Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
No habían pasado 12 horas desde que se conoció que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se convertiría en el quinto superintendente de Salud del Gobierno de Gustavo Petro, cuando estalló el que será uno de los principales problemas del nuevo superintendente, que podría posesionarse en los próximos días: la reciente prórroga de la intervención a Nueva EPS, la más grande del país, con 11.4 millones de afiliados, habría sido irregular, según un documento que la misma Supersalud le envió a la Procuraduría General de la Nación y que reveló Caracol Radio.
Mientras varios actores del mundo de la salud seguían reaccionando al nombramiento de Quintero y a la denuncia de la propia Supersalud, llegó el segundo revés para la entidad encargada de vigilar a las EPS y velar por la protección de los derechos de los ciudadanos: un tribunal decretó una medida cautelar que suspende las resoluciones que ordenaron y prorrogaron la intervención de Coosalud EPS, con 3.3 millones de afiliados y la segunda EPS intervenida más grande del país.
(Puede leer: Amplían esquema de vacunación contra influenza a menores desde los 6 meses hasta los 5 años)
A la par que se conocían estas noticias, continuaban los pronunciamientos que cuestionaban la llegada de Quintero a la Supersalud, la entidad que, en la práctica, está a cargo de la salud de 19.8 millones de colombianos que están afiliados a una de las siete EPS que están intervenidas por esta entidad, lo que corresponde al 37,7 % de la población total del país.
A los múltiples pronunciamientos de actores del mundo de la salud, de políticos, incluidos funcionarios del propio gobierno, como Carlos Carrillo, director de la UNGRD, se sumó el de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. En un comunicado, publicado este jueves 16 de abril, la Asociación, que reúne a más de 71 organizaciones profesionales de salud, le pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, revocar de manera inmediata el nombramiento de Quintero en la Supersalud y, de paso, el del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor de Nueva EPS.
“No solo no cuentan con el perfil indicado para liderar estos cargos, en especial el señor Quintero, quien sería el encargado de la inspección, vigilancia y control del sistema de salud, sino además por tener abiertos (…) procesos penales por presunta corrupción, algunos de ellos en etapa de juicio”, apuntó la Asociación.
El principal proceso que rodea a Daniel Quintero es el caso Aguas Vivas. La Fiscalía lo llamó a juicio y está acusado, junto con nueve exfuncionarios y tres particulares, por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, la Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario por el mismo caso a raíz de presuntas irregularidades en la modificación del uso del suelo para los predios del sector. Más de 50 personas, entre exfuncionarios y contratistas de su alcaldía, también han sido imputados por otros delitos en diferentes casos.
Al tiempo que la Procuraduría adelantaba una inspección en la Supersalud relacionada con la reciente prórroga a la Nueva EPS, Quintero escribía en su cuenta de X que llegaría a la entidad “para garantizar el derecho a la salud y para desmontar: sin miedo y a los ojos del país, la infraestructura de corrupción que nació con el uribismo y que ha hecho metástasis en todos sus niveles (…) Conmigo será a otro precio. No tuve miedo con Hidroituango, no me temblará la mano para poner orden en el sistema de salud con vigilancia técnica y tecnología de punta. Se les acabó el festín con la plata de la salud”.
(Le puede interesar: Por falta de pagos de Nueva EPS, alertan situación crítica en sistema de salud en Manizales)
Al margen de las recientes controversias, los retos que tendría que enfrentar Quintero al frente de la Supersalud son múltiples, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el sistema. Esta es la radiografía de la entidad que recibiría el quinto supersalud del Gobierno Petro y el primero que no tiene experiencia en el mundo de la salud.
¿Están funcionando las intervenciones?
Aunque todavía no se sabe cuándo asumirá la dirección de la Supersalud, Quintero espera que sea, por tarde, la próxima semana, cuando estará disponible para dar entrevistas, según le dijo a El Espectador. Sin dar muchos detalles, el alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, quien también se desempeñó como viceministro de las TIC entre 2016 y 2017, aseguró, a través de X, que con su llegada a la entidad “empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”.
En cualquier caso, Quintero llegará a la entidad que en la actualidad administra la salud de 19.843.499 colombianos que están afiliados a una de las siete EPS intervenidas, seis de las cuales fueron ordenadas por este gobierno. Esto, sin contar las intervenciones a Coosalud EPS y Sanitas, que fueron revocadas por órdenes judiciales, aunque la de la primera es de manera provisional.
El principal objetivo de estas intervenciones, para cualquier superintendente, es mejorar las condiciones que llevaron a la medida, las cuales, la mayoría de las veces, suelen estar relacionadas con la situación financiera de las EPS y las quejas interpuestas por sus afiliados por la negación de la prestación de servicios de salud o la entrega de medicamentos.
(También puede leer: Procuraduría requiere información a Fiduprevisora por fallas en modelo de salud de maestros)
Sin embargo, a los ojos de Fabio Aristizábal, quien fue superintendente de Salud en el gobierno de Iván Duque, la llegada de Quintero a la entidad no garantiza que vaya a haber una mejoría en las EPS intervenidas. Además de cuestionar la idoneidad del nombramiento, que “es la muestra de que en la salud de Colombia ganó el activismo y la ideología y pasó por encima de la idoneidad técnica, de la especialización y del rol especializado que tienen las entidades”, Aristizábal critica “la altísima rotación de directivos, interventores y delegados que está generando en el país un drama y una angustia generalizada”.
