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Un millonario fraude ocurrido en el estado de Florida, en Estados Unidos, a comienzos de siglo está por definirse, dos décadas más tarde, en la Corte Constitucional colombiana. Llegó allí por una tutela contra la Corte Suprema de Justicia, que homologó en 2019 un fallo de la justicia estadounidense. No se trata de un expediente sencillo. De por medio hay intereses de Estados Unidos, que ya tiene los ojos sobre el proceso pues busca cobrar más de US$76 millones, un exprocurador y excontralor, un concepto jurídico y decisiones judiciales encontradas en tres países. Además, los protagonistas de este dosier son miembros de una acaudalada familia judía de origen paisa, de apellido Fraynd, que hace años vive en el exterior.
Son el padre, Marcos Fraynd Szyler, y sus hijos, Paul, Saúl y Fanny Fraynd Rabinovich. Aunque nacieron en Medellín, salieron de Colombia en los años 80 en medio de la ola de violencia del narcotráfico y echaron raíces en Miami. Allí fundaron The Aries Company, una aseguradora que pronto cosechó frutos porque su nicho en el mercado fueron latinos, que cada vez más eran en Florida. A pesar de su éxito, la justicia luego determinaría que los Fraynd se apropiaron millones de dólares de sus clientes… y veinte años después no responden.
El estado de Florida los ha buscado en Colombia y Panamá. Una de las últimas cartas de los Fraynd para seguir esquivando a las autoridades estadounidenses es una tutela con la que buscan tumbar un fallo de la Corte Suprema que homologó en el país una sentencia de 2011 firmada en Florida en la que fueron condenados a pagar una millonaria suma de dinero. El abogado de la familia en Colombia es el exprocurador y excontralor Edgardo Maya, quien, a pesar de no tener éxito con la tutela ni en primera ni en segunda instancia, logró que la Corte Constitucional seleccionara el expediente para revisión. Así que los Fraynd tienen otro round, que está en manos de los magistrados José Reyes y Alberto Rojas.
El fraude
El desfalco por el que ya fueron condenados penal y civilmente se remonta a los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, según explica Maya en el expediente. Tras los miles de vidas que se llevó el atentado y las millonarias pérdidas económicas que trajo, hubo un corte en el flujo de dinero en los seguros. Las reaseguradoras, que amparan los riesgos de compañías como la de los Fraynd, dejaron de pagar los recobros de las aseguradoras. Mientras tanto, The Aries Company, que había entrado a formar parte de un holding llamado Onyx, siguió desembolsando el dinero de los siniestros de sus clientes. Sin efectivo entrando, la crisis era inminente.
Fue entonces cuando la compañía de los Fraynd se sometió a un proceso de rehabilitación ante las autoridades de Florida para paliar el no pago de las reaseguradoras. Como en la mayoría de procesos de intervención, los sacaron de la dirección de la compañía, pero quedaron con algún margen de maniobra en el holding. Según explica su abogado Maya en documentos del proceso, “una de las empresas del holding (Onyx), no intervenidas, realizó un pago a una reaseguradora con la esperanza de recibir los recobros”. Cuando el liquidador estatal verificó los estados financieros, notó movimientos que él no había aprobado. Ahí comenzó el camino de nunca acabar de los Fraynd por la justicia.
En 2002, Florida inició un proceso penal contra los Fraynd, que culminó en mayo de 2007, cuando el padre y sus tres hijos aceptaron cargos por delitos financieros. A través de preacuerdos (plea agreements), acordaron pagar cada uno US$5,4 millones a cambio de beneficios. Solo Paul Fraynd, quien tenía 51 años, fue sentenciado a 36 meses de prisión, mientras los demás fueron dejados en libertad condicional. Sin embargo, en julio del mismo año, a Marcos Fraynd le quitaron la visa y lo deportaron. Terminó en Panamá, país que le había concedido la nacionalidad cinco años antes y donde ha estado desde entonces.
Mientras todo esto ocurría, los clientes de The Aries Company continuaron reclamando reparaciones por siniestros. Como la compañía estaba intervenida por el estado de Florida, pero los movimientos de los Fraynd la habían dejado sin dinero, a los asegurados tuvieron que pagarles con dinero público. La Florida Insurance Guaranty Association y la Florida Workers Compensation Insurance Guaranty Association entraron a cubrir la insolvencia de la empresa y desembolsaron más de US$165 millones. En 2006, el Departamento de Servicios Financieros de Florida decidió demandarlos en el campo civil para que la familia colombo-judía respondiera de alguna forma por el dinero que ese estado había utilizado para pagar deudas. Un golpe más para los Fraynd.
En 2011, un juez civil decidió sobre la demanda. Declaró que la familia desvió fondos de la aseguradora para su uso personal y los sentenció a pagar más de US$76 millones: US$8 millones que movieron de manera irregular y otros US$65 millones que se apropiaron ellos mismos. “La Corte concluye que cada uno de los demandados de la familia Fraynd incumplió con sus obligaciones como directivos de Aries”, dice el fallo, que fue confirmado íntegramente al año siguiente por un tribunal superior. Como los Fraynd ya no estaban en Estados Unidos ni tenían negocios allí, en 2014 el Departamento de Servicios Financieros de Florida solicitó a Panamá y Colombia reconocer la sentencia.
