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La Agencia Nacional Jurídica del Estado tiene 10 días para enviar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca un informe técnico que revele el valor real de las acciones de Triple A, esas mismas que están en proceso de venta por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el municipio de Barranquilla. La decisión del Tribunal se registró por cuenta de una acción popular que presentó Henry Anaya, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, en la que advierte que la venta de las acciones traería un detrimento del patrimonio en $1.9 billones. Pide la suspensión de la venta.
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Las acciones de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla -Triple A- quedaron en manos del Estado colombiano por cuenta de un proceso de extinción de dominio que realizó la Fiscalía tras la condena que un juez emitió en contra de Ramón Navarro, exgerente de la entidad. Las investigaciones del ente acusador, en su momento, revelaron que la empresa con sede en el Atlántico, además de que era socia mayoritaria del Grupo Inassa en España, estaba teniendo serios problemas de corrupción que servirían para tapar algunos “torcidos” del Partido Popular Español.
Navarro fue condenado por apropiarse de más de $27 mil millones por lo que fue hallado responsable de los delitos enriquecimiento ilícito, administración desleal y falsedad de documento de privado. Con ese antecedente, las más de 60 mil acciones de Triple A quedaron en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Sin embargo, para diciembre de 2021 el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo y el entonces director de la SAE, Andrés Ávila, decidieron venderlas para lograr otros ingresos. Determinación que fue reprochada por Anaya en la acción popular.
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Para Anaya está claro que en la venta de las acciones hubo una serie de irregularidades que van desde no realizar un proceso de subasta o licitación pública, no contar con estudios previos financieros ni técnicos que justificaran la necesidad de la venta hasta celebrar un convenio con una entidad que no tenía experiencia en servicios públicos, solvencia económica, además de que la suscripción del convenio se llevó a cabo en medio de la vigencia de la Ley de Garantías que impedía adelantar todo tipo de contratación. El convenio se pactó por $565 mil millones.
Se realizó con la empresa de economía mixta Alumbrado Público de Barranquilla (APBAQ) misma que tiempo después cambió su razón social a K-YANE SAS. La contratación, según Anaya, favoreció de manera directa a la entidad ya que se estableció un precio inferior al establecido para las acciones. Además, la modalidad y forma de pago de estas resultó favorable para K-YANE SAS ya que no tuvo que competir con otra empresa para ganarse el negocio. Incluso, lo que conoció Anaya es que se pactó para que las acciones se pagaran a plazos a más de seis años sin un estudio previo técnico.
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En la acción popular, además, reposa que el convenio no contó con una garantía bancaria o póliza de cumplimiento suscrita por una entidad financiera vigilada por la Superfinanciera tal y como lo ordena la legislación vigente. Entre otras cosas, quedó estipulado que el 100% de las acciones que estaban en poder de la SAE quedaban en poder de K-YANE SAS y el municipio de Barranquilla se quedaba con el 14% restante. Sin embargo, esas pretensiones se truncaron con la llegada de Daniel Rojas Medellín a la SAE. Como director de la entidad no realizó la transferencia.
Medellín mencionó, según la acción popular, que no se valorizó adecuadamente el calculo y que con la venta de las acciones se estaría generando un daño patrimonial al Estado. Por esa iniciativa, en febrero, la Procuraduría suspendió por tres meses de manera preventiva a Medellín por el presunto incumplimiento del contrato que se suscribió para la compraventa de las acciones. Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, el director expuso en su cuenta de Twitter: nuestra conciencia no tiene precio y nuestro deber es insoslayable, inchantajeable. La Procuraduría terminó revirtiendo su decisión.
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Con los antecedentes de la compraventa, Anaya, a través de la acción popular en contra de la SAE, el municipio de Barranquilla y la Contraloría, solicitó como medida cautelar que se suspendiera provisionalmente la venta hasta que exista claridad sobre el poder que tiene la SAE en esa administración. Además, solicitó detener cualquier negociación con terceros, así como que se realice un evalúo nuevo sobre el valor comercial proyectado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida y en su lugar le dijo a la Agencia Nacional Jurídica del Estado que emitiera un informe técnico.
La Agencia, entonces, debe establecer el valor comercial de las acciones y, la Sociedad de Activos Especiales, por su parte, debe entregar un informe en el que se indique el estado de ejecución del contrato celebrado. La decisión se tomó con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso y será él quien reciba los documentos por parte de las entidades para que durante los próximos días se defina la suerte de las acciones que corresponden a Triple A. El escenario al que se enfrenta básicamente es a que se suspenda toda negociación hasta tener claridad del precio y lo que se estipuló en el convenio.
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