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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Si usted es uno de los 5,8 millones de afiliados que tiene la Entidad Promotora de Salud, EPS Sanitas, este boletín le interesa. O si hace parte de alguna de las otras EPS bajo control administrativo del Gobierno, también. Así que, en el presente resumen semanal, con la ayuda de los contenidos que han publicado los colegas de la redacción Salud, no solo vamos a explicar el por qué la Corte Constitucional tomó la decisión de tumbar la intervención de esta empresa perteneciente al Grupo Keralty, catalogada como la segunda EPS más grande del país después de la Nueva EPS, sino el por qué algunos estiman que se viene una cascada de decisiones similares que tendrán un impacto directo en todo el sistema de salud, hoy viviendo una profunda crisis financiera con varias clínicas y hospitales cerrando servicios a falta de la plata suficiente para poder sostenerse.
Pero antes de seguir es preciso un poco de contexto y también recordar varios de los más completos contenidos que hemos desarrollado sobre la reforma a la salud y que tienen relación directa con el tema de este boletín, tratando de seguir la línea de tiempo. El Ejecutivo busca hacer una modificación profunda a todo el sector salud, y eso implica mover a todos los actores del sistema que, argumentando también la defensa de sus propios intereses, han lanzado profundas críticas que evidencian el por qué consideran que se está poniendo en riesgo a todos los pacientes y, en el mismo camino, la viabilidad de, precisamente, el sistema. Por ejemplo, el del 15 de febrero de 2023 cuando hablamos del papel que jugarían las Entidades Promotoras de Salud, el régimen laboral especial para los trabajadores y la administración de los recursos públicos en la idea de cambio del Ejecutivo. O, el que salió una semana después, cuando explicamos el papel de la superintendencia, la medicina prepagada, el foco a la atención primaria y el Consejo Nacional de Salud.
Los detalles de la resolución con la que la Supersalud intervino a la EPS SOS
El Gobierno, de acuerdo con su visión de reforma, ha dejado claro su objetivo de que las EPS tengan menos protagonismo y, con ello, relevancia en todo el manejo de recursos que no solo aporta el Estado sino los mismos usuarios. El Ejecutivo cree que el modelo, como lo hemos conocido hasta hoy, es fallido y pone como prueba de ello la intervención de varias EPS (siete actualmente), advierte que no existe la cobertura en todo el país, sobre todo en las regiones apartadas del centro, y cree que la salud es un privilegio de pocos; mientras que desde la otra esquina, donde hay todo tipo de agremiaciones de profesionales de la salud y también de empresas del sector, se habla de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y el aumento en el monto que debería tener porque consideran que es insuficiente; llevando, entre otros, a una asfixia financiera provocada que está haciendo que toda la cadena colapse. Y en esta lucha de titanes, ¿quién paga las consecuencias? Como siempre, los pacientes, los mismos que lo único que buscan es un buen servicio médico para proteger su salud, su vida.
Muchas diferencias y poca concertación había en el ambiente político económico con foco en salud. Seis meses después, es decir, en agosto de 2023, EPS Sanitas, Compensar y Sura levantaron su mano, le enviaron una carta el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y alertaron profundos problemas de dinero y un riesgo para mantener la atención a los pacientes. “Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan para cubrir las necesidades generales de sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS”, escribieron sus directivos. Aseguraron que en el 2023 no se corrigió esa falla, incrementando el problema, lo que llevó a que “varias EPS presentan problemas de solvencia”. Decían que era urgente resolver esta realidad “para evitar el colapso y daño irreversible que impacte a la población y al sistema”. Entre esas tres EPS se contaban 13,2 millones de pacientes. El ministerio dijo que no existía tal crisis, que las deudas de las que hablaban las EPS no aparecían y que el “Gobierno ha cumplido con todos los compromisos financieros”.
Supersalud ordena intervención de Subred de salud que opera en Bogotá
Mes y medio después, el 2 de octubre, “Sanitas había hecho una solicitud para llevar a cabo un plan de reorganización institucional” de su EPS, contaron los colegas de Salud, argumentando variables como la recepción de usuarios de otras EPS liquidadas, la presencia en nuevos territorios y la insuficiencia del monto pagado en la UPC. Al sumar todas estas realidades, decían, la empresa estaba afectada. Que el camino era la reorganización.
