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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué docenas de funcionarios del Esmad terminaron resguardando las entradas de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tenía que ver la elección de la nueva cabeza de la Fiscalía General de la Nación con esa situación? ¿La convocatoria a las marchas de la semana pasada, liderada por el Gobierno, tenía como propósito presionar a los magistrados? ¿Por qué los manifestantes, entre los que se veían representantes de sindicatos, indígenas y hasta portadores de banderas del M-19, y quienes se aglutinaron alrededor del Palacio de Justicia, tildaban de corruptos a los togados? ¿Por qué se dice que hubo un acto de agresión y de violencia en contra de los magistrados? ¿Por qué Gustavo Petro hablaba de “infiltración” mientras las altas cortes reclamaban por su seguridad? ¿Cuáles han sido los hechos concretos que han llevado a la relación tensa entre el Ejecutivo y parte de la rama judicial de Colombia? ¿Quién es Martha Mancera, la funcionara que desde este 13 de febrero está al frente de la Fiscalía, tras la salida de Francisco Barbosa? ¿Qué es eso de la “ruptura institucional” de la que habla el petrismo? Pues este boletín responde, contextualiza y resume lo que hoy se está viviendo en el país desde los contenidos que hemos publicado en la redacción de El Espectador. Comencemos.
Como siempre, hay que ir un poco atrás para buscar todo el contexto posible. Desde poco después de la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, el primer mandatario ha dicho que no lo quieren dejar gobernar y que lo que buscan es atacar a su gobierno, incluso habló de un “golpe blando” con supuestas acciones de altos estamentos públicos en contra de sus funcionarios o aliados políticos. Desde el Congreso (por la reformas), en las llamadas “ías” (como la Procuraduría y la Fiscalía con sus investigaciones al Canciller o al hijo del mandatario) hasta en el Consejo de Estado, pues fue este último quien tomó decisión contra el expresidente del Congreso, Roy Barreras, por doble militancia.
Pero, apelando a los hechos y no a los juicios, no son pocos los hechos sobre la mesa de los escándalos relacionados con la gestión de varios de sus funcionarios los que hemos visto en Colombia, como el de Armando Benedetti o Laura Sarabia, o más recientemente el canciller Álvaro Leyva, también el que protagoniza uno de sus hijos, Nicolás Petro, hoy investigado por la Fiscalía; o Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario, además de Danilo Rueda, otro nombre muy cercano y quien fuera su primer Comisionado de paz. Y está, además, uno muy delicado, el de los topes de campaña, que indaga el Consejo Nacional Electoral.
Con esto claro, vayamos a lo que sucedió el pasado diciembre, cuando veníamos de ser testigos, casi en vivo y en directo, de la posición del canciller Álvaro Leyva en relación con el millonario contrato de la emisión de los pasaportes y su crítica directa, respaldada por el presidente Petro, frente a Thomas Greg & Sons, pues la empresa llevaba varios años ganando y estaba claro que repetiría, una vez más. Este caso los explicamos, en detalle, en este enlace. Se sabe, por ejemplo, que el freno a dicho proceso por parte de Leyva, desencadenó en una demanda en contra del Estado de más de $100.000 millones y ahí fue en donde entró la Agencia Jurídica del Estado, liderada por la entonces Martha Zamora, una jurista de primer nivel, incluso cercana a Petro, que buscaba que dicha demanda terminara con una conciliación, pero el Canciller no estaba de acuerdo, hubo gritos y acusaciones. Al final, dicha pelea terminó en la renuncia de Zamora y, poco después, una apertura investigación de la Procuraduría en contra de varios funcionarios de la Cancillería, incluido Álvaro Leyva.
La investigación en contra de Leyva fue creciendo y el enfrentamiento entre el alto Gobierno y la Procuraduría también, a tal punto que hasta Petro salió en defensa del ministro de relaciones exteriores, pero el ente de control, para el 24 de enero, confirmó que Leyva debía salir de su cargo y, además, lo llamó a juicio disciplinario por este mismo caso, el de los pasaportes:
Política
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Política
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Política
“No nos van a dejar gobernar”: Petro se refirió indirectamente a suspensión de Leyva
Judicial
Procuraduría suspende al canciller Álvaro Leyva por contrato de pasaportes
Y aunque el Consejo Nacional Electoral ya venía adelantando sus propias indagaciones, el 24 de enero, tras unas inspección judicial hecha por la Fiscalía a la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), se supo de una investigación por posibles irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro de 2022. “Se conoció que habrían ingresado $500 millones que no fueron debidamente reportados”, contaba Laura Duarte Sandoval. Pero tanto desde el Gobierno como desde el partido del primer mandatario, negaron “haber incurrido en alguna irregularidad”.
