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El presidente Gustavo Petro provocó el retiro de 52 experimentados generales de la Policía Nacional para ubicar como director a un extremista religioso, el general Henry Sanabria, quien sale por la puerta de atrás después de las serias denuncias de favoritismos con los creyentes dentro de la institución y tras ejercer violencia discursiva en entrevistas públicas donde desinformó y estigmatizó a parte de la población colombiana. La llegada de un general experimentado como William René Salamanca augura buenos tiempos, era necesaria y es bienvenido el cambio en la cúpula, pero la equivocación del Gobierno deja una institución desordenada, desmoralizada y fallando en sus responsabilidades de brindarles seguridad a los ciudadanos.
El general Sanabria tenía que irse. También era necesaria la partida de la exsubdirectora general, Jackeline Navarro. Contra ellos había denuncias de, por ejemplo, no permitir reuniones con personas que no tuvieran “buenas energías”, de estigmatizar a los oficiales divorciados, a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT), y de crear un ambiente hostil dentro de la Policía para quien no fuese creyente. Además, en público, el general Sanabria mostró su desconocimiento sobre conceptos básicos de la reproducción humana (al decir que el condón es un método abortivo, por ejemplo) y promovió prejuicios contra las personas LGBT asociándolas con la prevalencia de VIH dentro de la Fuerza Pública. Adicionalmente, la Policía viene sin dar resultados de seguridad en las principales ciudades del país, generando desconfianza en los colombianos. Por donde se le mire, era necesario un cambio de cúpula.
Le corresponde responsabilidad política al presidente por el fallido nombramiento inicial. Primero, porque se hizo después de una purga tanto en la Policía como en el Ejército, que dejó a ambas instituciones sin la experiencia de funcionarios valiosos y a merced de liderazgos no probados. Segundo, porque sobre el general Sanabria ya había suficiente información como para dudar de su idoneidad para el cargo y aun así el presidente en varias ocasiones lo defendió hablando de “libertad de culto”, cuando lo que parece haber ocurrido fue la imposición de una fe dentro de la Policía Nacional. Desde todo punto de vista, un desastre que ha generado incertidumbre en las filas y creado obstáculos para la estrategia de “paz total” del Gobierno.
El nombramiento del general Salamanca, quien estaba en retiro, es una aceptación tácita del Gobierno de que hace falta experiencia y una figura de liderazgo unificador en las filas de la Policía. Reconocido por su lucha anticorrupción y de la entera confianza del presidente Petro, el nuevo director debe comprender que su primera labor es reconstruir la legitimidad de la Fuerza Pública, dar serenidad a todos los uniformados y poner por fin en práctica una estrategia de seguridad coordinada con el Ministerio de Defensa. Ante el recrudecimiento de la violencia y los constantes ataques a la seguridad de la ciudadanía, el Estado colombiano debe recuperar su autoridad y presencia, así como evitar escándalos innecesarios, para que el país tenga tranquilidad.
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