Menos de un mes había pasado, finales de octubre, comienzos de noviembre de 2023, cuando contamos cómo “la mayor distribuidora de medicamentos del país, Cruz Verde, una compañía del grupo empresarial mexicano Femsa; informaba que no entregaría más medicamentos que no estuvieran cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud, PBS, a los afiliados de la EPS Sanitas. La razón: una deuda que para ese instante llegaba a los $400.000 millones”. En ese momento escribimos sobre lo que estaba pasando con la “EPS Sanitas, Cruz Verde y el Minsalud” en este texto, pues eran más de 30.000 pacientes que esperaban sus medicamentos para poder tratar sus enfermedades. El ministro de Salud criticó la gestión y administración de esa EPS, tanto que para el 20 de noviembre pidió levantar el velo corporativo para saber quiénes eran los dueños y accionistas de la empresa, pues, dijo Jaramillo, “ve uno que compran clínicas y cada día expanden más el negocio, y después dicen que no tienen dinero para cumplir con sus responsabilidades”. Daba a entender que había un uso inadecuado de los recursos.
Exactamente pasaba un mes y en los primeros días de diciembre de 2023, mientras se libraban reclamos en los dispensarios de medicamentos, en la atención de pacientes, en el pago de servicios médicos, las EPS seguían alertando por la insuficiencia de recursos y el ministerio defendía su postura; la Cámara de Representantes aprobaba el proyecto de ley de reforma a la salud con foco, de nuevo, en la modificación del papel de las EPS en todo el sistema.
La Supersalud prorrogó por un año la intervención a la EPS Asmet Salud
Aquí un abrebocas de lo que allí se avaló, pero si entra a este mismo enlace, también está el paso a paso de todo lo que sucedió en ese instante: “Las EPS pierden su rol protagónico en la auditoría de las cuentas médicas que, según los artículos 58, 60 y 70, también aprobados, pasarán a ser funciones principales de la Adres (el banco de la salud). Para entender esto, hay que saber que como la UPC es el dinero con el que hoy cuentan las EPS para cumplir con sus responsabilidades, el ideal es que hagan todo lo necesario para que la plata alcance. “Las EPS vigilan los procedimientos médicos durante tres momentos: la auditoria previa, cuando lo autoriza; las acciones de auditoria concurrente, es decir, mientras se está prestando el servicio (que ocurre sobre todo en hospitalizaciones o en procesos crónicos como las diálisis); y la auditoria posterior, cuando la EPS recibe la cuenta y vuelve a revisar si el paciente existe, si era pertinente lo que le hicieron, etc.”, nos explicaba hace unos meses Ramón Abel Castaño, consultor en sistemas de salud y máster de la Escuela de Salud Pública de Harvard. En el artículo 58 de la reforma esas funciones de auditoría pasan a la Adres que, a su vez, podrá contratar a las Gestoras de Vida para que la hagan. El artículo 70 agrega, sin embargo, que la Adres podrá pagar el 85% de las facturas médicas que le hagan llegar los hospitales y clínicas dentro de los 30 días siguientes a su presentación. El pago del 15% restante estará sujeto a la revisión y auditoría de las cuentas”. Así las cosas, en este renglón, las EPS perdían todo el poder que hoy controlan.
Así quedaron los cambios, hasta ese momento aprobados en la Cámara, ilustrados en esta infografía:
Y con línea de tiempo llena de antecedentes, el país aterrizó en la noticia del 2 de abril de 2024, que sentaba un precedente y daba lugar a muchas interpretaciones por todos los hechos que rodeaban esa decisión, pero que se trataba solo de uno de muchos más hechos que despertaron más que preocupación en todo el país:
Salud
Supersalud interviene a la EPS Sanitas, con más de cinco millones de afiliados
Salud
Supersalud interviene a la EPS con más afiliados de Colombia: la Nueva EPS y sus 10,9 millones
Salud
Compensar EPS solicita su liquidación debido a la “compleja situación financiera”
Salud
La reforma a la salud se hunde definitivamente en la Comisión Séptima del Senado
No solo se hablaba de las EPS, sino que la reforma del Gobierno se hundía en su paso por el Senado. Así las cosas y en el capítulo que nos compete en este boletín: ¿Por qué se daban esas intervenciones? Aunque cada caso tiene sus particularidades, la Supersalud coincidía en algunos argumentos, como que técnicamente hablaba de “una debilidad en el cumplimiento de los estatutos y la organización de la entidad” para el caso de EPS Sanitas. Eso, de manera más sencilla, se traducía en que se registraba una cifra creciente de reclamaciones por parte de los usuarios, además de un gasto que superaba el ingreso, es decir, que Sanitas estaba gastando 103.9 pesos por cada 100 que recibía de la UPC (el dinero que le gira el Estado). “La EPS ha faltado a la obligación de pago a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud. El no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud de su población afiliada”, se leía en la resolución de la Supersalud. Por el lado de la Nueva EPS, hasta críticas sobre los miembros de junta y su aparente inadecuada gestión.
