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Los barcos hechizos y las canoas al borde del naufragio son una imagen habitual en las costas del sur de Italia. Desde hace varios años este país se ha convertido en uno de los destinos de migrantes africanos y asiáticos que intentan sobrevivir lejos de las guerras y el hambre en sus lugares de origen.
Sin embargo, no todos completan el viaje. Algunos permanecen varados en el mar Mediterráneo durante días; para otros, la aspiración de llegar a jurisdicción europea se acaba junto con sus vidas.
En Italia urge hablar de migración. Así lo demuestran los números, y también los políticos que dirigen desde Roma. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Italia “ha pasado de ser un país de emigración empobrecido a convertirse en uno de los principales destinos de la migración”. No obstante, las políticas que ha adoptado Giorgia Meloni, la primera ministra, en lugar de facilitar el tránsito de las personas hacia Europa ha puesto obstáculos y trabas.
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Según los datos del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de este año han llegado más de 31.000 migrantes a las costas, una cifra muy por encima de los 7.900 que arribaron a territorio italiano en el mismo período de 2022. Además, este primer lapso del año se ha convertido en el “más mortífero para migrantes que cruzan el Mediterráneo” en los últimos seis años, tal como aseguró la ONU, ya que al menos 441 personas han muerto emprendiendo el viaje entre África y Europa.
Meloni ha dicho, en contraste con los esfuerzos de entidades como la Acnur, que la migración “es un problema”. Y a través de su gabinete político, la jefa de Gobierno ha abordado esta cuestión como una amenaza a la que sus decisiones deben hacer frente.
Por ejemplo, el Parlamento italiano aprobó un proyecto redactado por el partido de gobierno en que se limitaba a las ONG a rescatar migrantes que naufragaran en el mar. Esta medida fue considerada como una “obstaculización” a salvar la vida de las personas, de acuerdo con la opinión de Juan Matías Gil, jefe de misión de un barco de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo.
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Adicionalmente, Roma adoptó el Estado de Emergencia Migratorio este martes. Se trata de una política que pretende que en los próximos seis meses los migrantes puedan ser expulsados con más facilidad del país. La emergencia plantea que desde el Ejecutivo se pueda tomar cualquier decisión concerniente a la migración sin necesidad de discutirlo en el Parlamento.
Incluso sectores del gobierno reconocen que el efecto de la medida podría tardar. Nello Musumeci, ministro de Protección Civil y Políticas Marítimas, aseguró que “el problema (de la migración) está destinado a no terminar, por lo menos para los próximos 10 años”.
El funcionario acepta que son las islas en el sur italiano las que más migrantes han acogido, como es el caso de Lampedusa, un pequeño enclave que solo entre febrero y marzo recibió a más de 3.000 personas en embarcaciones clandestinas.
El estado de emergencia migratorio, según Musumeci, se aplica a nivel nacional porque el flujo migratorio constante en el sur del país “pone en dificultad las estructuras del Estado”, como la economía y la sostenibilidad de las ciudades.
Esta tesis ha sido desmentida tanto por ONG como por el Banco Mundial, que afirma que los flujos migratorios “fomentan el crecimiento económico”, no obstante, es contraproducente cuando “los países destino no implementan medidas que fortalezcan el mercado laboral”.
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Para varios políticos y medios europeos, la decisión tomada por Roma es discutible, pues no ofrece soluciones de fondo a la migración. El diario El Mundo considera que “el Ejecutivo quiere dar la sensación de que está atajando el problema (…) después de haber sido muy cuestionado por el naufragio de Calabria”, en el que murieron más de 60 personas.
Esta forma de abordar la migración, tal como lo hace Italia, podría ser un modelo que otros países europeos vean con buenos ojos. Por ejemplo, España, que también recibe un alto porcentaje de migrantes provenientes de África, o incluso el Reino Unido, que ya ha optado por negar las solicitudes de asilo en su territorio.
¿Medidas temporales?
Para Gonzalo Fanjul, experto en temas de migración y desarrollo de ISGlobal, las medidas tomadas seguramente tendrán efectos inmediatos en deportar y detener migrantes, sin embargo, “no detendrá la llegada de flujos migratorios”, según dijo en diálogo con el portal español Voz Pópuli. La opinión de Fanjul se ajusta con lo que la Acnur y ONG de asistencia humanitaria para migrantes y refugiados han alertado previamente: las medidas antimigratorias solo crean condiciones de mayor riesgo para la población que sale en busca de refugio en otro lugar, por supervivencia, población que seguirá tomando rutas para su movilidad. Como dicen, no es un grifo que se pueda abrir o cerrar.
Enver Solomon, director de la organización UK Refugee Council, tiene una postura similar. Tal como aseguró para el diario El País, Solomon opina que este tipo de legislación “no va a detener la llegada de embarcaciones. (…) Supondrá que decenas de miles de personas acaben retenidas en centros con un alto coste, en un limbo permanente y tratadas como criminales”.
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Por Tomás Tarazona Ramírez
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