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Mientras que la Registraduría alista los detalles finales para la adjudicación de un contrato por $2 billones para la organización y realización de las elecciones de 2026, el presidente Gustavo Petro –y otros altos funcionarios– reforzaron la tesis de una supuesta “falta de garantías” para llegar a las urnas el año entrante.
El episodio más reciente en ese sentido lo planteó el mandatario este miércoles al salir en defensa de su administración ante el supuesto intento golpista de quien fue su canciller por 21 meses, Álvaro Leyva, de acuerdo con unos audios filtrados esta semana. Y ese paso lo dio en clave electoral, pues al final su apuesta es que haya continuidad de la izquierda en el poder.
En cinco publicaciones en X de 37 párrafos, el presidente aseguró que desde su visión sí habría dudas sobre las garantías para los comicios de Congreso y Presidencia que se avecinan. De hecho, en uno de los trinos que lanzó mientras culminaba un periplo de cuatro días por España y Francia dijo que “qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador [Alexander Vega, hoy codirector de La U], el registrador [Hernán Penagos] y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos; el golpe de estado se venía fraguando, Leyva no estaba solo”.
Tienen a la fiscal fregada con su puesto, en el consejo de Estado, lo han demandado, cosa rara, en la sección que siempre falla en mi contra y hace "law fare", qué coincidencia, la misma sección que ha sacado mis embajadores, congresistas, alcaldes y gobernadores del Pacto…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 2, 2025
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Pero no es la primera vez que el jefe de Estado se refiere al tema. En repetidas ocasiones, ha cuestionado a la Registraduría, sobre todo, por la contratación de la firma Thomas Greg & Sons. Incluso, esta empresa se encuentra envuelta en otra polémica que también surgió desde la Casa de Nariño: la impresión de pasaportes.
Precisamente, el jefe de Despacho de Presidencia, Alfredo Saade, dijo también este miércoles que no se emitirá otra urgencia manifiesta, como lo había dicho la canciller Laura Sarabia, para que la multinacional continúe a cargo del proceso. Y agregó que en las próximas semanas se firmaría el contrato con Portugal para que acompañe a la Imprenta Nacional en la expedición de ese documento, para lo cual habrían destinados $3,2 billones distribuidos en 10 años.
En todo caso, desde la entidad electoral aseguraron que el proceso para adjudicar los $2 billones de la logística electoral del 2026 está cumpliendo con todos los requerimientos legales y que es probable que este jueves se conozca el informe final de ofertas. El paso siguiente para saber con qué firma se queda se daría el 7 de julio próximo.
Sobre las garantías para ir a urnas que ahora Petro alegó que no habría, Penagos afirmó en una reciente entrevista con este medio que “la Registraduría puede garantizar elecciones íntegras y transparentes, porque se trata de procesos que están distribuidos entre diferentes actores. Por un lado, están los jurados, que son 700 mil ciudadanos y ciudadanas; por el otro, están los jueces y notarios que hacen el escrutinio, que son aquellos que declaran los resultados en cada pueblo de Colombia. Pero además de eso, la Registraduría va a utilizar la biometría facial para evitar cualquier riesgo de suplantación”.
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En la Presidencia, sin embargo, las dudas del jefe de Estado son acogidas como directrices para actuar. Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, le dijo a El Espectador que “rechazamos cualquier tipo de proceso licitatorio disfrazado de concurso público que termine con un único proponente, donde el único proponente es el mismo de siempre, que es Thomas Greg. ¿Por qué lo rechazamos? Porque creemos que estos pliegos, como ya se ha denunciado en distintas oportunidades, están hechos solamente para que este operador ejecute operaciones logísticas como las de las elecciones, con un agravante: el manejo, control y conocimiento de los datos personales de la ciudadanía”.
Esta estrategia de Idárraga, que ha sido rechazada tanto por Thomas como por la Registraduría –cuyos voceros siempre han defendido su accionar–, tuvo un capítulo penal en octubre pasado. En ese entonces, el mismo funcionario palaciego presentó denuncias contra varios funcionarios de la entidad electoral por un contrato con Thomas Greg. Por eso, siguiendo las instrucciones del mandatario, dijo que espera que los expedientes avancen en la Fiscalía y que, a modo de advertencia, si esa firma vuelve a ganar la logística electoral se tiene lista una batería de acciones legales para intentar revertir la adjudicación. Se abriría un nuevo ring.
