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En el Congreso nadie responde por las denuncias de presunta corrupción. En los pasillos del Capitolio, es un secreto a voces que hay funcionarios que piden coimas a empleados que ingresan a trabajar allí, como una cuota para pagar su permanecía en los cargos. Además, el pasado jueves se hizo pública una denuncia por un caso en el que, supuestamente, se entregaron más de $8.000 millones a una empresa fantasma para la operación del Canal Congreso. Los señalamientos dieron pie a que la Procuraduría abriera una indagación previa contra senadores y funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera del Congreso, para establecer si realmente se presentaron irregularidades en los convenios interadministrativos suscritos con la empresa Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicios Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones (Dicitec S.A.S.)
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En la denuncia se resaltaron varios nombres: John Jairo Uribe, exproductor de Canal Congreso; su hija, Valeria; Maritza La Rotta, jefa de prensa del Senado, y La Fuerza de la Paz, nuevo partido de Roy Barreras, senador y presidente del Congreso. Los señalamientos, hechos en la denuncia del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) apuntan a que Dicitec resolvió subcontratar la mitad de la ejecución del convenio —es decir, entregar $4.000 de los $8.000 millones— a la empresa pública Comunicaciones Estratégicas, la cual tiene como única accionista a Valeria Uribe. La página web de esta empresa es la que aparece en el perfil de Facebook de Fuerza de la Paz, del senador Barreras.
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A pesar de que las denuncias apuntaran a varios nombres, hay uno que permanece oculto, pero es quien realmente tiene las respuestas sobre la contratación: Astrid Salamanca Rahin, directora administrativa del Senado, quien fue ratificada en el cargo en octubre de 2022 por sexta vez consecutiva, llegando a 12 años en la corporación. Este diario trató de contactar a Salamanca desde el 13 de marzo, cuando se conocieron tres casos de supuesto acoso laboral y sexual contra John Jairo Uribe, pero en esa oportunidad no hubo respuesta. El Espectador insistió en el diálogo con la administradora general y, aunque hubo respuesta, fue negativa, contestando que no se referirá a nada, pues “frente al caso en particular, ya se encuentra en investigación por parte de los órganos de control competentes, quienes presentarán los avances respectivos en la misma”.
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Salamanca tiene un enorme poder en el Congreso, pues la Dirección Administrativa se encarga de hacer nombramientos, promoción y remoción del personal, contratar, asignar las oficinas a los senadores y entregar contratos para el manejo del Canal Congreso, entre otras funciones. Aún así, ha pasado de agache por más de una década en su cargo, pues, a pesar de los últimos tres cambios de gobierno (Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro), parece que su relación con los legisladores de todos los bandos es lo suficientemente buena para mantenerse en un puesto al que se llega por convocatoria pública, pero que finalmente es escogido por los congresistas, quienes votan y a “pupitrazo” eligen. Su sexta elección se dio con 89 votos a favor y solo cuatro en blanco.
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Por otra parte, de John Jairo Uribe y su hija Valeria no se tiene razón desde el pasado 13 de marzo, cuando fueron apartados de sus cargos en Canal Congreso. Distintas fuentes del medio de comunicación del Capitolio le dijeron a este diario que a raíz del escándalo no se volvió a tener razón de ellos y no se les ha visto junto al senador Barreras, como era costumbre. Asimismo, esas fuentes hablaron de Maritza La Rotta, quien, de acuerdo con el contrato suscrito entre el Senado y Dicitec S.A.S., es la supervisora del convenio por $ 8.159′504.952. La Rotta, quien prefirió no referirse a ningún tema, fue designada jefa de prensa de la corporación por la mesa directiva del Senado, integrada por Roy Barreras, Miguel Ángel Pinto (del Partido Liberal), y Honorio Henríquez (del Centro Democrático).
Robinson Castillo Charris, quien fue jefe de prensa del Senado antes que La Rotta, asegura que el asignarle la supervisión del Canal Congreso al jefe de prensa de turno es lo que generalmente ocurre. Aun así, enfatiza en que el medio tiene un director que es quien debe velar principalmente por el funcionamiento del canal.
El escándalo, además de la investigación, trajo la promesa del senador Barreras de demandar a Jota Pe Hernández por decir que él tendría relación con el caso, pues los contratos se dieron luego de que asumiera como presidente del Senado y porque John Jairo Uribe es cercano a él, ya que trabajó en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y lo ha acompañado en varias campañas políticas, incluyendo la más reciente que lo dejó electo como congresista. Ante los señalamientos, el presidente del Congreso dijo que “la Dirección Administrativa ha informado públicamente que el contrato con una reconocida firma llamada Dicitec, que no tiene nada de ‘fantasma’ y presta servicios a múltiples entidades del Estado, le fue adjudicado por ser la oferta más económica y calificada”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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