Entonces Laura Duarte buscó a Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, para entrevistarlo. Él aseguró que “los señalamientos a la campaña ponen en peligro el fuero presidencial”. Precisamente la colega Laura Duarte nos recordaba que “según las cuentas oficiales, la campaña presidencial de Petro está a solo $151 millones de superar el tope de gastos en primera vuelta y a $147 del de la segunda”. Así que, si se confirma que entró el dinero de Fecode, “la campaña de Petro ya habría superado los topes”. Y con el espejo retrovisor en mano, también es necesario recordar que “en los audios que se conocieron del exembajador en Venezuela, Armado Benedetti, hace seis meses, se habla del supuesto ingreso de $15.000 millones adicionales; mientras que Nicolás Petro, en una de sus declaraciones ante la Fiscalía, dijo que habrían entrado “millones”, aunque no se conoce la cifra exacta”.
Leyva firmó otros 12 decretos, a pesar de que la Procuraduría lo suspendió
La pelea entre el presidente Gustavo Petro y el entonces fiscal, Francisco Barbosa, era pan de cada día. Los dos han mantenido su relación “en una dura confrontación política y pública, con visos judiciales, desde hace varios meses”, escribía la redacción Política. Petro, por ejemplo, ya habla de una “ruptura institucional” por cuenta de “las indagaciones que se han hecho a su campaña por presuntas irregularidades en la financiación y en los reportes de gastos”. Lo dice porque se está investigando al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por, precisamente, los temas de ingresos de dineros en la campaña, pues estos dos funcionarios fueron determinantes cuando se estaban buscando votos para llegar a la Casa de Nariño. A eso le suma lo que ya había sucedido con Álvaro Leyva desde la Procuraduría. “Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda”, escribía Petro en su cuenta de X. Era evidente el llamado “al pueblo” para que saliera a las calles.
El país político reaccionó ante los señalamientos que lanzó el jefe de Estado y que caían directamente sobre Francisco Barbosa, quien ha sido criticado por politizar a la Fiscalía, pero él se ha defendido siempre diciendo que se apega a la Constitución, a la ley, para funcionar como le corresponde al ente de investigación. Iván Name Vásquez, protagonista político, fue contundente: “Como presidente del Senado me declaro sorprendido por la declaración del señor presidente de la República sugiriendo un llamado a la confrontación civil. Son los espacios democráticos y del diálogo los que deben prevalecer para el entendimiento y el trámite de nuestras diferencias”. Y agregó: “La respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver nuestros conflictos. Todo desafío a nuestras instituciones democráticas debe ser repudiado dentro del marco de la Constitución y la ley”.
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La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, también dejó saber su posición: “Dizque ruptura institucional. Una declaración de ineptitud. No saben gobernar ni les interesa, no saben armar equipos ni dar resultados. Ante su propia incompetencia les toca llamar al caos para que la gente no se dé cuenta de lo evidente: que la presidencia les quedó grande”. Y así, poco a poco, se hacían más evidentes las diferencias, la polarización. Pero desde el otro lado, también había quien pedía respaldo al primer mandatario: “La denuncia del presidente Petro sobre la amenaza de una ruptura institucional debe conjurarse con serenidad, rodeando al Presidente y pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que la semana entrante proceda a elegir la mujer que debe suceder al fiscal Francisco Barbosa”. Ya eran varias las declaraciones que ponían foco, precisamente, en la elección de la nueva cabeza de la Fiscalía. Se iban calentado motores para las marchas. Las ofensas en redes sociales no paraban y hasta la Iglesia entraba a mediar:
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Las marchas ya tenían fecha. Fecode estaba liderando por petición del mismo Petro. Serían el 8 de febrero, el mismo día en el que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunirían para tomar decisiones sobre la elección de una de las tres mujeres ternadas por el presidente Gustavo Petro para ocupar el cargo de Fiscal, y que debería entrar a su cargo una vez Francisco Barbosa dejara su posición el 12 de febrero. Pero después de tanta gasolina enviada desde las redes sociales, de llamar a la calle, el país entero supo que Petro se había reunido con los magistrados Gerson Chaverra y Octavio Tejeiro, de la Corte Suprema de Justicia, a puerta cerrada. Ese día el Presidente escribió: “Un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad”. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso, la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes”, advirtió Petro desde su cuenta de X.