Por ejemplo, hace una semana, la Supersalud tuvo que nombrar interventores provisionales en cinco de las ocho EPS intervenidas en ese momento, luego de que la Procuraduría sancionara a los interventores en propiedad en el marco de distintas investigaciones disciplinarias. Entre las razones expuestas en varias de las suspensiones, el órgano de control señaló el deterioro en la prestación de los servicios y en la sostenibilidad financiera.
A las investigaciones adelantadas por la Procuraduría se suman los cuestionamientos que el mismo presidente Gustavo Petro ha hecho sobre algunos de los interventores que han pasado por EPS como Coosalud, en acusaciones dirigidas al exsuperintendente de salud, Luis Carlos Leal (el segundo del periodo Petro) que, a su vez, apuntó contra Laura Sarabia, ficha clave del actual gobierno durante varios años y actual embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Nueva EPS: ¿el problema más grande?
Nueva EPS es una clara muestra de la alta rotación que ha habido con los interventores. Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, nombrado el 10 de abril de este año, se convirtió en el quinto agente interventor en los dos años que la EPS más grande del país, con 11.4 millones de afiliados, ha estado bajo intervención.
A las críticas por la idoneidad de Ospina para ocupar este cargo, se suma la denuncia que presentó este jueves 16 de octubre la superintendente (e) Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud sobre la reciente prórroga ordenada por la misma Supersalud en Nueva EPS. De acuerdo con el documento, “el proceso de intervención recientemente adelantado a Nueva EPS se aparta del principio del debido proceso administrativo”.
(Puede interesarle: Fomag denuncia ante la Fiscalía a IPS por posibles irregularidades: habría pagos anormales)
Entre las razones planteadas por la superintendente delegada en su denuncia, se encuentra el hecho de que Ospina no cumple con la experiencia requerida para el cargo, que la resolución final hacía referencia a recomendaciones no dadas y que se habría desconocido la obligación de adelantar el proceso de control previo a la adopción de medidas especiales, “lo cual constituye un elemento esencial para garantizar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones administrativas”.
Además de las posibles irregularidades en la reciente prórroga, el documento también detalla la compleja situación que atraviesa la EPS más grande del país. Frente al análisis de reclamaciones en salud, detalla el documento, “se evidencia que Nueva EPS presenta un incremento sostenido en las inconformidades, especialmente durante el periodo de prórroga”. El crecimiento anual, de hecho, sería superior a la tasa nacional.
A esto, se le suma que “existe una brecha entre la demanda de los usuarios y la capacidad de respuesta de la entidad” y que la “EPS no demuestra capacidad efectiva para garantizar la entrega completa y oportuna de medicamentos e insumos” en todos los departamentos donde hace presencia Nueva EPS.
Para completar el panorama, desde 2023 no se conocen los estados financieros de esta EPS cuya deuda, según recientes cálculos de la Supersalud, alcanzaría los COP 26 billones (pesos). Aun con este panorama, el gobierno está buscando hacerse con la mayoría de las acciones de la empresa para capitalizarla. Además, según un decreto expedido por el Minsalud en febrero de este año, suspendido temporalmente por una orden judicial, a Nueva EPS podrían llegar más de dos millones de afiliados, lo que no es bien visto por varios actores del sector.
Las quejas y peticiones disparadas
Como puede ver en la gráfica que acompaña este texto, el número de reclamos en salud mensual a nivel nacional no ha parado de aumentar en los últimos años. Septiembre de 2025, con 205.840, se ubica como el mes con mayor cantidad de reclamos desde los registros que iniciaron en enero de 2017.
Las principales razones, según recogen los reportes elaborados por la Superintendencia, son la negación para la entrega de tecnologías en salud, negación en la asignación de citas o consultas, falta de oportunidad en las citas o consultas y la falta de oportunidad en la atención en otros servicios de salud.
(Puede leer: Minsalud lanza sistema para unificar información clínica de pacientes en Colombia)
En enero de este año, cuando la Superintendencia presentó una comparación entre las PQRDS recibidas entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 y las de diciembre de 2024 a 2025 (que puede ver en la gráfica que acompaña este texto), señaló que dan cuenta de “una crisis estructural del sistema de salud, caracterizada por dificultades históricas y sistemáticas en el acceso oportuno al sistema, la falta de continuidad de los servicios y la débil capacidad de respuesta de los actores del sistema”.
En noviembre del año pasado, luego de realizar una radiografía sobre el sistema de salud, la Defensoría del Pueblo estableció la necesidad de una reforma al sistema de salud consensuada. Esta es una conclusión que comparten varios actores del sistema, quienes también se han opuesto a la iniciativa planteada por el gobierno Petro.
Mientras tanto, Quintero aseguró a través de X que su llegada a la Supersalud marca el inicio de “la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”, aunque no entregó más detalles.
Conrado Gómez, quien estuvo a cargo de la entidad entre 2010 y 2012, prefiere no opinar sobre la posible llegada a la Supersalud, pero advierte que en estos momentos “sería fundamental un superintendente técnico, que sea gran conocedor de la salud y también de la reorganización y rescate de empresas, que no venga con las manos vacías, sino con recursos para refinanciar la Nueva EPS, sanear las deudas y asegurar que se solucionen los muy graves problemas humanitarios y de atención que están ocurriendo”.
¿Será Quintero ese supersalud?
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺
Conoce más