El 15 de abril de 2024, el Grupo Keralty fue a los estrados judiciales tratando de recuperar el control de su EPS Sanitas: una reposición ante la Súper, una recusación en contra de Luis Carlos Leal, el entonces superintendente, una tutela. Pero “en junio de 2024, dos meses después de la intervención, el Tribunal Superior de Bogotá declaró como improcedente una tutela interpuesta por el grupo, al considerar que no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable”. En la Corte Suprema de Justicia confirmaron que la tutela era improcedente. En julio, el “Consejo de Estado volvió a negar una solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la intervención”.
EPS Sanitas: historia de una constante disputa con el gobierno de Gustavo Petro
Y ya, comparando a EPS Sanitas con Nueva EPS, hablando de los números grandes, dijo la entidad: “Ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones, como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero”.
Las noticias que se iban registrando tenían que ver con la intervención de otras EPS de menor tamaño o de la prórroga de las que ya estaban en manos del Gobierno en materia administrativa. Pero en octubre de 2024, supuestamente por la petición del alto gobierno, dejaba su cargo el superintendente que había estado al frente de todas estas acciones, Luis Carlos Leal. El 6 de noviembre de 2024, el presidente Gustavo Petro posesionó a Giovanny Rubiano como Superintendente de Salud, quien once días después de llegar cambió a las siete personas al frente de las EPS intervenidas, entre ellas quienes estaban administrando la Nueva EPS y EPS Sanitas. Tres días pasaron y el Ministerio de Salud junto con la Superintendencia de Salud anunciaron su intención de realizar una auditoria forense en todas las EPS intervenidas y una evaluación semanal para cada empresa.
Pero ¿por qué cambiaron a todos los interventores? En una serie de respuestas envidas por escrito a El Espectador, Giovanny Rubiano habló de “los resultados nos indican que es necesario acelerar para proteger el derecho a la salud que tienen todos los habitantes de Colombia”, exigir “indicadores de cumplimiento para todas las etapas del servicio”, “manejo adecuado de las reservas técnicas de cada EPS”, “auditorías permanentes a todas las EPS e IPS intervenidas” y “medidas administrativas enfocadas en mejorar los indicadores de calidad y servicio”. Como no hubo posibilidad de contra preguntar, no quedó claro si es que los interventores que salieron no lo estaban haciendo a la velocidad que pedía el Gobierno, o simplemente no lo estaban haciendo. Sin embargo, un dato no menor quedó en evidencia: las nuevas personas que llegaron a dichos cargos no hacen parte del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO). Así que otro dato no menor nos contó el reportero Juan Diego Quinceno: Todos los nuevos interventores de las EPS, excepto uno, tuvieron importantes cargos en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.
El 22 de noviembre otra EPS fue intervenida: Coosalud, la quinta EPS más grande del país, con 3.2 millones de afiliados. La razón: “Deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales vienen afectando significativamente la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados”, explicaron en ese instante por medio de un comunicado de prensa. Ahí ya sumaban, en total, ocho Entidades Promotoras de Salud intervenidas, entre ellas las más grandes.
El reto histórico que le espera al sistema de salud
El año se iba acabando en medio de señalamientos y dedos acusadores. Por ejemplo, la Procuraduría pedía explicaciones al Supersalud por la elección de los nuevos interventores de las EPS. La Nueva EPS negaba haber suspendido pagos a hospitales, la Supersalud denunciaba irregularidades por $206.000 millones en la EPS Coosalud y, en medio de toda esta lluvia de malas noticias, era el presidente Petro en su cuenta de X quien ponía nombres sobre la mesa y acusaba también: “La junta directiva de la EPS privada Coosalud, donde está el hermano del presidente Pastrana y cuñado de la senadora Paloma Valencia, el hermano del vicepresidente Francisco Santos y el hermano del defensor de pueblo y exparlamentario, César Negret, todos uribistas, firmó la autorización para usar $221.000 millones del presupuesto público de la salud a fines diferentes al de atender las necesidades de salud de los afiliados de la EPS”. Y luego escribió: “Pregunto señores exmandatarios de la oligarquía: Andres Pastrana, Paloma Valencia, Francisco Santos, lo mismo que afirmé de Germán Vargas Lleras, ¿qué autoridad moral tienen para oponerse a la ley de reforma a la salud, si tienen sus hermanos viviendo de los dineros públicos de la salud?”, dijo.