Entre tanto, el mandatario seguía defendiendo a Canciller y atacando a Margarita Cabello, la Procuradora, por la suspensión de Leyva. “La procuradora creó la figura de autosuspenderse”, escribió en su cuenta de X, refiriéndose a que “el presidente es el que nombra y el presidente es el que suspende”. Pero, tras consultar lo que dice la ley, la redacción Política confirmó que “el Código Disciplinario Único faculta a la Procuraduría para suspender funcionarios públicos como el Canciller”. Leyva, sin más caminos, tenía que acatar la decisión y apartarse del cargo.
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El 7 de febrero “43 congresistas firmaron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se investiguen las denuncias que hizo el presidente Gustavo Petro en medio de su choque con el saliente fiscal general, Francisco Barbosa” sobre la llamada “ruptura institucional”. Todos, afines al petrismo, al Pacto Histórico. Y reclamaban un pronunciamiento y una visita de una comisión especial al país. Hablaban de “falta de independencia e imparcialidad de algunos órganos de justicia y de control”. Se referían a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Para el 8 de febrero, antes del mediodía, se sabía que Luis Gilberto Murillo, el hasta ahora embajador de Colombia en Washington, estará en el cargo de las labores del ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Álvaro Leyva, en principio, por los tres meses que dura la suspensión que ordenó la Procuraduría. “Para al presidente Petro dar ese paso no fue fácil, pues siente que la decisión de la Procuraduría de Margarita Cabello (ligada a sectores conservadores y de Cambio Radical) es más política que jurídica”, pero “en todo caso terminó aceptándola y firmando el decreto que oficializó el regreso de Murillo a Bogotá”. Incluso hizo comparaciones, y se preguntó el por qué nunca se tomaron este tipo de acciones en contra de Karen Abudinen, exministra TIC, vinculada al escándalo de los $70.000 millones de Centros Poblados. Según Petro, tanto la exfuncionaria como la Procuradora son cercanas a la casa Char de Barranquilla.
Y en medio de este contexto, llegamos al día de las marchas, al 9 de febrero de 2024. Los manifestantes en Bogotá estuvieron al frente de la Fiscalía exigiendo la salida de Barbosa, y, en el centro, rodeando el Palacio de Justicia, haciendo lo propio, pero a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Allí algunos manifestantes terminaron enfrentados con el Esmad porque estaban bloqueando las puertas de acceso al alto tribunal cuando se conoció la noticia de que los togados no habían elegido entre la terna. Los tildaban de corruptos por no elegir ese día, decían arengas en la carrera 8 y la calle 12, cuando constitucionalmente dicha Corte está dentro de los tiempos y tenía todo el derecho de votar, como lo hizo, sin que se llegara a una decisión final ese día. No se alcanzaron los votos requeridos. La situación, delicada, mereció el llamado de atención no solo de la misma Corte Suprema de Justicia, sino de la Corte Constitucional, del Congreso también:
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Las críticas al Gobierno no se hicieron esperar, pues al final el mismo presidente Petro había sido quien había lanzado el llamado a las marchas. También Fecode y lo demás manifestantes, con sus banderas y pancartas, exigían que la Corte eligiera la nueva Fiscal ese día. Hasta grupos indígenas y personas con banderas del M19 acompañaban la manifestación. Petro dijo que eran unos pocos infiltrado tratando de generar violencia. Pero el hecho de que los magistrados estuvieran sin la posibilidad de salir del Palacio por cuenta de que los manifestantes tenían bloqueadas las entradas y salidas, fue leído de varias formas. Para la Corte Suprema de Justicia, dichos bloqueos fueron un asedio al Palacio de Justicia. “Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, dijo al alto tribunal, que agregó que la democracia queda en vilo cuando un sector de esta intenta presionar decisiones judiciales, por lo que pidió al Gobierno garantías, nos contaba la redacción Judicial.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes Cuartas, también sentó posición con su voz: “Que el presidente entienda que no somos oposición”. Recordó que “La Corte está para hacer respetar la Constitución, es el árbitro fiel de esas controversias y es el guardián de la supremacía de la Constitución”. En entrevista con El Espectador, dijo: “Yo creo y entiendo de buena fe que ellos (los magistrados) sienten afectada su independencia, que el cercamiento que sufrió el Palacio de Justicia y las manifestaciones, no generales, pero sí incidentales, de violencia y el impedimento de la libre movilidad de los magistrados de las Cortes tiene esa lectura. Afecta su independencia y en esa medida uno lo que tiene que hacer es llamar a la sensatez, a la calma y a que se entienda que la Corte Suprema necesita tranquilidad para deliberar”.
