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El presidente Gustavo Petro Urrego sigue empeñado en hablar de un “golpe blando” cada vez que una instancia judicial o un ente de control toma una decisión que, o le cambia los planes de gobierno, o impacta a él mismo o a su círculo cercano. La más reciente declaración en este sentido se conoció en la mañana de este miércoles, 8 de mayo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la radicación de una ponencia que pide que al jefe de Estado se le formulen cargos por la supuesta financiación ilegal de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022. En sus ya habituales mensajes en X (antes Twitter), el presidente habló del comienzo del “golpe blando”.
Entre esos mensajes, que terminaron en un extenso hilo con miles de reacciones, Petro pidió algo todavía más delicado: “A los colombianos progresistas en el exterior, iniciar las campañas en el mundo contra el golpe de Estado en Colombia”. La advertencia la incluyó en un trino en el que agregó: “Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa (el CNE) formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional”. La publicación de redes social, sin más contexto o explicación, podría pasar desapercibida. Sin embargo, detrás de sus palabras reposa una discusión jurídica que hasta al más radical de los abogados conservadores está echándole cabeza.
Aunque constitucional y jurídico, el tema es crucial. En términos sencillos, a lo que se refiere el presidente Petro es que una instancia administrativa, en este caso dos magistrados del CNE, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), radicaron una ponencia en la Sala Plena en la que piden que le sean formulados cargos porque, al parecer, habría pruebas suficientes para demostrar su participación en la financiación ilegal de su campaña. Esa petición la hicieron solo dos magistrados de los ocho que tiene la Sala Plena y todavía no es una decisión tomada, pues hace falta que seis togados apoyen la ponencia. La segunda frase del presidente dice que esa petición “es una abierta ruptura institucional”.
Aunque no lo explica, el primer mandatario está haciendo referencia a que, según la Constitución, el CNE no tiene las credenciales para investigarlo. ¿Por qué? Porque tiene fuero presidencial y su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Aquí es donde aparece el asunto para abogados, pero que con los trinos del presidente Petro, ya es un tema de interés nacional. Fuentes cercanas al proceso en el Consejo Nacional Electoral le explicaron a este diario que los magistrados que presentaron la ponencia sostienen que sí pueden investigar a Gustavo Petro, pues lo hacen por conductas que habría cometido como candidato presidencial. Es decir, cuando no tenía fuero.
El problema jurídico es que ese argumento de los magistrados del CNE ha sido históricamente desvirtuado. No solo por las altas cortes, sino por académicos y expertos que consideran que el fuero presidencial es integral. En palabras no tan jurídicas, ese concepto significa que la protección que tiene un presidente de no ser investigado por un sin fin de instancias, que en últimas podrían torpedear su trabajo con asuntos extrajudiciales, lo arropa en todos los frentes judiciales, desde lo penal, lo fiscal, lo civil y hasta en lo administrativo. El abogado Alfonso Portela conoce, como pocos, los pormenores de las investigaciones del CNE, pues estuvo al frente de casos de la relevancia de la investigación contra la campaña Santos Presidente por la supuesta financiación de Odebrecht.
Aunque en ese momento, el expresidente renunció a su fuero para que el CNE lo investigara, el caso terminó archivado y, además, se le vencieron los términos. En todo caso, Portela recordó que en ese proceso también fue claro desde sus inicios que al expresidente Santos lo protegía su fuero, por lo que la investigación tenía que pasar a la Comisión de Acusación. “La competencia que se han arrojado funcionarios del CNE para investigar presidentes es discutible. Uno no puede imaginarse a un mandatario supeditado a que una autoridad distinta que su juez natural pueda iniciar una investigación. El fuero presidencial no puede pensarse según el caso porque pierde su naturaleza y una investigación tan delicada como la que se puede adelantar contra un presidente quedaría en manos del criterio de cualquier funcionario”, explicó Portela.
El abogado puntualizó que en ningún momento se está poniendo en duda la capacidad de investigación del CNE, pues está en todo su derecho de indagar cuando cree que se cometieron irregularidades en una campaña. Sin embargo, cuando se trata de decisiones, precisamente como la de formular cargos contra un presidente, el asunto es otro. En esta misma vía se pronunció el constitucionalista Juan Manuel Charry. Además de aclarar que el CNE tiene toda la autoridad de auditar una campaña política, sus sanciones solo pueden ser en contra de gerentes y administradores. “Pero si comprueba que se violaron los topes, debe compulsar copias a la Comisión de Acusación para que adelante el juicio político contra el presidente. El CNE investiga la campaña, no al presidente”, puntualizó.
No solo es la primera vez en la historia del país en que dos magistrados del CNE proponen una decisión que podría afectar a un presidente, sino que abre la puerta para que otras instancias utilicen el mismo argumento y, de esta manera, el primer mandatario pueda ser investigado por asuntos de cuando era senador, por ejemplo, sin que su juez natural tenga cartas en el asunto. En todo caso, en esta historia política y judicial no hay nada escrito, al menos no por ahora. Mientras el presidente llamó al Pacto Histórico “a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. La democracia entra en emergencia”, en su proceso todavía no hay ninguna decisión en firme.
Si bien la ponencia ya está radicada, aún hace falta que la Sala Plena vote y, para que prospere, debe conseguir al menos seis votos de ocho. Además, uno de los abogados del presidente, Mauricio Pava, ya activó formalmente el conflicto de competencias contra el CNE, pues considera que todos los asuntos contra su cliente son del resorte de la Comisión de Acusación. Así las cosas, para contestar la pregunta de quién tiene que investigar al presidente en este asunto administrativo, o si verdaderamente estamos ante una arbitrariedad o una ruptura institucional, como lo dijo el mandatario, hay que esperar que un alto tribunal estudie el recurso del abogado Pava. En todo caso, en esas instancias ya hay camino labrado, pues la Corte Constitucional lleva décadas advirtiendo que el fuero presidencial es integral e inamovible.
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