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En la Corte Constitucional se resuelve una disputa del mayor interés para la industria licorera del país. El alto tribunal estudia actualmente una demanda con la que piden tumbar la ley que permite a las licoreras de cada departamento bloquear la llegada del aguardiente de otras partes del país a sus territorios. Este lunes, precisamente, fue el primer cara a cara entre los representantes de la industria, gobernadores, entes de control y los magistrados que tendrán que tomar la decisión de eliminar la norma y darle vía libre a la venta de cualquier licor en todo el territorio nacional, o si mantendrán los cercos para que solo se comercialicen productos locales.
El vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, es quien tiene en sus manos el grueso expediente. La complejidad del caso, dicho por él, es tan grande que fue necesario, además de recibir conceptos y documentos de parte y parte, convocar a una audiencia pública para escuchar todas las voces que intervienen en el proceso que tiene como protagonistas a tres abogados conocedores del tema jurídico y comercial: Julio Andrés Ossa Santamaría (exconjuez de esa corte), Pablo Felipe Robledo del Castillo (exsuperintendente de Industria y Comercio del gobierno Santos) y Jorge Enrique Sánchez Medina (exdelegado para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio).
Son ellos, precisamente, quienes le piden a la Corte Constitucional que declare inexequible, es decir, que deje sin efectos la ley que regula el monopolio licorero del país (Ley 1816 de 2016). Esa norma permite que los departamentos “que ejerzan el monopolio de la producción directamente, o por contrato” suspendan, hasta por seis años, la expedición de permisos para que a sus jurisdicciones entren marcas de aguardiente de otras partes del país e incluso de otros países (Art. 28). Pero, a consideración de los demandantes, esa norma “supone una vulneración de la libertad económica y libertades civiles”, como dijo Ossa Santamaría a la Sala Plena del alto tribunal.
El caso, según los demandantes, va más allá que una mera disputa sobre el comercio de aguardiente en Colombia, “es la definición de hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de la libertad humana”. Desde su perspectiva, esos cercos que permite poner la ley “desdibuja lo dicho en la Constitución, de que Colombia es un Estado unitario en el que las libertades públicas están garantizadas en todo el territorio nacional”. Esto, señalan, porque al tener cada departamento la posibilidad de bloquear la llegada de productos, crearía 32 jurisdicciones distintas con normas particulares.
La norma, según Ossa, Robledo y Sánchez, les permite a los gobernadores de cada departamento “de manera odiosa” coartar la libertad comercial para “favorecer a su empresa local”. Para ejemplificar, señalaron que actualmente en “Antioquia, por ejemplo, no puede consumirse el Aguardiente Cristal, o el Amarillo de Manzanares, y que solo pueda consumirse Néctar por unos años más y Antioqueño por el resto de la vida”. También cuestionaron que en “Bogotá y Cundinamarca no puede consumirse Aguardiente Amarillo de Manzanares”. En la balanza igual pusieron de presente que departamentos como Caldas —que tiene su propia licorera— sí se permite la libre comercialización de cualquier aguardiente.
Aunque la discusión que avanza en el alto tribunal es del más alto nivel, y muy taquillera por la industria que la protagoniza, no de todos los lados quieren entrar en la polémica. Dentro de los convocados a la audiencia estuvo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en representación del Ejecutivo. El funcionario fue claro en su intención de desligar del tema al Gobierno desde el primer momento: “Nosotros como Gobierno no tenemos mucha injerencia en el tema”.
También dejó claro que la decisión que está en manos de la Corte no tiene mayor injerencia en el Gobierno Nacional, porque “van a tomar unos ingresos de los departamentos, los cuales ni la nación ni los municipios tienen nada que ver”. El ministro fue reiterativo en que la discusión de fondo que tienen los magistrados es ver cómo se financian los departamentos, porque, como lo dijo, “la salud se financia con el vicio”.
A su turno, uno a uno los representantes de las licoreras departamentales se presentaron ante la Sala Plena y los asistentes para defender que el monopolio de la venta de aguardiente siga en pie. Sin embargo, el choque de pesos pesados se dio entre la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel. Por su parte, Toro sostuvo que el monopolio sí debería continuar tal cual viene funcionando. Para ella, abrir la competencia traería consecuencias negativas a los ingresos de cada departamento. Resaltó que con el monopolio, desde 2017, las ventas pasaron de 4.3 millones de botellas a 10.8 millones en 2023, lo que representa un aumento del 151 %.
Asimismo, el gobernador de Caldas fue partidario de abrir la competencia en el mercado licorero. Para él, debe primar el derecho de los ciudadanos a acceder a un mercado libre y competitivo. Gutiérrez argumentó que el monopolio tal cual viene actuando limita la libertad de los ciudadanos e incentiva el mercado ilegal, en el cual se abre una brecha para la adulteración de productos. Según él, abrir el mercado no es sinónimo de destruir las industrias licoreras, sino que las impulsaría a ser más competitivas y que a su vez permite a los ciudadanos elegir entre una mayor variedad de productos de calidad.
Por ahora el caso seguirá madurándose en el despacho del magistrado Ibáñez, quien deberá analizar las posturas que escuchó la Corte este lunes. Además, está pendiente de que a su oficina lleguen las intervenciones que no pudieron escucharse en la audiencia pública, pero que, para el trabajo del alto tribunal, resultan vitales a la hora de decidir sobre un caso con grandes intereses económicos, políticos y, por su puesto, constitucionales.
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