No obstante, la seguidilla de cuestionamientos contra las autoridades electorales que en todo caso en 2022 garantizaron la llegada al poder de Petro y la obtención de 46 curules (20 en Senado y 26 en Cámara) para el Pacto Histórico en el Congreso, no se limita a la Casa de Nariño.
Varios legisladores oficialistas, como el representante Gabriel Becerra, han mantenido el mismo relato presidencial. “Hay unos problemas estructurales que no se han resuelto: son problemas que tienen que ver con la preocupación sobre la transparencia del proceso de escrutinio y con que la Registraduría no ha accedido a comprar el software propio, cumpliendo un fallo del Consejo de Estado”.
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De hecho, tanto Idárraga como Becerra aseguraron que sus dudas sí tienen asidero, ya que en el pasado proceso electoral tuvieron que “buscar” más de 700 mil votos que, dijeron, les habrían intencionalmente ocultado al Pacto para frenar su liderazgo en el Capitolio. Eso mismo es lo que advirtió Petro al mencionar este miércoles al exregistrador Vega en sus trinos.
“Si nosotros no hubiéramos encontrado ese fraude, hoy solo tendríamos 16 curules en el Senado. Entonces, la transparencia no se dio en las pasadas elecciones, porque no se cumplieron las reglas democráticas”, afirmó Idárraga.
En todo caso, desde otras ramas del poder han salido en defensa de Penagos y la Registraduría. El saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que el registrador “ha actuado con la seriedad, el rigor jurídico y dentro de los canales institucionales que su cargo exige”.
Este manto de dudas que el Gobierno y sus aliados quieren promover se da, además, en un momento en el que el presidente Petro quiere movilizar a sus seguidores para que lo respalden en las calles en su intención de promover una Asamblea Nacional Constituyente saltándose al Congreso pese a que la Constitución de 1991 es explícita en advertir que algo así no es viable.
“Ahora sigue Bucaramanga. La gran marcha comunera, el preludio de la revolución que fue en la historia, ciudad del artesano que se volvió pequeño empresario, de la mujer aguerrida, de la juventud que está rompiendo las barreras del saber, del campesinado del magdalena medio que vuelve por su fuerza organizada”, escribió Petro este 2 de julio para ratificar lo que de verdad hay de fondo en esta estrategia que se comenzó a dilucidar.
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Y no son hechos aislados, ya que tienen conexiones con otros pasos que se vienen dando a través del erario. Solo en 2025, tal y como lo reveló este domingo El Espectador, Presidencia, ministerios y otras entidades del Ejecutivo han contratado $226.194 millones para la realización de estas intervenciones en plaza pública. De hecho, esta semana se conoció un contrato de la oficina de Angie Rodríguez, directora del Dapre, con 4-72, la empresa estatal de servicios postales, por $11.756 millones para la organización de eventos. Esta última ya lleva procesos contractuales por $174.000 millones en lo corrido de este año por rubros similares.
En medio de esos choques y movidas, desde el petrismo también están atentos a dos decisiones que serán claves para su participación en las elecciones del año entrante. Primero, la fusión de Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista como un partido único. Y segundo, la escisión de un sector del Mais (que avaló en 2022 a la senadora María José Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landínez).
La luz verde depende del Consejo Nacional Electoral (CNE), un tribunal que el presidente ha cuestionado duramente por el proceso administrativo que lleva en contra de su campaña presidencial hace tres años. Landínez aseguró que, a la fecha, contarían con seis votos positivos de los magistrados de nueve para que se apruebe la escisión. Y que espera que la próxima semana se discuta la ponencia positiva a cargo del magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador).
En cuanto a la fusión de los cuatro partidos, explicó que ya el proceso llegó al despacho del magistrado Altus Baquero (Partido Liberal). El representante Becerra confirmó que desde el CNE ya “enviaron un auto a los partidos pidiendo información financiera, procedimientos de los partidos para la toma de decisiones. En general, me parece positivo que ya está andando, porque con eso quiere decir que habrá una ponencia pronto”.
En ese panorama, el país calienta motores para las elecciones de 2026. Y mientras que el Gobierno plantea cada vez más dudas, la institucionalidad defiende que se realizarán con normalidad.
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Por Leonardo Botero Fernández
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