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Esta columna es una reacción a la que a su vez escribió Paola Ruiz, en “Lugar común”, la sección online de El Malpensante.
El debate entre el centralismo y el federalismo es muy viejo y genera objeciones irracionales, de modo que hablemos mejor de la palabra del título, regiones. En términos generales, un país está sano si sus regiones también lo están. Eso, por ejemplo, no lo entendía don Rafael Núñez, cuya Constitución de 1886 optó por concentrar un poder desmesurado en Bogotá. El centralismo desde entonces fue una camisa de fuerza para el país, creando a su vez una especie de macrocefalia en la capital.
Ahora bien, además de la vitalidad de las regiones, también es esencial para el país actuar de forma mancomunada y eficaz. O sea que debe haber al menos unos impuestos nacionales, un ejército nacional, unas leyes nacionales sobre grandes materias, así aquí y allá sean viables muchas normas locales sobre asuntos delimitados. Más polémica es la opción de las policías regionales. En Estados Unidos funcionan mal que bien, pero en México son un desastre pues hay estados en los que los narcos las coparon. Por eso uno prefiere una policía nacional, aunque civil. Tampoco son indispensables las constituciones regionales. Basta con las autonomías vigentes en una Constitución Nacional como la de 1991.
Bien, la noción de región, atrofiada durante tanto tiempo, habría que desarrollarla en Colombia. Al rompe, uno detecta cinco: 1) la costa Atlántica; 2) el país paisa, incluyendo a Antioquia pero también al viejo Caldas; 3) el gran altiplano central, desde Norte de Santander hasta Huila; 4) el Pacífico, donde estaría el Valle, y 5) los así llamados “territorios nacionales”. No es imposible decretar una sexta región según la quieran definir, digamos los Santanderes y Boyacá, sin que esto sea definitivo.
La actual elección nacional para el Senado es una aberración, con excepción de la atinente a las minorías. Muchas veces las listas contienen personas populares en una región y del todo desconocidas en otras. Solo la elección de presidentes debe depender de la totalidad del país. De resto, es en extremo improbable que un candidato al Senado represente bien a todos los departamentos. El Senado debería definirse según las cinco regiones en proporción a la población total de cada una, mientras que la representación de las minorías —indígenas, negritudes y por un tiempo las resultantes del tratado de paz que nos sacó del conflicto armado— podría continuar siendo nacional. En cambio, la representación departamental en la Cámara de Representantes, proporcional a la población, tiene todo el sentido.
También parece razonable que las cinco regiones puedan tener otro tipo de instituciones, aunque habría que discutir cuáles: un senado por región, alguna agremiación oficial de los gobernadores de los departamentos. Muchas empresas oficiales podrían subdividirse según las regiones, evitando el gigantismo y promoviendo la competencia entre ellas. Lo mismo se haría con los sistemas de educación superior, en el entendido de que unas pocas instituciones pueden tener varias sedes.
Una descentralización efectiva debe implicar el cobro de impuestos regionales, además de municipales, con las correspondientes obligaciones de gasto público. Al estar ambas cosas más cerca de los contribuyentes que pagan, mejoraría la vigilancia de la ejecución de los recursos y de seguro se mantendría a raya la corrupción.
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