Y justo antes de las celebraciones decembrinas del final de 2024, otra EPS entraba a escena, pero en este caso era su propia administración la que pedía autorización para hacer un alto en el camino y dar un paso al costado:
Salud
Las razones por las que la Supersalud rechazó la salida de EPS Sura del sistema
Salud
EPS Sura responde: acuerda con la Supersalud buscar alternativas en pro del sistema
Salud
EPS Sura: el impacto financiero, una de las razones de Supersalud para frenar su salida
Salud
Siguen aumentando los reclamos de los usuarios de las EPS, según cifras de Supersalud
El 23 de enero de 2025 la noticia era que la EPS Sanitas, por medio del Grupo Keralty, su propietario, buscaba indemnización del Estado colombiano en arbitraje internacional, por la ya conocida intervención. “En la medida en que todos los esfuerzos realizados por los accionistas del grupo Keralty fueron infructuosos, los accionistas del grupo Keralty se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados por el Estado colombiano”, se leía en un comunicado de prensa.
Se supo que en manos de la administración que estaba liderado a la EPS Sanitas, el 29 de enero, se había tomado la decisión de sacar a la empresa del gremio que los representa, Acemi, quien ha sido un crítico directo de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno. Entonces el Grupo Keralty, que es su propietario, rechazó dicho retiro y anunció acciones legales. La misma situación se veía con la Nueva EPS y el gremio. Y así llegamos al 1 de abril de 2025, cuando la Supersalud anunció que esta EPS seguiría intervenida. Que se prorrogaba por un año más debido a una serie de “incumplimientos”. ¿Qué dijo en ese instante el Grupo Keralty? “Es una medida improvisada”. “Los resultados de este año demuestran que esta intervención no ha solucionado la crisis, sino que, por el contrario, la ha agravado y los indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas han empeorado a niveles alarmantes”, advirtieron. A la Nueva EPS también le pasó lo mismo, le prorrogaron la intervención un año más.
Y así fue como llegamos al 26 de junio, cuando la noticia salía directamente desde la Corte Constitucional, confirmando que, por decisión de los togados, tumbaba “la intervención de la EPS Sanitas”. Se supo, inicialmente, que la decisión respondía “a una acción de tutela instaurada por la Clínica Colsanitas S.A. y otros contra la Superintendencia Nacional de Salud”. Los colegas de la redacción de Salud escribieron parte de la comunicación publicada por el alto tribunal: “La Corte, tras estudiar el caso, revocó la decisión previa de la Corte Suprema de Justicia, que había considerado improcedente la tutela. Es decir, el alto tribunal decidió darle la razón a los accionantes y amparar su derecho al debido proceso. En consecuencia, la Corte dejó sin efectos varias resoluciones clave emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Estas resoluciones habían ordenado la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas, así como su intervención administrativa por un año. La Corte anuló tanto la resolución inicial (del 2 de abril de 2024), como su corrección (del 10 de abril de 2024), y la prórroga dictada el 1 de abril de 2025, que volvía ampliar la intervención durante un año más”.
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Muchas reacciones al respecto: “Hace más de un año advertíamos sobre la arbitrariedad y el riesgo de esta medida de intervención. Hoy, cuando millones de afiliados han sido afectados y la empresa ha perdido valor, la Corte Constitucional lo confirma y deja sin efectos la medida ¡En buena hora!”, escribió la presidenta de Acemi, Ana María Vesga. “Fueron decisiones motivadas por la ideología y ejecutadas con torpeza y falta de rigor técnico. Indemnizaciones que todos los colombianos pagaremos con nuestros impuestos. Los funcionarios que estuvieron detrás tienen que responder”, escribió el exministro de Salud, Fernando Ruiz. Y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras escribió en X: “Llevan más de un año manejando de manera irregular una de las EPS más grandes del país, afectando la salud y la vida de miles de pacientes”.
¿Qué venía tras la decisión de la Corte? ¿Qué decía el abogado al frente de todo este proceso y que defiende los intereses del Grupo Keralty?
Salud
Intervención de Sanitas: grupo Keralty espera recuperar la EPS en 15 días
Salud
“No tenemos ánimo revanchista, pero vamos a continuar con las acciones legales”
Salud
Nuevos detalles de la sentencia con la que la Corte anuló la intervención a Sanitas
Salud
“Acato la sentencia”: Petro sobre fallo que tumbó intervención de EPS Sanitas
¿Cuáles fueron esos nuevos detalles que se conocieron sobre la decisión? “De acuerdo con los denunciantes, la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Sanitas, así como su intervención forzosa, estuvo marcada por múltiples irregularidades graves. Cabe recordar que Sanitas es la segunda más importante en Colombia, con 5.8 millones de afiliados (solo es superada por Nueva EPS, que tiene 11 millones)”. De acuerdo con el alto tribunal, “la Supersalud no tuvo en cuenta directrices claves emitidas previamente por la propia Corte —a través de autos de seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008— sobre cómo deben evaluarse las condiciones financieras de una EPS antes de una intervención”.
