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Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, no asistió al Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), que se realizó entre el miércoles y viernes de esta semana en Cartagena. En cambio, realizó un foro en Valledupar para empezar a socializar la ley de tarifas, un proyecto que la cartera radicará en el Congreso, probablemente, el 20 de julio.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial Nacional, dijo que la ley de tarifas es un “globito”, argumentando que es muy complejo que en el último año de gobierno el Congreso apruebe una iniciativa de este tipo, especialmente cuando la administración de Gustavo Petro no la ha concertado con nadie.
Palma dejó plantadas a las empresas del sector para presentar su propuesta en la capital del Cesar. Después le respondió a Camilo Sánchez. “Allá hacen una buena fiesta, no más”, dijo el ministro sobre el evento que por 27 años han realizado las empresas de servicios públicos para hablar de los temas del sector. Sánchez invitó al ministro a no “perder la oportunidad” de estar en un encuentro en el que hay discusiones técnicas. Dijo que no va a caer en “bajezas”, que en el congreso de Andesco no solo se festeja y que el sector permanece unido.
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En medio de la discusión y la pelea por quién pone agenda (un funcionario del Gobierno le dijo a este diario que desde hace tiempo el presidente Petro ha cuestionado a las entidades por dejar que sean los gremios los que llevan la batuta), las necesidades de los usuarios siguen en la banca, a la espera de soluciones reales y propuestas realizables. “Llevamos muchos años luchando porque en los servicios públicos tengamos tarifas pagables”, le dijo a este diario Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe.
La promesa de cambiar las tarifas de energía es bien recibida en un país que las sufre, sobre todo en el Caribe, pero después de tres años de discusiones, peleas y ataques, en el que cada parte busca la frase más taquillera para ocupar titulares, la realidad es que las tarifas siguen siendo un dolor de cabeza.
El coordinador de la liga describe el nerviosismo de tener un recibo en la mano que toca pagar, pero para el que no hay plata porque, como dice el lema que han acogido los dirigentes del Caribe para llamar la atención del Gobierno, “comemos o pagamos la luz”. En varias ocasiones, los usuarios le han pedido al Gobierno establecer una mesa de concertación en la que también estén las empresas y la academia para fijar una hoja de ruta que sí se pueda materializar y repercuta en la calidad de vida de los hogares.
Todo parece indicar que esa concertación, el acuerdo nacional del que tanto se ha hablado en el mundo político, ya no será en este gobierno. Por ahora, está sobre la mesa el borrador de la ley de tarifas que Palma empezó a socializar el jueves pasado en Valledupar.
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La ley de tarifas
Con el proyecto, según el primer borrador, el Gobierno buscará soluciones para la opción tarifaria, hacer ajustes en los subsidios de energía que reciben los estratos 1, 2 y 3, y cambiar la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entre otras cosas.
La opción tarifaria es un mecanismo que se aplicó en pandemia y en el llamado pacto tarifario para evitar incrementos bruscos en las tarifas y así poder distribuir los saldos en un mayor período. Aunque en su momento parecía una solución, cuando llegó la hora de pagar los usuarios sintieron un impacto en su bolsillo, en especial porque este cobro se sumó a otros incrementos que impulsaron los precios de la energía.
El presidente Petro prometió, hace más de un año en Barranquilla, que el Gobierno asumiría la deuda de los estratos 1, 2 y 3. La esperada medida se incluyó en la ley de financiamiento; en la práctica, una tributaria para financiar el presupuesto. Como ese proyecto se hundió en el Legislativo, la promesa quedó en el aire. Ahora, en la ley de tarifas, el Gobierno ya no busca pagar la opción tarifaria con recursos del Presupuesto General de la Nación, sino que sean los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales regulados los que asuman los saldos pendientes. La CREG definiría los mecanismos para hacerlo.
Según datos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), con corte a mayo falta pagar $2,9 billones de opciones tarifarias; $2,5 billones corresponden a los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Algunas zonas del país ya saldaron su deuda, cerca del 30 % de los usuarios de Colombia ya acabaron de pagar.
