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Con todo y la ligera tregua que las llamas y el clima le han cedido al departamento, los bomberos de Cundinamarca no descansan. Un resplandor de llamas altivas en medio de la apacible oscuridad del cerro de Kinini, jurisdicción del municipio de Tibacuy, encendió una vez más las alarmas de los matafuegos.
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Allende la complejidad de liquidar las llamas, que sobre las 10 de la noche del miércoles ya eran historia, el obstáculo que dificultó la labor en este caso fue un viejo dolor de cabeza: la ausencia de un convenio de bomberos para el municipio de Tibacuy.
Este documento, que es un requisito para todas las unidades territoriales a nivel nacional, permite que un municipio tenga un servicio de bomberos próximo y con respuesta inmediata en caso de una emergencia; accidentes de tránsito, avalanchas y, más ahora que nunca, incendios forestales.
A pesar de la importancia de esta norma, y en plena emergencia climática, con Cundinamarca en el epicentro de las llamas, a día de hoy 47 municipios no poseen un convenio vigente con un cuerpo de bomberos, ya sea propio o con otro municipio. En reiteradas ocasiones, el delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, ha ido advirtiendo sobre la omisión de este compromiso por parte de algunas alcaldías.
A mediados de septiembre, en medio de una oleada de conflagraciones forestales, cuando los bomberos ya no daban abasto, Farfán denunció que 7 municipios no contaban con el convenio de bomberos. Cinco meses después, la emergencia no solo recrudeció, sino que la negligencia de los órganos gubernamentales se mantuvo intacta.
Sin este convenio, los municipios quedan expuestos a estas emergencias. Aunque los cuerpos de bomberos aledaños, en aras del servicio y la buena fe, realizan los desplazamientos necesarios para atender la emergencia con sus recursos, la ausencia del convenio sigue dificultando el tiempo de respuesta que se le da a las emergencias.
A mayor tiempo, es más grande el impacto ambiental, e incluso a la salud pública, que las conflagraciones forestales dejan en los territorios. Tras del hecho, los municipios que juiciosamente tienen sus convenios al día, deben atender con sus recursos los vacíos que la negligencia y los vacíos presupuestales.
De acuerdo al último reporte entregado por el capitán Farfán, ahora son 47 municipios los que no han finiquitado el requisito, conforme a lo estipulado el artículo 3 de la Ley 1575 de 2012. En paralelo a la controversia, salta a la vista la asimetría de capacidades que tienen los distintos municipios. La variable presupuestal, no obstante, carece del valor suficiente como para justificar las omisiones gubernamentales en este aspecto.
Para el caso de municipios pequeños sin la capacidad de conformar un cuerpo de bomberos voluntario propio, existe la posibilidad de establecer un convenio con un municipio cercano para garantizar el servicio. De hecho, municipios como Pasca, Nemocón y Apulo, han logrado concertar alianzas con La Mesa y Silvania para solventar el servicio primordial de los bomberos en sus territorios.
El promedio de valor que suelen tener estos convenios, oscila entre los $60.000.000 y $80.000.000, lo cual no representa un valor significativo en las vigencias presupuestales de los municipios sin convenio. En unidades más grandes, como Facatativá, por ejemplo, tienen una vigencia presupuestal aprobada de $189.930.064.520, en la cual hay una destinación de más de $41 mil millones para gastos de funcionamiento (16 % del total del presupuesto).
Bajo esta misma línea, Venecia, uno de los municipios que figuraban sin convenio, se puso al día en esta obligación a partir de ayer. Así se lo confirmó el secretario de gobierno, Brayan Blandón, a El Espectador. Según el funcionario, la limitación presupuestal les había impedido llegar a un acuerdo para cumplir el requisito. “La administración anterior nos dejó un presupuesto de tan solo $31.000.000, entonces tuvimos que negociar con el cuerpo de voluntarios del municipio para cerrar el convenio bajo ese presupuesto”.
Dicho contrato, que fue subido a SECOP II ayer en la mañana, tiene una vigencia de cinco meses. Sin embargo, el funcionario aclara que, ”el Concejo se encuentra trabajando para lograr ampliar el plazo del convenio por todo el 2024″.
En contraste, municipios como Tocancipá y Facatativá, catalogados como unidades territoriales de segunda categoría, no figuran con un convenio activo en la base de datos de los bomberos de Cundinamarca. De igual modo, territorios más pequeños como Choachí, Venecia y Nilo (que además figuraba entre los 7 municipios que desde el año pasado incumplen la norma).
Y para colmo de males, como si de una siniestra coincidencia se tratase, 10 de los municipios que no cumplen la norma han tenido que llevarse la peor parte de la vorágine de emergencias por cuenta de las conflagraciones forestales. La afectación ambiental en estos territorios se saldó con 125 hectáreas de bosque calcinado por las llamas, lo cual representa el 12 % del sobre el total de hectáreas afectadas en el departamento durante lo corrido de 2024.
A modo de un tenue chorro de agua fría, para apaciguar las llamas de un voraz incendio de negligencia inexplicable, la administración de Tibacuy decidió efectuar un convenio con el cuerpo de bomberos de Silvania por un plazo de tres meses. A partir de allí, con el fuego y el cambio climático en plena línea de tiro, resulta impensable lo que pasará para los habitantes de este territorio.
A las nuevas alcaldías, que con apenas dos meses en funciones, les ha tocado presenciar un otoño de ceniza que consumió más de 1.000 hectáreas, no les queda más que acelerar la firma de sus respectivos convenios. Sin importar el legado presupuestal que recibieron, se han de acordar las medidas necesarias para apartar los recursos necesarios. Ya no se trata de un gasto adicional del que se puede prescindir.
El Espectador intentó comunicarse con las alcaldías de los municipios sin convenio, pero no obtuvo respuesta.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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