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“No puedo controlar la situación”. Esas fueron las palabras que escuchó un grupo de procuradores por parte del mayor José Fernando León, cuando llegaron al sector Ciudad Jardín en Cali, el 28 de mayo de 2021. Los funcionarios tenían el reporte de tres civiles heridos y, cuando fueron a revisar lo que pasaba, encontraron que ciudadanos del común tenían armas en sus manos y disparaban casi que escoltados por miembros de la Policía Nacional. La escena hacía parte de toda una confrontación entre manifestantes violentos y justicieros por mano propia, en contexto de paro nacional. Ese día, Andrés Escobar disparó contra marchantes, lo cual lo tiene en imputación. Ahora, tres policías de alto rango enfrentarán un juicio disciplinario por presunta omisión de funciones.
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El Espectador conoció el llamado a juicio disciplinario contra quienes debían controlar la convivencia ciudadana en Ciudad Jardín, durante aquel 28 de mayo. Se trata del mayor Mauricio Gómez Velandia, comandante de la Estación de Policía La María; el teniente Raúl Pérez Aramendíz, comandante del Distrito Seis de la Policía de Jamundí; y el mayor José Fernando León, comandante del grupo de Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana de Cali. Todos son señalados por hacer todo lo contrario a lo que se esperaba como garantes del orden, permitiendo que civiles armados atacaran a manifestantes como si se tratara de una respuesta legítima.
“El contexto general de violencia, como consecuencia de la inconformidad ciudadana, era una razón más que ponía a prueba el profesionalismo de la Policía Nacional y que imponía a los comandantes de la Policía Metropolitana el cumplimiento del deber para prevenir hechos violentos independientemente del lado que provinieran. (Debían) sofocarlos, investigarlos y controlarlos, pues para ello se habían proporcionado los medios humanos y jurídicos, para evitar acciones como las que lamentablemente provocaron, incluso pronunciamiento de organismos internacionales de Derechos Humanos, que veían en los actos violentos de civiles armados auspiciados por la policía como una forma de limitar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica”, explica la Procuraduría.
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El material probatorio del Ministerio Público sitúa a los tres uniformados en dos eventos distintos en Ciudad Jardín. El primero, relacionado con la destrucción del CAI que lleva ese nombre, por parte de manifestantes violentos que, incluso con armas de fuego, arremetieron en el barrio caleño. En ese evento fue identificado el ciudadano Andrés Escobar, quien accionó en reiteradas oportunidades lo que parece ser un arma traumática en contra de quienes sobrepasaron los límites del derecho a la protesta. En el segundo evento, cerca al Hotel Hilton Garden, se tiene prueba de la presencia de los investigados cuando civiles con armas de fuego cortas y largas dispararon contra otros miembros de la comunidad.
Entre las pruebas está un video de público conocimiento colgado en la plataforma YouTube. La Procuraduría demostraría que los oficiales de más alto rango en Ciudad Jardín, quienes contaban con decenas de uniformados bajos sus órdenes, apenas se movieron en medio de la confrontación armada. Civiles encapuchados y armados dispararon con la complicidad de los efectivos, quienes, a pesar de presenciar el riesgo a escasos metros, enfocaron su mirada del otro lado de la calle. Tal era la escena que incluso algunos uniformados mediaban palabra con ciudadanos que creyeron que podían salir a la calle con armas en la mano.
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“Las imágenes contenidas en el documento fílmico relacionado permitieron la identificación de los mayores aquí investigados José Fernando León Agudelo, Mauricio Gómez Velandia y Raúl Pérez Aramendíz, quienes observaban lo que acontecía a su alrededor y aparentemente permitieron el comportamiento indebido de uniformados bajo su mando que actuaban traslapados con civiles armados que sin ningún control disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes”, argumentó la Procuraduría. El Ministerio Público no se explica por qué los uniformados, en lugar de prevenir la violencia, habrían sido cómplices de afectaciones a la seguridad.
Asimismo, sobre el segundo evento, la Procuraduría advirtió que definitivamente resultaba más lesivo que civiles utilizaran en la calle armas largas tipo fusil, las cuales apuntaron directamente contra quienes, armados de piedras, gestaron el desorden en Ciudad Jardín. Por otro lado, al Ministerio Público le llamó la atención que nueve personas hayan sido judicializadas por actos de vandalismo, daño en bien ajeno y lanzamiento de objetos peligrosos, pero ninguno de los civiles que portaban armas de fuego o traumáticas hayan sido capturados.
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“Para este despacho resulta inexplicable que este oficial no haya realizado ningún procedimiento para identificar, requerir o judicializar a estos civiles armados que estaban frente a sus ojos ni exigido a los hombres bajo su mando proceder en consecuencia, pues para ese momento conforme la prueba documental analizada contaba con los uniformados adscritos a la estación de policía La María y los grupos de apoyo denominados reacción uno integrado por 23 funcionarios y reacción tres conformado por 22 uniformados quienes estuvieron apoyando el procedimiento realizado en el CAI de Ciudad jardín”, explicó la entidad sobre el mayor Raúl Pérez Aramendíz.
Para llegar a su conclusión, la Procuraduría examinó el proceso penal que cursa contra Andrés Escobar y otros cuatro civiles identificados por disparar contra marchantes. En el interrogatorio rendido ante la Fiscalía, Escobar explicó que civiles saquearon una mueblería y estaban atacando a los policías con bombas molotov. Aseguró que vio a un ciudadano disparar un arma, situación que repitió con su “arma traumática”. El investigado Juan Antonio Córdoba dijo que el enfrentamiento duró dos horas y reconoció que utilizó una pistola traumática marca ECOLT 9 MM y un fusil traumático del mismo calibre. Todo ante la mirada de los uniformados.
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El imputado Andrés Felipe Chicaiza, procesado junto a Escobar, respondió en interrogatorio que sus amigos “parecían rambo”, pues utilizaban chalecos y portaban armas traumáticas. Reconoció que durante la confrontación incluso pudo llamar para que le trajeran municiones. “Se dirigió al Caí y allí en el escritorio y delante de los policías sacó lo que llevaba en sus bolsillos y lo entregó a sus amigos. Que recibió una llamada de su tío informándole que los vándalos estaban destruyendo el ‘instituto Learn Englis’ que queda sobre la carrera 100 y les pidió a sus amigos y policías que lo acompañaran, pero estos se negaron”, reconstruyó la Fiscalía a partir de su testimonio.
El abogado Luis Fernando Bayona es quien representa los tres uniformados. Pidió a la Procuraduría que analizara la situación bajo el álgido contexto de orden público y la afectación a los derechos de los ciudadanos ante actos de vandalismo, desabastecimiento y afectación al patrimonio. Los mayores León Agudelo y Gómez Velandia, por su parte, fueron categóricos en afirmar que no vieron a civiles armados disparar armas de fuego y que sus acciones respondieron a la capacidad de respuesta con la que contaban. El teniente Raúl Pérez señaló que era imposible capturar a Escobar y a los otros procesados, pues eso generaría una “reacción de la turba, en forma desmedida y peligrosa”. Sin embargo, la Procuraduría los llevará a juicio por respectivas posibles faltas gravísimas.
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