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La situación de la energía y el gas es tan crítica, que, por primera vez, los cinco gremios del sector organizaron una rueda de prensa conjunta para pedirle al Gobierno medidas urgentes. Las empresas sostienen que el escenario actual se pudo haber evitado y que si en este momento no se toman acciones, el país podría incluso llegar a un apagón.
El Ministerio de Minas y Energía dijo a este diario la semana pasada que “en ningún momento” el sistema ha estado en riesgo de experimentar déficit de abastecimiento, que las simulaciones realizadas concluyen que hay suficiente energía, incluso en los escenarios de hidrología más crítica y que “la temporada seca no puede ser aprovechada para generar pánico”. Sin embargo, los gremios sostienen que hay una crisis que se debe atender.
Este martes, cada eslabón de la cadena explicó en qué punto se encuentra y qué hace falta para prevenir un problema mayor. Aquí le explicamos los puntos clave del encuentro.
Los riesgos de corto y mediano plazo en el sistema energético
Dos puntos son claves para entender la situación de la energía en Colombia. El primero, como explica Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), es estructural. Desde 2027 habrá un déficit de energía en firme. Para enfrentarlo, los gremios piden sacar subastas de expansión, pero sin limitar la participación de tecnologías. “Las que más energía en firme dan en este momento son la hidráulica y la térmica. Para que se presenten esas dos tecnologías se necesita confianza para poder hacer inversiones, que serían de aproximadamente $9 billones de aquí a 2027, y garantía de que habrá gas para que pueda crecer el parque térmico”.
La segunda situación es coyuntural. En tiempos normales, el 70 % de la generación de energía es hidráulica, de ahí que el sistema “sufre” en los momentos de bajas lluvias. Para diciembre, mes en el que arranca el tiempo seco, el nivel útil de los embalses debería estar en 67 %, como mínimo, según los análisis de la CREG. El problema, como explicó Acolgen, es que actualmente el nivel está en 51 %: está lloviendo 58 % menos de lo que suele hacerlo en esta época y no es claro si llegará, y de qué forma, el fenómeno de La Niña.
“Tenemos la gran incógnita de si alcanzaremos a llenar los embalses de aquí a diciembre para enfrentar el próximo verano eléctrico”, afirmó Gutiérrez. Los gremios sostienen que no solo se trata del clima, sino que también hay temas estructurales por los que el país está en “el filo de la navaja”. El principal es el atraso de la entrada de proyectos de generación de energía, según cifras de Acolgen, en los últimos cinco años no han entrado cerca de 4.000 megavatios que debían entrar.
Para este punto ya se activó el Estatuto de Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento que, en pocas palabras, entra al ruedo porque el nivel de los embalses es bajo con respecto a la senda de referencia y los precios en la bolsa de energía no están tan altos (al compararlos con el precio de escasez). El objetivo es cuidar las reservas de agua y para eso las plantas térmicas, las mismas que evitaron un racionamiento de energía en el pasado fenómeno de El Niño, deben generar más electricidad. Los gremios piden que este mecanismo se use con responsabilidad técnica.
La solicitud en el “muy corto plazo”, casi que de manera urgente, es que el Gobierno arranque una campaña de ahorro de energía que incluya incentivos para los usuarios. La segunda es que se ponga el acelerador en los proyectos que están en construcción para que puedan entrar todos los megavatios posibles en medio de esta crisis.
Para Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables de Colombia, Ser Colombia, es fundamental la articulación institucional para agilizar la ejecución de los proyectos y que se cumplan los tiempos establecidos en las normas. Para la muestra un botón: de 35 proyectos de energías renovables no convencionales que deberían empezar a construirse en 2025, 32 tienen más de 50 trámites pendientes.
Un posible “apagón financiero” de las empresas de energía
El Gobierno le debe a las empresas de energía eléctrica y gas natural cerca de $2,5 billones de los subsidios que cada mes se otorgan a todos los usuarios de estratos 1, 2 y 3. A esto se suman los cerca de $4 billones de la opción tarifaria, un mecanismo que se aplicó en pandemia y en el llamado pacto tarifario, además de las deudas de los usuarios oficiales. Los cálculos de los gremios indican que en total son $7 billones, el 60 % lo debe el Estado.
José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), dijo que “no hay ninguna actividad económica que pueda ser viable con saldos por cobrar por $7 billones”, de ahí que la estabilidad financiera está en riesgo.”Vemos que las empresas pequeñas, principalmente las públicas, se pueden ir cayendo en el camino, lo que ocasionaría cortes en el país, en zonas como Putumayo y Huila”.
El gremio pide que el Gobierno pague la deuda de los subsidios y que cumpla su promesa de asumir la opción tarifaria, porque, sostiene, hasta ahora ese compromiso “no se ha vuelto realidad”. En este momento, según explicó Manzur, la situación está tan complicada que si las comercializadoras siguen financiando los subsidios, no tendrán recursos para pagarle al resto de la cadena o viceversa.
Vale aclarar que sin los subsidios subiría 150 % las facturas para usuarios de estrato 1. Y, a la vez, si no se le paga al resto de la cadena, se podría crear un efecto dominó que deje sin suficientes recursos al sistema. En palabras de Manzur, “podría manifestarse no solo un apagón financiero, sino también uno físico”.
A los gremios les preocupan los efectos que pueda tener para el sistema la intervención de Air-e. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que el agente interventor no puede “hacer lo que quiera”, como quitar de las facturas el componente de aseo o disminuir la opción tarifaria sin claridad sobre de dónde saldrán esos recursos.
Manzur señala que es peligrosa la norma que expidió el Gobierno que, en la práctica, implica que a las empresas intervenidas (Air-e), así no paguen, no se les retira el suministro. En este punto, Edwin Cruz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), gremio que reúne a las térmicas, explicó que es clave que Air-e cumpla con sus compromisos porque sin esos recursos, por ejemplo, no tendrán suficiente flujo de caja para comprar los combustibles que necesitan para generar, justo en esta coyuntura en la que las térmicas son cruciales.
Sobre este tema, los gremios solicitan que se honren los compromisos de pago de la empresa a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios, que se evalúen los impactos de las medidas antes de anunciarlas o emitirlas y que se atienda la situación estructural de la Costa Caribe.
El déficit de gas en Colombia
Es claro que desde el 1° de diciembre no habrá gas local suficiente para garantizar la prestación del servicio sin interrupciones. En esa fecha vencen los contratos de compra-venta de gas y se materializa el déficit del que ha venido hablando el sector en los últimos meses, que será del 12 % de la demanda hasta 2025 y a finales de 2025 y en 2026 se incrementará a 30 % de la demanda.
La medida más urgente, según Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, es que el presidente Gustavo Petro firme un decreto, que ya hizo el Ministerio de Minas y Energía, para que en el país se pueda comercializar gas importado para hogares, vehículos, comercios e industrias. Colombia importa gas desde 2016, pero exclusivamente para las plantas térmicas, por eso se necesita el cambio. Sin el decreto, sostiene Murgas, “habrá riesgo de racionamiento de gas para toda la demanda, incluyendo a las familias colombianas”.
Las otras solicitudes tienen que ver con priorizar y acelerar el desarrollo de proyectos de exploración y producción de gas en áreas continentales y en costa afuera, que la CREG flexibilice la comercialización del gas disponible y resolver las solicitudes tarifarias para gasoductos de transporte y de distribución y para la actividad de comercialización.
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