Y agregó: “Si yo fuera el presidente de la Corte Suprema, agendaría el tema de elección de fiscal general cada que haya Sala Plena. Pero si existe un cerco violento parecido al que ocurrió, pues lo que haría para salvaguardar la integridad de los magistrados y de las instalaciones, sería no discutirlo, hasta tanto haya un clima pacífico, que garantice la integridad de todas las personas que trabajan en las Cortes. No puede ser que sus familias lo estén llamando a uno para saber si uno está bien o le pasó algo, como si hubiera habido un terremoto. Ese ambiente de zozobra exaspera y obnubila los ánimos y la libre posibilidad de pensar y discutir con tranquilidad”.
La Corte Suprema puede ahorrarnos más divisiones
Evidentemente la semana pasada fue una de las más turbulentas para Petro, y eso que han sido varias en su Gobierno. “En medio del choque institucional que ha generado el proceso para elegir nueva fiscal, el presidente atendió las demandas de los gobernadores, quienes pidieron más recursos e hicieron un llamado a la calma”, escribió David Efrén Ortega. “En menos de cinco días, el mandatario se reunió con delegaciones internacionales de primer nivel, como la de los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU; hizo cambios estratégicos en su gabinete, como el nombramiento provisional de Luis Gilberto Murillo en la Cancillería; y escaló la controversia por la elección de la nueva fiscal general, un debate que se trasladó de los tribunales y las redes sociales a las calles”.
El presidente Gustavo Petro ha seguido insistiendo en que el país necesita esa elección de la nueva fiscal, la oposición política también se refirió en voz de Paloma Valencia: “el presidente convocó una manifestación para presionar a la Corte Suprema de Justicia cuando tiene bajo investigación penal a su hijo (Nicolás Petro) y a miembros de su campaña; quiere un fiscal de bolsillo. Coincidimos con los fuertes pronunciamientos que han hecho congresistas como Catherine Juvinao, Jota P (Jonathan Ferney Pulido Hernández), Angélica Lozano e incluso el expresidente César Gaviria”. Mientras tanto congresistas del Pacto Histórico hablaron de que no se debería perder de vista “la atención ante los escándalos de la Fiscalía, la Procuraduría y los clanes regionales”:
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Pero este boletín no podría ser un resumen si no publicáramos el balance de lo que hizo Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía, elegido en la era de Iván Duque y criticado, desde siempre, por la administración Petro, teniendo en cuenta, además, que los últimos meses de Barbosa fueron más que políticos. “Cuatro años después de su llegada, abogados, funcionarios y expertos analizan su paso por el búnker. Aunque critican su papel como actor político y el daño que le hizo a la entidad, destacan, con cautela, sus aciertos”.
Aquí va una parte de ese balance y análisis, pero el texto completo aparece en este enlace escrito por la redacción Judicial: “Vamos por partes. Francisco Barbosa llegó y salió de la Fiscalía en medio de cuestionamientos por su cercanía a la política. La primera estaba cantada desde que su compañero de universidad, el expresidente Iván Duque, lo ternó y luego fue elegido por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2020. Sobre él no solo llovieron críticas por su cercanía con el entonces primer mandatario, sino porque no tenía experiencia en temas penales ni en la dirección de entidades públicas. Ya investido como fiscal, llegó el problema: su presunto impedimento en las investigaciones por una supuesta compra de votos a favor de la campaña de Duque. Un caso que se conoció como la ñeñepolítica, por el supuesto vínculo ilegal del ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández. Barbosa siempre dijo que no tenía ninguna razón para apartarse del caso, pues los fiscales eran autónomos y porque no tenía “línea directa con el presidente””.
