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En los alrededores de varios colegios del centro de Medellín, los estudiantes comparten el espacio con personas que consumen drogas en los andenes, basuras acumuladas en las esquinas y hasta extraños que los persiguen. La incómoda situación tomó trascendencia cuando en redes sociales se denunció el caso de una persona adulta que, vestida con el uniforme del CEFA (Centro Formativo de Antioquia), ubicado cerca de la Avenida La Playa, persigue a algunas estudiantes y, según varios testimonios en redes, les roba implementos del uniforme.
La persona, además, tiene una cuenta en TikTok en la que se identifica con el nombre del colegio, sube fotografías y videos con el uniforme puesto, imágenes de niñas y jóvenes cuya identidad se desconoce, y videos de muñecas. “Hoy conocimos la denuncia de un sujeto que se hace llamar ‘la perra del CEFA’. Es un hombre que, frustrado por alguna situación que hubo anteriormente en el colegio, asedia de manera recurrente a las menores de edad”, dijo la concejal Claudia Carrasquilla (Centro Democrático) al dar a conocer el caso. Ante lo ocurrido, la Secretaaría de Seguridad de Medellín señaló que pidió a las afectadas interponer las denuncias formales para iniciar el seguimiento.
Sin embargo, el caso no sorprendió a la comunidad educativa del sector, que son testigos de cómo los entornos de los colegios del centro se deterioran. El problema, según residentes y padres de familia, no es de una sola institución ni de una sola cuadra, sino de un abandono general de la zona por parte de las autoridades.
Mónica Echeverri, que vive cerca de la Placita de Flórez, describe asegura que “desde la carrera 39, donde está la institución Héctor Abad Gómez y donde inclusive los estudiantes tienen cerca el expendio y consumo de drogas a pocos pasos del colegio, hasta la carrera Córdoba, es difícil de transitar por la cantidad de habitantes de calle, venta de licor sin vigilancia y acumulación de basuras llenas de roedores”.
Echeverri hace parte de un grupo de apoyo y vigilancia que residentes del sector conformaron para hacerle frente a la situación. Han enviado quejas y sugerencias a Espacio Público y reconocen que algo se ha avanzado: “se han hecho cambios, por ejemplo terminar con algunos negocios problemáticos de la carrera 39 con la calle 49, Ayacucho. Pero todavía falta”. Considera que “un lugar que era de excelente ambiente se está deteriorando cada vez más y se hace inhabitable”.
En el colegio María Auxiliadora, otra institución de la zona, en el barrio Prado Centro, María Fernanda David, integrante del consejo de padres y cuyas hijas llevan siete años estudiando allí, explica que “es una problemática que ha ido progresando más y más. Cada vez se está saliendo más de control”.
Según David, las personas en situación de calle se concentran especialmente en la entrada del colegio, donde se acuestan, hacen sus necesidades y consumen sustancias psicoactivas: “el olor es constante dentro del colegio, porque las ventanas dan a todos los salones”.
Aunque han expresado su inconformidad, a muchos padres les da miedo intervenir, por eso asegura que “en muchas ocasiones a mí me ha tocado llegar por las niñas y están ahí, consumiendo, inyectándose, fumando marihuana,y yo soy de las que les tiene que decir: por favor, vayan a otro lugar, ya los niños van a salir”, y, aunque la madre manifiesta que sí se retiran, al día siguiente están otra vez en el mismo lugar.
David añade que los robos a padres de familia a la entrada y salida del colegio se han convertido en otra problemática que enfrenta la comunidad educativa: “A varios papás los han robado. Se volvió muy tensionante llevar los niños allá”. El ambiente, dice, tampoco es agradable para los estudiantes, pues vecinos e inquilinatos del sector usan las esquinas del colegio como botadero informal, y las quejas ante las autoridades no han logrado cambiar nada.
¿Qué dice la ley?
El Código Nacional de Policía y Convivencia prohíbe expresamente el consumo de sustancias psicoactivas en el perímetro de los centros educativos. La Ley 2000 de 2019 reforzó esa prohibición con el artículo 140, que establece que es contrario a la convivencia “consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas en el espacio público o lugares abiertos al público ubicados dentro del área circundante a la institución o centro educativo”, incluyendo la dosis personal.
En 2024, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia expidió un protocolo para que los alcaldes determinen las restricciones y acciones para evitar el consumo cerca de colegios. El entonces ministro Néstor Iván Osuna explicó que el documento “hace énfasis en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que las administraciones locales, a lo largo del país, tengan en cuenta circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que puedan restringir ese consumo en algunos espacios de especial valor cultural e histórico para la comunidad, como parques, escenarios educativos, de recreación, de reunión de familias”.
Lo que ocurre frente a los colegios María Auxiliadora, Héctor Abad Gómez y CEFA ya está contemplado en la ley para poder controlar estas situaciones. Sin embargo, en la práctica, los padres dicen que las denuncias no tienen efecto. “Las autoridades vinieron un día, tomaron unas fotos donde no había nada y con eso se justificaron para decir que no hay nada ante lo cual se deba actuar”, dice la madre del consejo del colegio María Auxiliadora, refiriéndose a una respuesta de la comisaría de Boston a un PQRS interpuesto por los directivos del colegio.
Tras la denuncia de Carrasquilla, Jorge Iván Ríos, subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo, informó que se activaron “los protocolos de atención integral, articulados entre las secretarías de Educación, Seguridad y Convivencia, e Inclusión Social”.
Desde la Secretaría de Educación indicaron que en el caso del hombre que intimidaba a las estudiantes del CEFA ya fue denunciado en la Fiscalía, así como el programa Escuela Entorno Protector ha adelantado acciones de acompañamiento psicosocial, intervenciones en aula y espacios formativos para docentes. Además, “se realizó un recorrido de verificación en el entorno escolar, que permitió identificar factores de riesgo asociados a la presencia de habitantes de calle y su impacto en la seguridad y bienestar de las estudiantes”.
Para los padres esto es importante, pero también que se tomen acciones pronto, que deben pasar por limpiar los focos de basura en el espacio público y garantizar espacios seguros para los estudiantes del centro de la ciudad.