Para Camilo Manzur, director de Asocodis, la propuesta no es conveniente porque en la práctica las zonas en las que ya se hizo el pago, como Bogotá y Cali, tendrían que contribuir para asumir las deudas de otras. Además, quizás el punto más problemático, los usuarios de estratos 5, 6 y comercial e industrial regulados ya están pagando un aporte del 20 % para cubrir los subsidios que llegan a los estratos 1, 2 y 3.
José Plata Puyana, director de la línea de investigación de Transformación Energética de la Universidad Javeriana, explica que en la ley de servicios públicos hay un principio de solidaridad por el que los usuarios que tienen más recursos aportan para cubrir los subsidios de los estratos más bajos, pero ese principio tiene un techo (la contribución del 20 %). Para el experto, lo que preocupa de la propuesta es que rompe ese techo e impone más cargas sobre unos usuarios que ya aportan.
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Es importante tener en cuenta que entre los $2,5 billones de opción tarifaria de estratos 1, 2 y 3, según Manzur, cerca de $500.000 millones los debe pagar el Gobierno porque corresponden a subsidios de energía.
La segunda propuesta del Gobierno es modificar la asignación de los subsidios que mes a mes reciben en las facturas los usuarios de estratos 1, 2 y 3. El borrador dice que el Ministerio de Minas y Energía expedirá la reglamentación para evaluar la continuidad del subsidio en los hogares que superen el consumo mensual promedio de los estratos no subsidiados. Además, cuando el consumo promedio del usuario supere el doble del consumo de subsistencia (la cantidad mínima que se requiere para cubrir las necesidades de un hogar, que se usa para determinar los subsidios), se reasignará el estrato. Todas estas medidas aplicarían hasta que se implemente el Registro Universal de Ingresos para la focalización de los subsidios de energía eléctrica.
De fondo, con la ley los usuarios de estratos 1, 2 y 3 podrían perder el subsidio dependiendo de cuánto consumen. Esta no es una conversación nueva, incluso las empresas del sector reconocen que los subsidios llegan a personas que no los necesitan porque están atados al estrato, que no refleja fielmente las condiciones de vida de los hogares: puede haber personas con alto poder adquisitivo viviendo en una zona de estratos 2, por poner un ejemplo.
Alarcón sostiene que las medidas irían en “detrimento de la mayoría del pueblo colombiano”, mientras que Puyana opina que el cambio propuesto por el Gobierno, que busca focalizar los subsidios, es positivo: “Puede haber hogares que terminan consumiendo valores significativamente mayores a lo que consumirían si tuvieran que pagar el 100 % de la tarifa; ese es un incentivo negativo”.
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El tema de los subsidios se ha hecho más relevante con la situación fiscal del país. Según Asocodis, aunque el Gobierno hizo un esfuerzo para ponerse al día con la deuda de los subsidios de 2024, los recursos de 2025 están en veremos. “El presupuesto de este año está desfinanciado; solo hay recursos para financiar tres meses de subsidios. No hay recursos para los nueve restantes, lo que representa un déficit de $2,7 billones”, dijo Manzur.
Para Puyana, entre los puntos positivos también está la propuesta de establecer tarifas diferenciales de electricidad que incentiven la inversión en industrias que requieren grandes cantidades de energía. El experto explica que, tal como funciona en otros países, cobrar tarifas diferenciales a las empresas que quieren instalarse en Colombia y pueden traer externalidades positivas, impulsaría el desarrollo económico.
Una de las propuestas que no convencen es la de los cambios en la CREG. El presidente Petro ha expresado su molestia con esta Comisión, que regula el sector, y con los requisitos necesarios para elegir a los expertos que la conforman. Entre otras cosas, el mandatario ha dicho que, como la ley exige que los comisionados tengan seis años de experiencia en cargos directivos, los expertos llegan a la CREG a “servirles” a las empresas.
