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El nombre de Luis Alberto “Lucho” Herrera ha vuelto retumbar en los últimos meses. Esta vez no se trata de un asunto ligado al deporte, más precisamente al ciclismo, sino a un supuesto caso de desaparición forzada. El también campeón de la Vuelta a España en 1987 asistió al búnker de la Fiscalía el pasado 5 de junio para explicar por qué tres exmiembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare lo mencionaron como el responsable de pagar $40 millones para asesinar y desaparecer a cuatro personas, que serían sus vecinos, en hechos ocurridos en octubre de 2002 en Fusagasugá. El exdeportista ha insistido en su inocencia, pero también reconoce haber entregado dinero para borrar su nombre de la investigación, en lo que él mismo ha señalado como una extorsión en su contra.
La mención de Herrera dentro de este expediente se dio desde el pasado 7 de abril, cuando el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá condenó al exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, a 22 años de prisión por el delito de desaparición forzada. En el mismo fallo, la jueza determinó que había mérito suficiente para remitir copias a la Fiscalía, con el fin de que se iniciara una indagación preliminar contra Herrera por los delitos de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y homicidio agravado. Esto porque, además de Ojitos, al exdeportista también lo mencionó Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias, otro miembro de las autodefensas del Casanare, como instigador de ambos delitos.
Según los “exparas”, Herrera habría solicitado al entonces jefe del grupo armado ilegal, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, la desaparición de cuatro personas que, según él, eran milicianos de la guerrilla y planeaban secuestrarlo. En su relato, alias Ojitos señaló que el exdeportista les habría entregado dos sobres de manila: uno con fotografías de las víctimas y otro con $40 millones en efectivo. “El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había $40 millones, y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas”, narró ante las autoridades.
Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez, Gonzalo Guerrero y Diuviseldo Torres, quienes desaparecieron en octubre de 2002. Según el testimonio de alias Menudencias, los cuerpos fueron enterrados en una finca ubicada en la vía entre Novilleros y Aguadita, zona donde al parecer Herrera tenía propiedades. El exparamilitar, mediante un crudo testimonio, habló sobre el día del homicidio. “Metimos dos en el platón y dos adelante, los inhumamos en la vía Novilleros al Aguadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”. Los exparamilitares también aseguraron que tiempo después supieron que las víctimas no eran milicianos, sino vecinos del exdeportista, con quienes al parecer existían disputas por temas de tierras.
Herrera asistió el pasado 5 de junio a las instalaciones del búnker de la Fiscalía para rendir versión libre por estos hechos en los que ha resultado mencionado. Fuentes del ente investigador le dijeron a este diario que, por ahora, no hay un proceso abierto contra el exdeportista, y que únicamente fue interrogado en calidad de indiciado —cuando una persona es sospechosa de haber cometido un delito, pero no ha sido formalmente vinculada a un proceso penal—. Ante investigadores de la entidad que dirige Luz Adriana Camargo, Herrera habría negado estar involucrado en el homicidio y desaparición de cuatro personas, pero aceptó haber entregado un dinero para que los paramilitares dejaran de mencionarlo como instigador del crimen.
El exciclista aseguró en su declaración, revelada por Noticias Uno, que, en 2016 —14 años después de ocurridos los hechos—, lo buscaron hombres pertenecientes a las Autodefensas Campesinas del Casanare. “Me buscó un señor y me dijo: ‘lo tienen a usted implicado en unas muertes de unas personas’. Me dijo que, si usted no quiere quedar implicado en esas muertes, ellos me pueden sacar (sic). Entonces que les tenía que mandar $7.000 millones”, precisó. Herrera no pagó tal cantidad, pero si les dio $10 millones, según su propio testimonio. “Yo se los di en Fusa, llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada”. Ante los investigadores de la Fiscalía, Herrera señaló que sí conocía a dos de las víctimas (Gonzalo Guerrero y Diuviseldo Torres), pues crecieron siendo vecinos.
El ente investigador también citó a Rafael Herrera, hermano del exdeportista, a quien le preguntó sobre los testimonios de un hombre conocido como alias Cascarón, quien lo habría señalado como uno de los colaboradores del crimen. Según el “expara”, gracias a las declaraciones de Rafael Herrera, los paramilitares montaron a las víctimas en un vehículo y luego los asesinaron. “Soy inocente, no tengo nada que ver con esa persona (alias Cascarón)“, dijo el familiar del ciclista. El abogado Hernando Benavides, defensor de Lucho Herrera, aseguró ante medios de comunicación que ”corresponde la Fiscalía establecer la verdad” y recordó que su cliente no ha sido imputado, sino que “solo se le menciona”.
Así pues, una fiscal de Derechos Humanos continuará con las investigaciones del proceso en el que es mencionado el exdeportista. La puerta está abierta para que el ente investigador decida si vincula formalmente o no a Herrera, luego de escuchar su testimonio, en el que acepta haber pagado $10 millones para que su nombre saliera de boca de “exparas” que, en todo caso, confesaron haber asesinado a cuatro campesinos en Fusagasugá en octubre de 2002. Él insiste en que nada tiene que ver con el caso y que nunca ha estado ligado a grupos ilegales. “Él dio la cara hoy y la seguirá dando”, concluyó su abogado.
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