Los norteamericanos contrataron en Panamá al bufete Arias, Fabrega y Fabrega, y en Colombia a Acuña, Acuña y Bermúdez. En concreto, buscaban levantar el velo corporativo de las sociedades que tiene la familia en ambos países para así poder cobrar la millonaria sentencia. En el istmo les negaron el recurso de exequátur, mientras que en Colombia la Sala Civil de la Corte Suprema lo concedió en julio de 2019. El fallo tuvo ponencia del magistrado Aroldo Wilson Quiroz y tuvo el visto bueno de toda la sala, hasta de la exmagistrada y hoy procuradora general Margarita Cabello. Luego vinieron las tutelas de su antecesor en el Ministerio Público, Edgardo Maya.
El pulso en la Corte
El jurista aseguró en documentos, que ya están en el alto tribunal, que la Sala Civil no decretó las pruebas que los Fraynd solicitaron. Según Maya, esto impidió que la defensa de la acaudalada familia demostrara varios puntos a su favor. Por ejemplo, una supuesta violación al debido proceso de Marcos Fraynd porque, al haber sido deportado, no fue notificado de la demanda civil. Además, alegaron que la decisión no estaba en firme, lo que hacía imposible homologarla, y, como si fuera poco, que entre Colombia y Florida no procedía un recurso así. En 2020, la Sala Laboral y la Sala Penal de la Corte Suprema, en primera y segunda instancia, respectivamente, negaron la tutela.
El exprocurador, entonces, radicó un recurso de insistencia en la Corte Constitucional. En el escrito de 39 páginas, volvió sobre los argumentos de la tutela y les dijo a los magistrados que, además de novedoso, en el tema estaban de por medio la libertad económica de los Fraynd. “Los bienes de mis representados siempre van a ser perseguidos en territorio colombiano y, en consecuencia, no podrán desarrollar actividades dentro del giro ordinario de sus operaciones financieras en nuestro país ante la permanente amenaza de la persecución de su patrimonio por parte del Departamento de Servicios Financieros del estado de Florida”, escribió.
En una sala compuesta por los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, se acordó seleccionar el expediente. La magistrada Fajardo se declaró impedida para decidir, pues una “amistad íntima” de más de diez años la une con Adriana Guillén, esposa de Edgardo Maya. Guillén, de hecho, fue jefa de la hoy magistrada en su paso por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Sin embargo, su compañero de sala no le aceptó el impedimento y el auto que seleccionó la tutela en junio de 2021 también lo firmó Fajardo. De allí el expediente pasó al despacho del magistrado José Fernando Reyes, quien debe consultar cada decisión en una sala con otros dos colegas.
Las tutelas que llegan a estas salas son repartidas de manera aleatoria y, esta vez, a Reyes le correspondió el debate del expediente con el magistrado Alberto Rojas y Diana Fajardo, quien una vez más pidió ser apartada del caso. Sus compañeros de Sala concluyeron, en septiembre pasado que, aunque no se trata de una “parte directa de la posición demandante en el proceso de tutela objeto de revisión, la situación podría llegar a tener la potencialidad de afectar el criterio de la magistrada al resolver el caso concreto”.
En el mismo mes, los abogados en Colombia del Departamento de Servicios Financieros de Florida pidieron a los magistrados Alberto Rojas y José Fernando Reyes declararse impedidos por la “importante cercanía” que, supuestamente, tienen con el exprocurador Edgardo Maya. Rojas, por un lado, fue procurador delegado para Asuntos Civiles, viceprocurador y hasta procurador general encargado en la época de Maya. Reyes, por su parte, fue el delegado para la Moralidad Pública entre 2001 y 2004, también durante el período de quien hoy es abogado de los Fraynd. El 14 de septiembre pasado, los magistrados decidieron que no se van a apartar del expediente.
“Ninguno de los dos magistrados ven comprometida su imparcialidad en la resolución del presente caso. El haber sido empleados subalternos del aquí apoderado (Maya), hace ya casi veinte años, no hace que en la actualidad se pueda predicar por un tercero que ello funda una amistad íntima y, por ende, la configuración de una causal de impedimento. Ello por la poderosa razón de que la existencia o no de una amistad que se pueda calificar de íntima reside en el ámbito personalísimo de cada individuo”, escribieron. Y remataron: “A la fecha, ninguno de los dos magistrados mantiene una relación de semejante grado de cercanía y compromiso con el señor Maya Villazón”.
En paralelo, en la Superintendencia de Sociedades ya cursa una demanda con la que Florida busca el capital que acumulan cinco sociedades que serían de los Fraynd, entre las que hay una zona franca en Galapa (Atlántico), además de: Inversiones Fraler, Inversiones Masler, Constructora Digamm, Inversiones Orquídea, Fraynd Szyler & Cía., Constructora Frapel, Inversiones del Norte, Inversiones Poblado Center, Inversiones BK e hijos, Benjamín Kerpel y Cía., Aberdare Shipping, Niz Shipping y Marfasa Investment. Sin embargo, los abogados de todas estas compañías han pedido que se suspenda el proceso hasta que la Corte Constitucional decida si el fallo de Estados Unidos es aplicable en Colombia.
Los abogados de Florida le pidieron al presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, que por la sensibilidad del tema sea la Sala Plena y no una sala de dos magistrados la que falle esta tutela. “Haber seleccionado el recurso afecta la seguridad jurídica que demandan las relaciones con los Estados Unidos de América y es un factor que ha debido ser tenido en cuenta por la Corte para explicar los novedosos motivos de selección”, escribieron. El alto tribunal aún no resuelve esta solicitud, pero desde ya se vislumbra que, cualquiera que sea la decisión, tendrá una incidencia en las relaciones diplomáticas.
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