Y aquí va un argumento que, además, fue una constante de la Superintendencia para encaminar las intervenciones: “Una de las principales razones para la intervención, según la Supersalud, fue el incumplimiento del capital mínimo y el deterioro patrimonial de Sanitas. Pero la Corte señaló que esos indicadores financieros dependen, en gran parte, del dinero que gira el Estado a las EPS por cada afiliado (la llamada UPC), cuyo valor y reconocimiento también han sido objeto de seguimiento constitucional. Al omitir este contexto, la Superintendencia —dijo la Corte— incurrió en una interpretación errónea de la norma y afectó el debido proceso”, nos explicaron los colegas de salud. Todos los demás argumentos, uno a uno, están aquí.
Petro, constante crítico de las decisiones de los otros poderes en Colombia, se refirió a esta decisión: “Acato la sentencia que, según lo que se comunica por parte de la Corte, versa sobre irregularidades procedimentales en la intervención de Colsanitas, que pasa a ser libre de intervención y por tanto responsable pleno de las leyes financieras y de la conformación de reservas técnicas y del pago de su deuda a la red hospitalaria”, no sin antes lanzar un mensaje más que dirigido: “Si el congreso no aprueba la reforma a la salud, simplemente el sistema se quiebra. Las aseguradoras financieras o actuales EPS que no cumplan con las reservas técnicas que exige la ley para esta actividad, deberán liquidarse y sus pacientes quedan en las que sobrevivan, tal situación solo producirá que el número de EPS disminuya, creando un cartel de la intermediación privada de la salud”.
Durante 2024, las pérdidas netas de la EPS Sanitas sumaron más de $900 mil millones. Fueron mayores a las del 2023. En ese período estuvo intervenida por la Superintendencia de Salud, una medida que tumbó la Corte Constitucional.
Lo que se viene, ahora, es nombrar una nueva junta directiva para la EPS Sanitas, un nuevo representante legal y, “a partir de ahí, empezar a administrar la empresa de nuevo”, dijo la organización privada durante una rueda de prensa. Se trabajará en un plan de choque y en la recuperación de los indicadores, todos.
El procurador, Gregorio Eljach, también habló sobre las intervenciones a algunas de las EPS del país: “No puede ser, no puede seguir siendo, no puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas, porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución”. Y le lanzó un mensaje a la Superintendencia: “La intervención es una decisión extrema, excepcional. No puede ser la regla general”. Y, de paso, se supo que precisamente “la Procuraduría prorrogó por tres meses la investigación contra el exsuperintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas”.
Comenzó el segundo semestre del año y se supo que “el Ministerio de Salud anunció que reiniciará las mesas de trabajo para revisar la UPC”, que se podría decir es el centro de todo este embrollo. “La resolución de la cartera surge como respuesta a una de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional a mediados de mayo”, escribieron los colegas de la redacción Salud.
Fuentes cercanas a las altas cortes dicen que decisiones similares a la de EPS Sanitas están en fila, pues lo abogados que están defendiendo a las Entidades Promotoras de Salud dejaron escritas razones similares a las que argumentó la defensa de EPS Sanitas, pero amoldada a cada caso puntual. Así las cosas, la Corte Constitucional, usando exactamente las mismas consideraciones que dejó sentadas en esta decisión, estaría ad portas de fallar de forma similar sobre los otros procesos, lo que cambiaría nuevamente el escenario del sector de la salud, no solo por quien administra sino por las demandas que vendrán. Arreglar la casa es asunto de cada propietario, por supuesto, y en estos casos, la tarea de cada organización será la de poner en orden su EPS más allá de lo crudos pero dicientes que resultan los números, porque los que llegamos invitados, que al final somos los pacientes, solo buscamos una atención de primera calidad, así como cumplimos mes a mes cuando nos descuentan de la nómina o, para el caso de quienes no aportan directamente, pagamos con todos nuestros impuestos. Ojalá los que toman decisiones logren ponerse de acuerdo, porque el paciente, que espera en lo más delgado de la cadena, es el eslabón más débil en una sociedad que lo único que quiere es tener un buen sistema de salud que nos sirva a todos por igual.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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