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En el mundo hay más de 70 agencias espaciales gubernamentales, pero ninguna es colombiana. Tanto Juan Manuel Santos como Iván Duque intentaron llenar ese vacío, aunque ninguno lo logró. Y pese a que se propuso hacerlo, Gustavo Petro tampoco podrá, al menos por ahora. (Lea Una tragedia y un descomunal esfuerzo: así aprendimos a conocer nuestros volcanes)
En su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno propuso la creación de la “Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales”. La combinación del desarrollo espacial con la seguridad digital nunca convenció del todo a personas como Mario Armando Higuera, director del Observatorio Astronómico Nacional, quien cree que aunque ambas líneas son muy importantes, tienen “necesidades distintas entre sí”. En su paso por el Congreso, la mayoría de los legisladores se concentró en unos supuestos riesgos de persecución en el campo de la seguridad digital, y obvió el debate espacial.
Debido a esos temores, la creación de dicha agencia naufragó el pasado 23 de marzo. Curiosamente, un día antes, el 22 de marzo, otro proyecto de ley fue radicado sin mucho bombo en el Congreso por el representante a la Cámara, Guido Echeverri Piedrahita. En él se pretende crear “un marco regulatorio para el desarrollo productivo del sector espacial colombiano”, entre otras cosas.
Aun sin pasar a debate oficial, ese texto ha despertado un par de preguntas en la academia.
Todos por un lado diferente
Hace 17 años, en 2006, el gobierno de Álvaro Uribe creó la Comisión Colombiana del Espacio, lo más parecido que tiene el país a una agencia espacial, pero muy lejos de lo que debería representar una de estas entidades. Esa comisión está liderada por la vicepresidencia y se pensó como el paso previo a la constitución de una agencia pública, un sueño en el que los académicos vienen insistiendo.
“Es una necesidad. Se requiere una agencia que se dedique a la financiación, fomento e investigación para todos los temas espaciales. Que articule todo el sector, que en este momento está completamente desordenado”, explica Jairo Alexis Rodríguez López, doctor en Física por la Universidad Nacional, y quien hizo parte, en 2022, del primer Consejo Científico Nacional de Colombia.
Actualmente, existen en el país tres grupos que hacen esfuerzos en el tema especial: el Estado (en cabeza, principalmente, de la Fuerza Área Colombiana); la academia (especialmente la U. de Antioquia, la U. Nacional y la U. Industrial de Santander); y el sector privado.
Lo ideal, explican tanto Rodríguez como Higuera, sería que los esfuerzos de la academia y el sector privado estuvieran articulados hacia un objetivo definido y liderado por el Estado. Pero como eso no está pasando, cada una sigue sus prioridades. Eso, para algunos, es lo que está sucediendo con el proyecto de ley de Echeverri.
“Nuestro objetivo es definir un marco que ayude a desarrollar la tecnología y la ciencia alrededor del espacio”, resume el congresista. Lejos de la articulación que piden los científicos, su ley solo aplicará en el ámbito del “uso civil de las tecnologías espaciales”. Esto, explica, cobija especialmente a los desarrollos industriales, que pueden ser en el ámbito de las comunicaciones, pero también en lo que se refiere a observación de la Tierra, navegación por satélite, meteorología o investigación.
El título II del proyecto está dedicado a incentivos para la industria espacial. Incluye beneficios como la exclusión del pago en la matrícula mercantil, facilidades en el acceso a créditos para compensar el impuesto nacional, la creación de un “Fondo de Inversión” financiado por el Estado para “emprendedores, empresarios e independientes cuya actividad económica vaya encaminada al desarrollo y/o promoción de la industria espacial”, exención de rentas, e incluso la creación y promoción de zonas francas dedicadas al tema.
Entre las personas jurídicas que podrían acceder a todos esos beneficios se encuentran aquellas que, además de tener un objeto social acorde a lo que pretende la ley, se encuentren constituidas y “demuestren de manera ininterrumpida al menos durante un (1)” el desarrollo de ese objeto.
A pesar de que en varios apartados del texto se menciona que todos estos incentivos no se limitan al desarrollo del sector de las comunicaciones, también señala que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el que tendrá responsabilidades como promover las formas de trabajo entre empresas y Estado o estructurar mecanismos de movilidad académica y vigilar que las disposiciones de la ley se cumplan (se dice que hará eso en coordinación con Minciencias y Mineducación). En el proyecto no se menciona a la Comisión Colombiana del Espacio.
A pesar de que son los académicos los que más han insistido en la creación de un marco para potenciar el desarrollo espacial en el país, pocos parecen conocer este proyecto.
“¿Alguien de astronomía, astrofísica (de) Colombia participó en la elaboración y/o discusiones del proyecto?”, se preguntaba hace unos días Luis A. Núñez, licenciado y doctor en Física, profesor de la Universidad Industrial de Santander. Ni él, ni Rodríguez conocían el texto. Tampoco el Observatorio Astronómico: “Nunca se hizo una consulta para saber si los elementos propuestos ahí tenían un aval desde la academia que dijera ese es un camino correcto. Eso nunca fue consultado con nosotros”, afirma Higuera.
Entonces, ¿con quién se construyó ese proyecto? “Existe en Colombia gente vinculada a estos procesos, personas que hacen parte de organismos internacionales. Yo me asesoré particularmente de Pilar Zamora y Germán Puerta”, responde el congresista Echeverri.
Pilar Zamora es la directora de una entidad privada autodenominada “Agencia Espacial de Colombia”. Esta fundación ha provocado críticas en un sector amplio de la academia colombiana que señala que su nombre está creando una confusión inapropiada.
