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Además de los 12 contratos que hoy tienen emproblemado por presunta corrupción al congresista Óscar Barreto en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría acaba de añadir otro expediente al investigado político tolimense. El Espectador conoció que el ente de control fiscal acaba de abrirle una investigación, junto a otros exfuncionarios de alto perfil, por su posible participación en la ejecución de un contrato que pretendía pavimentar 17 kilómetros de vía entre los municipios de Planadas y Gaitania (Tolima), pero que terminó siendo un fraude. Los detalles de esta investigación fiscal están consignados en un documento de 60 páginas en el que, además de explicar la presunta relación del político del Partido de Conservador en las irregularidades del contrato, también está vinculado un general retirado del Ejército.
El cuestionado contrato
Desde 2021, un equipo de auditoría especial de la Contraloría investiga un convenio que habría dejado un daño patrimonial $2.607 millones. Según el cronograma, el negocio se firmó en 2012 entre la entidad gubernamental Fonade (hoy Enterritorio), la Gobernación del Tolima y la Jefatura de Ingenieros Militares, dependencia del Ejército que se encargaría de las obras. Por la labor de esta unidad es que también la Contraloría le abrió proceso al brigadier general retirado del Ejército, Guillermo Suárez Ferreira, considerado como uno de los altos oficiales que fueron claves en la primera década para combatir a las FARC en Cauca, Nariño y Caquetá. Cuando firmó el contrato, estaba lejos del fuego y se desempeñaba como cabeza de esa jefatura de ingenieros.
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Lo que encontró la Contraloría es que el proyecto, que pretendía facilitar la movilidad de miles de colombianos que viven en esta zona y que durante años fue principal enclave guerrillero, estaba destinado al fracaso. En la obra, que inició en marzo de 2014 y, supuestamente, terminó en octubre del 2020, “se evidencia la inexistencia de las obras realizadas anteriormente, ya que los elementos que conformaban la estructura de pavimento y obras hidráulicas se encontraban desplazados terreno abajo, de igual manera se pudo evidenciar que existen otros tramos afectados los cuales presentan un avanzado deterioro”, advierte el informe de la unidad de responsabilidad fiscal de la Contraloría.
Ese documento, además, advierte que el proyecto, aunque tenía apoyo de varias entidades del nivel gubernamental, en realidad tenía pies de barro. Uno de los apartes del reporte indica que, desde febrero de 2013, meses después de firmado el convenio, la interventoría del proyecto advirtió sobre “el estado crítico de los estudios y diseños, sin ellos no es posible definir alcance, presupuesto y tiempos (…) no obstante, de lo anteriormente mencionado la ejecución de la vía continuó, adicionalmente se presentaron fallas como: agrietamientos, hundimientos y levantamientos del pavimento en otros tramos a lo largo de la vía”. Incluso, como quedó en actas, desde el propio Ejército, en abril de ese año, admitieron sobre las dificultades de la obra.
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El papel de supervisor
Óscar Barreto, quien fue gobernador del Tolima entre 2008 y 2011, tenía que fungir como supervisor de que la obra fuera ejecutada tal cual se planteó en el contrato de 2012 hasta su finalización en 2020. En ese tiempo, además de Barreto, estuvieron a la cabeza de la gobernación Ricardo Orozco y Luis Carlos Delgado con la misma función de vigilar la ejecución del contrato. “Los presuntos hechos que configuran el posible daño fiscal, consideramos que efectivamente estamos frente a una indebida gestión fiscal y de planeación, aunado al débil control ejercido por la interventoría y de la entidad supervisora (Gobernación), que, en ejercicio de sus obligaciones contractuales y legales, permitieron que la ejecución del contrato se desarrollara sobre la estructuración deficiente de los diseños”, señala la Contraloría.
En ese sentido, la Contraloría fue más allá y también culpó a Fonade del desastre en la vía: “Se evidencia que los diseños entregados por el Ejército presentan una ineficaz gestión por parte de Fonade, al momento de revisar y aprobar los diseños de la vía, ya que estos no cumplían con los requerimientos técnicos de la zona. Se hace evidente que el diseño propuesto y la estructura de pavimento no eran los idóneos para el tipo de suelos y clima, las acciones tomadas en el ámbito técnico, administrativo y jurídico por parte de Fonade en pro de tomar acciones para subsanar no fueron medidas eficaces y radicales ante las consecuencias (…) por lo tanto, se denota una falta de planeación, supervisión oportuna y eficaz en la ejecución del proyecto”.
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El Espectador se contactó con Barreto y los otros dos exgobernadores de Tolima, así como con el general retirado Suárez Ferreira, pero no obtuvo respuesta. Mientras estas pesquisas avanzan, lo propio está haciendo la Corte Suprema de Justicia, quien llamó a Barreto a indagatoria en noviembre pasado por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. El alto tribunal tiene evidencia de su presunta responsabilidad en varias irregularidades en 12 contratos de obra pública por casi $35 mil millones, aparentemente entregados a dedo o adjudicados sin cumplir los requisitos de ley, mientras fue gobernador del Tolima.
A su vez, la Contraloría ya ordenó varias acciones para determinar si los investigados tuvieron responsabilidad en el fracaso de la obra. Por ejemplo, ordenó visitas especiales a la jefatura de ingenieros del Ejército y Enterritorio para recopilar más información sobre los hechos y establecer otros posibles involucrados en que esta zona del departamento, históricamente golpeada por el conflicto, no se pueda movilizar dignamente.
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