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Una reciente denuncia hecha por el concejal Óscar Ramírez Vahos, respecto a la comisión de delitos por parte de migrantes en Bogotá, pone en evidencia la fuerza de las organizaciones criminales que instrumentalizan extranjeros para intentar burlar a la justicia.
De acuerdo con el cabildante, en lo corrido de este año han sido detenidos 1.834 venezolanos, pero solo el 138 de ellos fueron a prisión, por lo que los otros 1.696 quedaron en libertad y muchos de ellos siguieron delinquiendo.
“El crimen protagonizado por venezolanos en Bogotá se alimenta de la impunidad. Señalarlo no es xenofobia. Aquí lo primero que tenemos que decir es que los que están siendo verdaderamente xenofóbicos son esos delincuentes que hacen quedar mal a la inmensa mayoría de venezolanos honestos, que vinieron a Colombia en busca de mejores oportunidades. Para acabar con los prejuicios, primero debemos erradicar el crimen, pero la impunidad en estos casos es total”, señaló el concejal.
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La denuncia, además, revela que este año se incrementó en un 40% el número de capturas de migrantes, por delitos relacionados con el tráfico o porte de estupefacientes. “Ahora las bandas contratan como jíbaros a los migrantes que, al ser capturados, no pueden ser identificados y por esta razón son dejados en libertad; hay un vacío enorme en los procedimientos”, agregó Ramírez Vahos.
Esa situación, de la que habla el concejal, ya había sido denunciada por El Espectador y, además, puesta en evidencia por el mismo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliécer Camacho, quien en entrevista con este diario confirmó que existe una transformación en el modus operandi de la criminalidad.
De acuerdo con Camacho, si bien buena parte de los migrantes llegaron a la capital en busca de nuevas oportunidades laborales, y muchos de ellos están aportando a la economía, existe otro número importante de personas que están haciendo lo contrario. Además, asegura que el delincuente en general le habría perdido el miedo a la justicia porque sabe que su proceso no tendrá mayor impacto.
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“Hay un cambio, principalmente enmarcado en el tema de la pandemia. Desde 2020 hubo una atomización del fenómeno y las redes llegaron a diferentes lugares, donde no se encontraban, y eso trae consigo el tráfico de drogas, hurtos y enfrentamientos entre organizaciones delictivas. Y sí, la migración genera afectación en la seguridad. Si bien gran cantidad viene a laborar y pueden ser parte de la economía de la ciudad, hay un gran porcentaje que está delinquiendo. El año pasado capturamos a 4.500, pero solo el 10 % quedó en prisión. El no tener registro migratorio es una dificultad”, indicó el uniformado.
Precisamente la falta de registro migratorio, de la que habla el general de la Policía de Bogotá, es un aspecto que estarían aprovechando las grandes estructuras delictivas, para que sus integrantes pasen por alto ante la justicia y puedan salir a integrarse nuevamente a las actividades criminales.
Según cifras de la Secretaría de Seguridad, de las 11.773 capturas totales en lo corrido del año, 1.834 corresponden a venezolanos, es decir, un 15,5% del total de capturados. “La participación, si bien no es mayoritaria, es digna de atención si se tiene en cuenta la impunidad que rodea a los delitos cometidos por venezolanos. Si dejamos avanzar el problema sin atajarlo, veremos un incremento de la criminalidad “arrendada” y mucha más inseguridad en Bogotá”, insistió el cabildante.
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A modo de solución, Ramírez habla de la necesidad de implementar un proceso de identificación, monitoreo y seguimiento de los delincuentes, para así tener una trazabilidad de sus acciones delictivas y proceder de mejor manera ante la reincidencia.
Frente a esta situación, Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, establece que la solución no es sitiar a la población migrante y señalarla por los delitos, sino ofrecerles alternativas para que antes de integrar las organizaciones, tengan oportunidades, por ejemplo, laborales.
“Tienen dificultades para el acceso a la justicia y la seguridad, son dos de las particularidades que ocurren con el fenómeno migrante. Muchas veces la persona que llega de forma irregular tiene miedo de acudir a las autoridades a denunciar, porque siente que la pueden incriminar. Lamentablemente, somos un país que tiene unas estructuras y una tradición de violencia bastante fuerte, entonces empiezan a verse otros problemas como, por ejemplo, el reclutamiento forzado de población venezolana”, argumenta.
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Por otra parte, sobre las prácticas violentas, el experto asegura que tenemos que reconocer que históricamente la capital, y el país en general, tienen serios antecedentes violentos que no se le pueden atribuir a una población que en los últimos años ha migrado al país.
“La Policía sale a decir, por ejemplo: ‘Es que son venezolanos que matan y pican a otros venezolanos, porque están en confrontación’. Yo he estudiado la delincuencia en Venezuela de manera tangencial y en mi investigación, durante 18 años, he conocido cómo operan y los espacios que lograron ganarse en Caracas, y nunca he visto en Venezuela esa dinámica de excesiva sevicia que se está viviendo acá. En cambio, en Colombia sí tenemos una tradición de eso. No podemos olvidar que los paramilitares acudían a estas prácticas, y no menos reciente el caso de las casas de pique en la costa Pacífica”, concluye.
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