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El pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta continúa dividido tras la asamblea general efectuada a mediados de mayo para ratificar a su cabildo gobernador. Ocho mil miembros arhuacos, mamos de las cuatro kankurwas —centros ceremoniales— y los gobernadores de los pueblos kankuamo y kogui, decidieron que Zarwawiko Torres Torres siguiera representando ante el Estado a cerca de 22.000 indígenas y 54 asentamientos.
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La elección de Torres, en agosto de 2020, generó polémica entre los arhuacos. Aunque un grupo defendía su legitimidad, al considerar que fue un llamado de la madre Tierra; otros denunciaron arbitrariedades para llegar al poder, como realizar la elección en pleno pico de la pandemia, pese a que se había solicitado su aplazamiento. La Corte Constitucional intervino en esta disputa suspendiendo a Zarwawiko en octubre de 2021, tras considerar que sus actuaciones generaron conflictos por el desconocimiento de la autoridad de los mamos, la ausencia de un diálogo y el surgimiento de confrontaciones físicas. La decisión del alto tribunal se dio en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el anterior gobernador, José María Arroyo.
Por determinación de la Corte, el gobierno del pueblo arhuaco fue asumido por Danilo Villafañe en el resguardo Magdalena-Guajira, por Rogelio Torres en el resguardo de la Sierra Nevada y por Jesús Torres en el resguardo Businchama. Eso fue hasta febrero de este año, cuando fue proferido el Auto 149/22 en el que, después de atender a diversas solicitudes del pueblo, el tribunal revocó la medida provisional y exhortó a las autoridades arhuacas a efectuar una nueva asamblea.
Desde que quedó elegido, Zarwawiko Torres ha sido señalado de tener intereses en la EPS Dusakawi, de la que fue delegado en la junta directiva. Esta entidad está bajo vigilancia especial de la Superintendencia de Salud desde 2016 y fue denunciada por la propia directiva arhuaca por presunta malversación de recursos en 2015. También se le cuestionan sus antecedentes en la justicia indígena, pues en 2001 estuvo tres meses detenido por la presunta violación de una niña arhuaca de once años.
Las dos partes del conflicto coinciden en que su contrario deslegitima a los mamos y se acusan de tener vínculos con el Gobierno Nacional para llevar a cabo proyectos en el territorio ajenos a los intereses de la comunidad. Existen diferencias hasta en la forma de explicar el sistema de gobierno de los arhuacos; quienes apoyan a Zarwawiko dicen que es solo un cabildo gobernador y sus opositores dicen que debe haber uno por cada resguardo.
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¿Qué significa que lo hayan ratificado como cabildo gobernador?
Esto implica que asumo una responsabilidad del querer de un pueblo, porque en este caso uno no se autonombra, sino que designan el cargo a través de las consultas espirituales. Es el compromiso que asumo para responder a los arhuacos como corresponde. Trabajaré en la permanencia de la cultura, la defensa del territorio, la unidad como pueblo arhuaco y buscaré el relacionamiento interinstitucional para fortalecernos como territorio ancestral.
Opositores aseguran que su elección es ilegítima porque desconoce a las kankurwas de Seyjúmake y Numa’ka como base de la organización ancestral del pueblo arhuaco. Dicen que solo un mamo ostenta el carácter de gobierno en cada centro. ¿Hay una jerarquía en las autoridades espirituales?
No hay mamos de mayor jerarquía que otros. No hay un solo mamo que represente a la kankurwa, es el conjunto. Quieren imponer una dictadura diciendo que hay un solo mamo y eso no está descrito dentro de nuestra ley de origen. A mí me respaldan los mamos, aunque exista una minoría que no esté de acuerdo. Si se ha tomado una decisión colectiva y representativa, esa es la válida. Lo que sucede es que hay un complot del Gobierno con algunos miembros de la comunidad para favorecer proyectos mineros y turísticos en la Sierra Nevada.
¿Entonces por qué desde el comienzo se hizo efectivo su registro ante el Ministerio de Interior?
Porque en el momento que me hacen la elección, todo se hace bajo el procedimiento adecuado. El registro ante el Ministerio se hizo en derecho. Fue legal y formal. La Corte, por su desconocimiento, desvió el proceso y llevó a una suspensión.
¿Por qué a la asamblea, que es un proceso propio del pueblo arhuaco, asistieron entidades municipales como la Alcaldía de Valledupar, así como gobernadores de otros pueblos indígenas de la Sierra Nevada?
Nos acompañó la Alcaldía de Valledupar para que pueda ser garante de que se está haciendo un procedimiento legítimo. Pareciera que a veces no nos creen. Necesitamos que vean que no se está imponiendo ni tomando decisiones a la fuerza, eso se demuestra en la participación de alrededor de ocho mil arhuacos. También estuvieron los otros gobernadores, porque originalmente somos los cuatro pueblos y ellos son garantes de nuestras consultas espirituales.
¿Tiene alguna relación familiar o intereses en el manejo de los recursos de la EPS Dusakawi?
Desde la suspensión de la Corte, no tengo vínculos directos ni indirectos con la EPS Dusakawi. Hice parte del consejo directivo un tiempo y fui delegado de José María Arroyo cuando fue gobernador. Mientras fui gobernador era socio de la EPS, pero recientemente no he estado vinculado. Dentro del pueblo arhuaco no podemos mencionar la familiaridad, porque somos una sola familia. Es un montaje mediático de la contraparte, pero no hay pruebas que se puedan dar sobre malversación de recursos. La misma Superintendencia le ha hecho seguimiento e identificaron que no ha habido corrupción.
Lo señalan porque presuntamente violó a una niña en el año 2001. ¿En qué va el proceso?
Yo fui investigado por ese hecho y fui declarado inocente. Cuando quedo cabildo gobernador, los contrarios sacan a relucir esta situación como si esto fuera un hecho relevante en contra mía. No tengo ninguna deuda de justicia a nivel interno. Los mamos son los que dan fe de mi legitimidad como gobernador. En este momento no tengo ninguna investigación.
¿Qué hace falta para resolver el conflicto interno?
Una de las salidas: que los opositores minoritarios renuncien a sus intereses personales. Quisiera solicitar que les den la autonomía y la autodeterminación a los arhuacos en sus decisiones, que se respeten los procesos colectivos y que el Gobierno deje de interferir. Eso es lo que ha llevado a que se cuestione la legitimidad en los procesos y es lo que nos impide seguir avanzando en beneficio de nuestras comunidades.