En una carta dirigida al Gobierno a inicios de noviembre de 2021, por ejemplo, la National Space Society Colombia, que reúne a más de 80 científicos nacionales, señaló “que no es ético ni correcto escoger un nombre que conduce a un error tanto en el plano nacional como internacional sobre su verdadera naturaleza privada y, por lo tanto, de su capacidad para representar al país, así como para acordar obligaciones en su nombre”.
La fundación se creó el 4 de octubre de 2017 y a pesar de que Zamora ha insistido en varias ocasiones que deja claro que la entidad que dirige no es oficial, la confusión no deja de aparecer en el panorama. Por ejemplo, esta agencia es miembro desde 2018 de la Federación Internacional de Astronáutica, una organización con sede en París que reúne a 468 miembros de 75 países, incluidas las principales agencias espaciales, empresas, instituciones de investigación, universidades, sociedades, asociaciones, institutos y museos.
A pesar de ese amplio número de categorías, la “Agencia Espacial de Colombia” aparece con el rótulo de “Space Agency and Office”, el mismo que tienen entidades como la Agencia Espacial Brasileña (AEB) que sí es oficial de Brasil, o la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la agencia del Gobierno de Argentina responsable del Plan Nacional Espacial de ese país. Otra muestra de que existe una confusión es que el otro integrante colombiano de la Federación Internacional de Astronáutica (la National Space Society Colombia) aparece en la categoría “Association and Professional Society”.
“Nosotros asesoramos el proyecto del congresista Echeverry”, confirma Germán Puerta, quien además de ser exdirector del Planetario de Bogotá, es miembro de la junta directiva de la entidad que dirige Zamora.
Puerta es, de hecho, autor del artículo 18 del proyecto que permite que los planes de desarrollo creen entidades denominadas “Centros de ciencia” que puedan crear y fortalecer planetarios, observatorios astronómicos, museos de ciencia y tecnología, entre otros programas de apropiación social del conocimiento en los territorios.
Puerta, que reconoce el debate que existe alrededor del nombre de la fundación, señala que, en su opinión personal (no institucional), “Colombia debería tener una agencia nacional del espacio, pero la tendencia mundial ahora son también las agencias público-privadas”.
Es cierto que la participación de las empresas privadas en el desarrollo espacial de los países es una realidad. En Estados Unidos, la NASA se ha asociado con SpaceX, compañía propiedad de Elon Musk, para no solo coordinar sus satélites en el espacio (y evitar choques) sino también para hacer lanzamientos y misiones conjuntas. En Europa la Agencia Espacial Europea también está colaborando con organizaciones privadas, pero en ambos casos eso se dio cuando ya existe una entidad pública que tiene claras las prioridades del Estado en materia espacial y procure su cumplimiento.
Otra dificultad que algunos ven el proyecto de Echeverri es que no está claro el rol de la Fuerza Área Colombiana (FAC).
El rol de la Fuerza Aérea
Desde el 2007, cuando creó el Comité de Asuntos Espaciales, la FAC ha estado muy interesada en “liderar el poder aéreo y espacial mediante el desarrollo tecnológico como puerta de acceso para avanzar en el conocimiento sobre la Tierra y el espacio ultraterrestre”, como lo dice su Plan Estratégico Institucional 2011-2030.
En 2018, la FAC estableció una Política Espacial en la que señala que el dominio del espacio, así como el del aire, son capacidades de la institución. Durante ese año, y después de un desarrollo local, puso en órbita el primer nanosatélite colombiano de observación de la Tierra, el FACSAT-1. “Con la FAC la academia ha tenido una interlocución permanente y más fluida”, dice Rodríguez, pero, agrega después, “no dejan de existir limitantes por su connotación de fuerza militar, algo que no es muy bien visto en el ámbito internacional”.
Desde la década de 1950, Naciones Unidas ha procurado que la exploración del espacio tenga en el pacifismo uno de sus principios. En 1967 entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, el que se prohíbe cualquier connotación militar en el uso del espacio.
“El año pasado estuvimos negociando un convenio con la Agencia Espacial de la India, de las más fuertes del mundo, que ha mostrado un deseo de apoyar a Colombia. Cuando vieron que la Fuerza Área era su principal interlocutor en el país, se frenaron un poco”, cuenta, por ejemplo, Rodríguez. Esto sucede porque sin importar los esfuerzos y capacidades que ha adquirido, que sea una institución militar desentona entre las agencias.
Eso no va a cambiar aun si la FAC cambia su nombre (entre otras cosas), como lo propone el proyecto de ley No.380 presentado en 2022 por el congresista Jose Luis Pérez Oyuela y que fue aprobado en segundo debate en la plenaria del Senado a finales de noviembre de 2022. Se trata de un texto de apenas 7 artículos en el que se señala que será el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Colombiana las entidades que deberán autorizar y supervisar actividades espaciales como el lanzamiento o prueba de vehículos orbitales y suborbitales.
La FAC cambiaría su nombre por “Fuerza Aeroespacial Colombiana” y sería el Ministerio de Defensa Nacional la entidad que podría regular las actividades espaciales permitidas. No se menciona en ningún apartado la participación de, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia.
Ninguno de los dos proyectos busca la creación de una agencia espacial oficial y ninguno de los dos parece atender las recomendaciones que se han venido repitiendo una y otra vez desde la academia y las misiones de sabios que se realizan cada tanto tiempo. “Hay una trato muy amateur todavía en esas intenciones”, resume Núñez.
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