El presidente Gustavo Petro mantuvo su llamado a las movilizaciones, pero dijo que habrá garantías, todo esto después de lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia. Barbosa, mientras tanto, dejaba su cargo y quedaba en su reemplazo la vicefiscal Martha Mancera -todavía no se elige a su reemplazo-, no sin antes decir que “la Fiscalía no atenta contra el poder presidencial”. Por medio de una declaración en redes sociales, dijo: “No podemos equivocarnos. La polarización significa enfrentarnos sin argumentos y siempre la Fiscalía planteó argumentos”, dando a entender que, desde su lado, no se polarizó en medio de un país dividido y polarizado.
¡Por favor, no más gasolina al incendio institucional!
Decía el editorial de El Espectador, justo el día que Barbosa dejaba su cargo, que “más allá de las discusiones sobre resultados puntuales, la Fiscalía de Barbosa pasará a la historia por minar la legitimidad de las instituciones, agredir de manera irresponsable al presidente de la República y promover una interinidad cuestionada. Todo esto muestra la urgencia de redefinir las reglas de elección de fiscal y las inhabilidades de los directores de entes de control una vez dejen sus cargos, pero en el Congreso no hay voluntad política para una reforma de ese estilo”.
Y mientras la Corte Suprema de Justicia vota y decide quién será la nueva fiscal de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro, también es necesario responder quién es Martha Mancera, la fiscal encargada en este momento y que ya tiene dos días al frente del ente investigador. Aquí van dos párrafos de información, pero recomendamos entrar a este enlace, en donde está toda la reportería detallada: “Mancera se le cuestionó por su presunta cercanía con los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, quienes son sus amigos, y están siendo investigados desde 2021 por presuntos nexos con el narcotráfico en el Valle del Cauca. El ente investigador asegura que ellos, aparentemente, hacían parte de una red de corrupción detectada al interior de la entidad, que habría estado conformada por funcionarios que favorecían en investigaciones a narcos y a jefes criminales, a cambio de dádivas”.
Y una más: En “los días previos a la designación de Mancera como jefe encargada, la Revista Raya y RTVC, sistema de medios públicos, publicaron una serie de investigaciones periodísticas en las que señalan a la funcionaria pública como presunta encubridora de graves delitos en Buenaventura. En este caso, la pesquisa adelantada por un agente del CTI asesinado, Mario Fernando Herrera, contra el mismísimo director de esa institución en Buenaventura, Francisco Javier Martínez. Según las indagaciones, este último estaría vinculado con la contaminación de buques del puerto que llevarían cocaína a Europa y Centroamérica”.
Entre los analistas hay lecturas por hacer: mientras unos dicen que lo que busca el gobierno Petro -como sucede con todos los gobiernos- es poner su fiscal y con ello influir sobre las investigaciones en curso -como la que en este momento está en contra de Nicolás Petro, el hijo de presidente-; otros dicen que dejar la Fiscalía General de la Nación en manos de Mancera en dejar el aparato más importante de investigación en manos corruptas, justo como lo que ha manifestado el mismo presidente Petro. Así que, si todo se lee como se escribe, seguirá la confrontación entre el presidente y la cabeza de la Fiscalía. A un lado, también, con la Procuraduría. Y con las Cortes, pues por el lado de la Suprema de Justicia, que se sintió amenazada, está la elección de la nueva fiscal, y por el lado de la Constitucional, donde le resultan tumbando leyes a todos los presidentes porque, como lo dice su nombre, terminan siendo inconstitucionales por fallos de fondo o de forma, también se seguirán viendo mensajes en X desde el lado del primer mandatario.
Los que estamos viendo, desde la tribuna, todos estos enfrentamientos institucionales, esperamos que los líderes y lideresas de estas, estén a la altura del reto que implica llevar las riendas de un país cargado de violencia, con una desigualdad marcada, con registros de masacres semanales, de violaciones de derechos humanos, de amenazas, de zozobra. Solo entre aquellos que piensen más allá, en el bien de la mayoría de todos los colombianos, deberían reposar las instituciones de un país que, a pesar de construirse sobre la triste historia de la violencia, ha logrado sobrevivir y quiere seguir adelante. Seguiremos informado todos los detalles de la elección de la fiscal, de lo que pase en la Fiscalía, de los choques entre la Presidencia y la Procuraduría, del papel de las altas cortes en medio de la democracia.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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