Inconformidad con el estado de las cosas

El desarrollo de un país y el bienestar de sus gentes requiere gobernantes y servidores públicos transparentes e instituciones modernas. En Colombia es imperioso cambiar la estructura del poder público. La rama Legislativa es una carga onerosa y demasiado ineficaz. ¿Qué porcentaje de los colombianos tiene una imagen positiva del Congreso? El Ejecutivo ha tenido todos los privilegios, consideraciones y prerrogativas. En los últimos 57 años, desde Lleras Restrepo, ¿cuántos presidentes de la República de Colombia han sido destituidos o procesados? La rama Judicial no ha tenido la capacidad de eliminar la impunidad. Se requiere disminuir el Congreso, fortalecer la justicia y restarle poder al régimen presidencialista. Los colombianos necesitamos que se garanticen los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida. Es perentorio derrotar la corrupción a todo nivel.

Se requiere una reforma político administrativa de fondo.

César Franco, Cali

Sobre Bukele

Me voy a referir explícitamente al siguiente párrafo de su editorial del domingo: “El modelo de Bukele es una falsa salida, pues está construido sobre crímenes ocultos, violaciones a derechos básicos y la omnipotencia de un solo líder que no acepta crítica alguna. La sensación de seguridad será pasajera, pero los efectos perversos de esta época se sentirán por generaciones”.

En el modelo colombiano, cualquier ciudadano no sabe si va a regresar ileso por la noche a su casa o si antes habrá sido asesinado, hurtado, violado, secuestrado, extorsionado, etc. Esto porque el Estado desarma a la población civil, asegurando así su indefensión, no siendo capaz de combatir contundentemente al crimen común y organizado, revestido de una política criminal que no parece disuadir al bandido.

Según la narrativa de la izquierda, eso es una situación “normal” que “hay que aceptar”, pero, al contrario, cada crimen que se cometa diariamente también es una violación a los derechos básicos de “la gente de bien” (de las víctimas) y los violadores son dos: el bandido (como victimario directo) y el Estado (como victimario indirecto), que en su Constitución promete salvaguardar la vida y la integridad física, el derecho a la propiedad privada, etc. de los ciudadanos, en muchos casos sin cumplir, apegándose a doctrinas irracionales e hipócritas como la del monopolio de armas de fuego, hipótesis que no se ha logrado volver realidad en ningún país del mundo.

Stefan Hoffmann

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