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El reformista fracasa cuando ignora el arte político de la reforma. Esta navega entre el conservatismo del pasado y la revolución que funda un nuevo orden social, y mantiene un equilibrio entre fuerzas que quieren perpetuar la situación vigente y las que quieren cambiarla radicalmente. El reformismo liberal tuvo su máximo exponente en Carlos Lleras Restrepo, a quien el gran economista Albert Hirschman llamó “maestro reformador”.
La reforma tiene tres condiciones: una decisión política con instrumentos legales adecuados, una situación de fuerzas sociales favorables a la reforma y una capacidad operativa del Estado para llevarla a cabo. En la reforma rural, el Gobierno de Gustavo Petro tiene la decisión de cumplir la reforma acordada en el proceso de paz con las Farc y cuenta con una larga legislación reformista, consolidada en el derecho agrario que se fundó en la década de los años 30 y fue actualizada en 2017, que curiosamente no se menciona en los anuncios del Gobierno para confiar en una ilusoria venta voluntaria de tierras de los ganaderos.
La periferia campesina del país votó por el cumplimiento de la reforma rural al sufragar mayoritariamente por Petro y espera integrarse a la modernidad con derecho a disponer de una parcela de la tierra común, ahora sometida al secuestro de los grandes acaparadores de la propiedad. Estos se oponen a la reforma, igual que los gremios rurales y los partidos de la coalición uribista. La reforma tiene el apoyo de las organizaciones sociales del campesinado, incluidas las minorías étnicas, igual que de todos los sectores que se solidarizan con sus luchas.
El equipo directivo encargado de la reforma acumula una larga experiencia en el sector rural, pero encuentra un desastre institucional heredado y una dramática ausencia de cuadros técnicos con conocimiento del mundo agrario, con agencias mal diseñadas y poca capacidad operativa. Por eso ese equipo ha tenido que dedicarse a reformular el diseño institucional del sector agrario, para definir mejor las líneas de coordinación con otros sectores del Estado y con las autoridades regionales y locales.
La reforma rural está íntimamente ligada al conflicto armado y la paz. Por eso justificó haberse negociado en La Habana con la guerrilla de origen campesino más grande del país. El conflicto violento se originó por las tensiones entre campesinos y grandes propietarios luego de la Violencia de los 50, que tuvo sus mayores consecuencias en el campo, con la expulsión de nueve millones de campesinos y su masivo empobrecimiento.
El rediseño en que están empeñados la ministra Cecilia López y su equipo directivo debe tener como objetivo cumplir el acuerdo agrario, para que la reforma rural reduzca las tensiones acumuladas por el abandono y la persecución a los líderes sociales del mundo rural, y para que el control territorial del Estado pueda recuperarse del dominio de organizaciones criminales, en una alianza entre el Estado y las comunidades rurales.
Con voluntad política para hacer la reforma, con el apoyo de grandes sectores sociales en la periferia territorial, con un equipo experimentado en el sector rural, hace falta un diseño inteligente, una focalización geográfica estratégica y una rápida calificación de cuadros técnicos capaces de llevar a cabo la reforma en los tres años que le quedan a Gustavo Petro, antes de que el péndulo electoral regrese el poder a la extrema derecha si Petro fracasa en las reformas.
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