El anteproyecto de la ley de tarifas propone pasar de seis expertos comisionados a cinco y bajar la experiencia requerida a cinco años. Además, el Gobierno quiere incluir un representante de la academia, un representante de los usuarios y un representante de los trabajadores. Este es quizás el cambio más polémico: las fuentes consultadas del sector aseguran que es grave que la administración Petro busque bajarle el nivel técnico a una entidad fundamental para que el país siga encendido.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de ANDEG, sostiene que es “absurdo” pensar que en solo cinco años trabajando en el sector una persona ya es experta y que sumarle tres puestos nuevos a la CREG implica agregarle burocracia a la entidad. Considera, además, que si el Gobierno quiere perfiles específicos, por ejemplo, un académico, podría buscar personas con esas condiciones que también cumplan los requisitos que están en la ley. De hecho, en este gobierno la Comisión ha estado incompleta (y lo sigue estando) por la falta de diligencia en los nombramientos.
Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y excomisionada de la CREG, dice que si el Gobierno quiere más participación de los usuarios, hay otros mecanismos más efectivos que podría considerar; por ejemplo, que tengan acceso a los comités claves, al Consejo Nacional de Operación y a la información necesaria para hacer seguimiento, análisis y verificación de lo que está pasando con las tarifas.
Entre los cambios que busca el Gobierno también está garantizar que el pago de los servicios de energía sea independiente de otros cobros y establecer esquemas tarifarios diferenciales para reducir y estabilizar las tarifas que pagan los usuarios más vulnerables. Ahora bien, el mayor problema que los expertos consultados por El Espectador le ven a la propuesta es que no solucionaría el problema estructural. “Para que bajen las tarifas deben entrar más proyectos de generación lo más pronto posible y para eso hay que superar las barreras de licenciamiento ambiental, retrasos en consultas previas y que la UPME asigne puntos de conexión”, dice Plata, de la Javeriana.
Fonseca, que representa al gremio de los grandes consumidores de energía, agrega que lo más importante es que la CREG cumpla la agenda de regulación, y pone como ejemplo que las tarifas de transporte de gas llevan 15 años sin ser actualizadas. Castañeda, de ANDEG, dice que los cambios tarifarios no se deben hacer con una ley, sino por medio de la Comisión. Palma, por su parte, sostiene que el Gobierno quiere construir el proyecto con los usuarios y trabajadores, “sin encerrarse en la tecnocracia”. La cartera promete que el proyecto logrará “mejoras reales” en la vida de los usuarios.
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El gas, un tema urgente
Durante el congreso de Andesco, empresarios y expertos dejaron sobre la mesa varios temas que se deben atender de manera prioritaria. Uno de los más urgentes es la situación del gas, una conversación que se sigue dando en el terreno de la confusión, por las distintas versiones del Gobierno y las empresas.
La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), gestor del mercado de gas natural, presentó un informe que indica que el déficit de gas firme en Colombia en 2026 llegaría al 20 % de la demanda. María Inés Agudelo, presidenta de la BMC, explicó a este diario que esa cifra se puede reducir por dos caminos: con una resolución de la CREG que permitirá que contratos con interrupciones se vuelvan en firme y con la importación de gas por medio de la infraestructura del país. Aun con ambas estrategias, quedaría un faltante del 10 % para atender la demanda. Para conseguir ese gas, Ecopetrol está avanzando en opciones de regasificación para aumentar la capacidad de importación.
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“Las importaciones siguen siendo muy importantes, porque la oferta de los productores nacionales no cubre la demanda”, dijo Agudelo. Para que Colombia deje de necesitar la producción de otros países, debe entrar al mercado el gas del pozo Sirius, pero para eso todavía faltan años.
En este panorama, las peleas entre el Gobierno y las empresas no están beneficiando a los usuarios, que esperan soluciones. Por ahora, la atención sigue en la ley de las tarifas. Además de las consideraciones de los expertos, el principal obstáculo de la iniciativa es el trámite en el Congreso, en especial cuando el Gobierno ya tiene otras batallas por librar en el Legislativo, incluyendo la reforma tributaria por $19 billones, con la que busca ajustar las descuadradas cuentas fiscales.
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