajantemente no aceptó. Su empresa nació en 1995 y, según la propia compañía, generaba 500 empleos, fueron motor de desarrollo de la región y víctimas de amenazas, saqueos, asesinatos e incendios.
La Fiscalía dice que Carvajal González, quien tiene el 90 % de las acciones de Consumax y a su vez es el representante legal, le lavó dinero al Clan del Golfo desde, aproximadamente, 2013. De acuerdo con los investigadores, durante ese año empezó a existir un aumento de los ingresos de la cadena de supermercados, pues entre ese año y 2018 pasaron de $51.000 millones a $109.000 millones. Ese lapso coincide con las informaciones que recibió la Fiscalía de que Consumax pactó con el Clan del Golfo ser los proveedores de víveres y otros productos para su funcionamiento. Además, el ente investigador dice que ese incremento de dinero no lo tuvo otra compañía de ese sector, el de cadenas de supermercados al pormenor.
Otro de los hallazgos de la investigación es que, durante ese periodo, Consumax no reportaba claramente sus pasivos a las autoridades, pues sus libros contables no aclaran si las deudas adquiridas eran con personas u otras empresas. Asimismo, la Fiscalía encontró que, a través de sus sucursales, proveyeron víveres y otros productos que requería el grupo criminal. “Adicionalmente, previo acuerdo con la cadena de supermercados, llevaban hacia las estructuras de esta organización otros instrumentos que ellos requerían para su funcionamiento, como baterías, gasolina, botas, etc.”, señalan los documentos conocidos por este diario.
“Es probable que exista un ocultamiento de la información por parte de Consumax. No se permite establecer la veracidad de esas deudas. Al recibir dineros del grupo criminal, no hay forma de justificar la legalidad de ese dinero, que aunque es para comprar víveres, tiene origen ilícito. Para poder realizar este tipo de actividad, previa concertación con el representante legal de Consumax, obtienen descuentos, lo que hace posible que esta organización tenga un “apalancamiento” económico y de esta forma puedan pagar a sus hombres y comprar insumos para procesar cocaína”, se lee en el expediente a cargo de Natalia Rendón, conocida por ser la fiscal que investigó al Clan del Golfo durante la última década.
La investigación de la Fiscalía determinó que Consumax surtió más de 4.000 pares de baterías para que, dice la investigación, miembros del Clan del Golfo se pudieran comunicar en esta zona del país, entre los municipios de Turbo, San Pedro de Urabá y el sur de Córdoba. Además, identificaron que las estructuras del Clan del Golfo ubicadas en Apartadó, Carepa y Chigorodó también se proveían de Consumax y que los administradores y empleados cumplen un rol clave para entregar víveres y otros productos. En el caso particular de San Pedro de Urabá, se identificó que dos administradoras coordinaban con un hombre del grupo armado llamado Jorge Luis López, alias Padilla, quien tampoco aceptó cargos.
Los enlaces
El expediente también indica que otra de las subestructuras del Clan del Golfo, conocida con el nombre de Carlos Vásquez, tenía como enlace con la compañía a Jeremías Ortiz, alias Zarco. Según la Fiscalía, él coordinaba con los empleados de Consumax en Carepa y Chigorodó para que se abasteciera permanentemente de víveres al Clan del Golfo y estaba a cargo de que varios camiones llevaran los víveres hasta las zonas donde opera en esos municipios. Otro de los hombres identificados es alias Chivolo, quien recibía varias de estas mercancías traídas por Zarco, para luego llevarlas a lomo de mula a integrantes del estado mayor del Clan del Golfo, entre ellos el propio Chiquito Malo.
Uno de los supervisores de Consumax, señala la extensa investigación, es el encargado de adquirir los miles de baterías que necesitaba el grupo criminal y las decenas de botas pantaneras que usan los hombres armados del Clan del Golfo. A todas estas conclusiones llegaron las autoridades luego de que se empezaran a conocer por una fuente humana, que entregó información sobre una célula del grupo liderado por Otoniel, hasta octubre pasado, dedicada al narcotráfico. Posteriormente, las llamadas de sus integrantes fueron interceptadas y de a poco se empezó a conocer sobre cómo Consumax habría colaborado con la organización criminal responsable de masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos, abusos sexuales de menores de edad, entre otros crímenes.
¿Qué dice Consumax?
El Espectador se contactó con el abogado Juan David Taborda Rave, quien representa en el proceso penal a Carvajal González, accionista mayoritario de Consumax. El penalista señaló que, como el juicio en contra de su cliente empezó hace un par de meses, “no encuentra prudente emitir en medios de comunicación alguna opinión de estrategia jurídica sobre el caso”. Quien sí se pronunció públicamente, en marzo de 2020 cuando inició el proceso, fue la hija de González Carvajal, Lizeth Vanessa González, quien ahora se encarga de los negocios de la familia.
“Quienes conocen el proceso de John Fredy González Carvajal saben que creció en una familia humilde y trabajadora, sus padres y hermanos han laborado incansablemente desde muy jóvenes con el objetivo de brindarle a la familia calidad de vida. Debo resaltar que este es un proceso largo y doloroso, por lo que pedimos prudencia, empatía y solidaridad. Compartimos su dolor e impotencia, pero nos encontramos con la cabeza en alto, creemos fielmente en su actuar íntegro, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y es precisamente deber de la Fiscalía desvirtuar la presunción de inocencia de la que gozan hasta terminar el proceso penal”, dijo en ese momento la hija de Carvajal, cuando fueron capturados seis miembros de Consumax, entre ellos su padre.
Y agregó: “Mi padre creyó en la región cuando pocas empresas se interesaban en invertir en la zona, debido a la violencia, apoya actividades sociales y culturales, ofrece empleo a personas con capacidades reducidas y día a día desnaturaliza el estigma del que somos víctimas por crecer en una zona abandonada por los entes estatales. Pese a las adversidades no ha desfallecido, ha superado incendios, hurtos, saqueos, amenazas e incluso homicidios, siempre teniendo claro que esta cadena genera alrededor de 500 empleos, en ese entendido, rendirse jamás ha sido una opción”.
En estos momentos avanza el juicio, y en él se exponen varias interceptaciones hechas por la Fiscalía a varios de los procesados y que darían cuenta de ese vínculo entre Consumax y los hombres de Otoniel y Chiquito Malo. A este último, durante las dos semanas más recientes, las autoridades le han quitado a tres de sus hombres de confianza. Entre ellos alias Perea, Hugo y Toño. Este último es un narcotraficante y segundo de Chiquito Malo, que también tendría negocios con hoteles en Urabá. Pese a los golpes en contra del heredero de Otoniel, el más reciente paro armado convocado por el grupo criminal da cuenta de que el poderío del Clan del Golfo en Urabá sigue vigente.
Por David Escobar Moreno
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