Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Esmeralda Moreno ha dedicado 28 de sus 53 años de vida a las ventas informales en Bogotá. Vende comida rápida en Chapinero, actividad con la que paga la universidad y el colegio de sus hijos. Hoy lidera una movilización de cientos de vendedores informales que emprendieron una lucha por el espacio público, en respuesta al Decreto 117, que expidió el pasado 14 de abril el alcalde Carlos Fernando Galán y cuatro funcionarios del gabinete. La movilización se convocó este lunes 20 de abril y no tiene fecha de terminación, dicen los organizadores.
Siga leyendo: Buses intermunicipales calle 80: movilidad y alcaldes de la Sabana adelantan mesa de trabajo
Del otro lado están las entidades que defienden el decreto, afirmando que, en lugar de restringir la venta informal, busca lo que muchas administraciones han pretendido sin éxito: armonizar el derecho al trabajo y al espacio público. Las secretarías de Gobierno, Seguridad y Desarrollo Económico, el DADEP y el IPES socializaron las nuevas normas.
La mayoría de vendedores pertenecen a población vulnerable
De acuerdo con el IPES, la mayoría de los vendedores informales en Bogotá pertenece a población vulnerable. En su histórico, la entidad ha caracterizado a cerca de 95.000 personas, de las cuales un 33 % corresponde a adultos mayores de 50 y 60 años.
Solo entre 2024 y 2025 se han caracterizado 19.000 vendedores, y de ellos, el 55 % se encuentra en condición de vulnerabilidad, es decir, más de 10.000 personas. Además, el 50 % son mujeres, el 70 % no terminó el bachillerato, mientras que un 5 % son víctimas del conflicto armado y otro 5 % presenta alguna discapacidad.
Entre los grupos priorizados se destacan mujeres, adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad.
Nuevas reglas de juego
En la socialización, la Secretaría de Gobierno explicó que la medida surgió tras los recorridos territoriales del alcalde y su equipo, así como las conversaciones con comunidades y vendedores informales, quienes, según el Distrito, han pedido mayor organización del espacio público. La administración advirtió que uno de los principales desafíos es el aumento de las ventas informales, que hoy serían casi tres veces más que antes de la pandemia, impulsadas por fenómenos como la migración y la crisis económica posterior al covid-19.
Más de Bogotá: IA para detectar patrones de salud mental: el experimento español al que se sumó Bogotá
La preocupación por la presencia de mafias y actores ilegales que controlan zonas, subarriendan el espacio público o comercializan productos prohibidos son algunas de las razones que motivan la expedición del nuevo decreto.
En ese contexto, “busca organizar el espacio público sin prohibir la venta informal. La administración plantea la creación de zonas autorizadas donde los vendedores puedan ejercer su actividad bajo condiciones reguladas, con acompañamiento del Instituto para la Economía Social (IPES) y otras entidades”, indicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero. Las zonas se deben definirse en seis meses.
También se establecen límites de ocupación, criterios de distribución y estudios de carga para evitar la saturación de zonas, ya que, según la administración, hay cuadras en las que puede haber hasta 400 vendedores.
El documento también despliega una lista de acciones que quedan prohibidas en la calle, por razones sanitarias y de seguridad, entre ellas el uso de menores en ventas informales, la realización de tatuajes o procedimientos odontológicos, la venta de sustancias peligrosas o ilegales y la comercialización de alimentos sin condiciones adecuadas. Uno de los puntos más sensibles es que regula el uso de pipetas de gas: “No serán prohibidas de inmediato, aunque esa era la intención inicial, pero sí sometidas a permisos temporales y controles progresivos”, indicó Quintero.
Siga leyendo: De cotero en Abastos al hombre que abrió ‘pagadiarios’ para la expansión del Tren de Aragua
“Viola nuestro derecho al trabajo”
Esmeralda Moreno es también consejera distrital de vendedores informales desde 2021. Alrededor de 250 manifestantes se dieron cita a las 9:00 a. m. del lunes en la plazoleta del Concejo, y allí, entre pitos y bloqueos intermitentes a la movilidad, ella explica sus motivos y los de sus colegas: “Este decreto viola nuestro derecho al trabajo y al mínimo vital. La Sentencia 772 de 2003 dice que cualquier norma que nos afecte debe ser concertada con nosotros, pero eso no se ha cumplido”, afirmó en entrevista con este diario.
Y aclaró que exigen la suspensión o revisión del Decreto 117 de 2026 y, sobre todo, la apertura de una mesa de diálogo real con el Distrito, en la que participen sus representantes. “Nosotros movemos una parte importante de la economía de la ciudad. Sin embargo, sentimos que no hay inversión real para mejorar nuestras condiciones”, añadió la mujer.
Las restricciones a las pipetas de gas, “sin ofrecer una alternativa real”, la limitación de número de vendedores en las zonas habilitadas para las ventas y la inminente prohibición del ejercicio en otras causan rechazo de un grupo de vendedores.
“¿Qué va a pasar con el 60 % de los vendedores que quedarían por fuera del espacio y dependen de eso? Hablan de estudios de carga para definir cuántos vendedores pueden estar en un lugar, pero no dicen qué va a pasar con quienes queden por fuera”.
Sobre esto el Distrito sostiene que la participación en la creación de este decreto sí existió. A través de 55 mesas y reuniones con vendedores y miembros del gremio.
Como parte de la implementación del decreto, el Distrito, a través del IPES, plantea una serie de alternativas para los vendedores informales, entre ellas el acceso a 31 puntos comerciales y 18 plazas distritales de mercado, así como mobiliario semiestacionario y quioscos que buscan facilitar procesos de reubicación ordenada.
Le puede interesar: Edificio Telecom: de símbolo en los 70 a bodega y espejo de memoria arquitectónica
La lideresa también se refirió a las alternativas y el contexto delictivo de mafias del espacio y otros elementos que sustentan el nuevo decreto: “Se habla de mafias, pero no hay denuncias concretas. Lo que sí hay es una falta de apoyo. El IPES hace esfuerzos, pero no tiene capacidad para atender a cerca de 100.000 vendedores en la ciudad. Hay pocas alternativas y muchas no funcionan, porque están en lugares donde no hay ventas”.
La Alcaldía asegura que el proceso para aplicar el decreto y realizar intervenciones será gradual. Primero, se realizará la verificación de condiciones, seguida de la caracterización por el IPES y la oferta de programas institucionales. No obstante, el pulso ya se libra en las calles con la movilización en la que Esmeralda y cientos de vendedores continúan su gesta por establecer un nuevo diálogo con el Distrito.
Los asistentes a la movilización marcharon toda la tarde del lunes 20 de abril: rodearon el Concejo de Bogotá y afirmaron: “Planeamos mantenernos hasta que haya una respuesta. No nos vamos a retirar hasta que haya diálogo real”.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Juan Camilo Parra
Conoce más