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Es miércoles, día de El Espectador le explica. En varios de sus correos electrónicos nos propusieron que habláramos del Clan del Golfo, otros se enfocaron hacia la llamada paz total y también escribieron indagando sobre el papel de la Fuerza Pública no solo por la inseguridad que vivimos en todo el país, sino frente a su tarea constitucional de combatir a los grupos ilegales al margen de la ley, como la guerrilla y los narcotraficantes. Así que, con la ayuda de varios equipos periodísticos, entre ellos los de Judicial, Política, Economía y Colombia+20, escribimos este boletín, un resumen de todo lo que desde allí hemos publicado para entender el por qué se está diciendo que al Gobierno de Gustavo Petro se le está embolatando la paz. Para la muestra la lamentable noticia de esta mañana: el Eln atacó una base militar del municipio de El Carmen (Norte de Santander) y asesinó a nueve soldados. Así, ¿cómo negociar? Tan grave es el asunto que el mismo Petro tuvo que convocar a la delegación del Gobierno en la mesa con esa guerrilla, y a los países garantes porque, en palabras del presidente, “un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana”. Pero lo que estamos viendo y viviendo, a todas luces, ni es serio ni responsable del lado de los armados ilegales.
Así que, como todos estos escritos, vamos con un poco de contexto. ¿Qué es eso de la paz total? Para el elegido presidente de los colombianos, como lo expresó desde sus primeras intervenciones, se trataba de la apuesta por el fin del conflicto en un país que siempre ha vivido en conflicto -por lo menos para los que tenemos menos de 60 años-. Y eso implica, ha dicho el primer mandatario, sentarse con todos los actores armados ilegales que hay en Colombia, como la guerrilla, las disidencias, los grupos que heredaron las estructurales criminales del paramilitarismo y todos aquellos que de una u otra forma ejercen la violencia para beneficio propio. ¿Y qué se ha hecho para materializar dicho objetivo?
El pasado 12 de noviembre de 2022, cuando todos hacíamos balances de los primeros 100 días de mandato, Jhordan C. Rodríguez, de la sección Política, recordaba que “con la reforma de la Ley de Orden Público (418 de 1997), que lo faculta (Ejecutivo) para adelantar negociaciones con distintos actores armados, se espera, por lo pronto, que se instale oficialmente la mesa de diálogo con el Eln, guerrilla que fue la primera en montarse al bus de la paz de Petro”. Se ha dicho que “la sociedad civil” está en el centro de la apuesta, “entendiéndola como víctima y principal conocedora de la guerra”. Para ese momento, de acuerdo con información del mismo Gobierno, varios grupos ilegales se habían sumado a la idea de la paz: el Clan del Golfo, la Oficina, los Caparros y los Pachencas. Y nos advertían, también, por qué este sería un camino en medio de un terreno agreste: “La heterogeneidad de los actores armados es lo que, dentro de otras cosas, significará el mayor reto para el Gobierno a la hora de ofrecerles salidas al conflicto. Es allí donde entrará un factor clave para que además de que haya paz, haya justicia: una ley de acogimiento”.
¿Qué pensaban distintos analistas sobre todo esto? Varios coincidieron en trabajar sobre lo construido, es decir, el acuerdo que hizo la administración Santos con las Farc. Otros advierten sobre la necesidad de dejar claro con qué argumentos se sentarán los delegados del Gobierno cuando tengan que dialogar con cada grupo armado ilegal, pues la historia con cada uno es distinta y de esa misma forma hay que escribirla. ¿Eso qué quiere decir? El colega de la redacción Política lo explicaba: hay que informar “a qué grupos se les permitirá una negociación y a cuáles se les brindará la posibilidad de someterse a la justicia, pues de acuerdo con los juristas asesores del Gobierno, no se pueden dar las mismas garantías y condiciones a grupos de origen político, como las guerrillas; que a las bandas criminales, que usan la violencia para enriquecerse”.
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Para el 30 de noviembre el tren parecía ir a toda máquina en lo que tenía que ver con la guerrilla del Eln, pues ya había países garantes, se levantaron las órdenes de captura y en este nuevo intento por negociar con dicho grupo armado ilegal -es clave recordar que la administración Duque levantó cualquier tipo de acercamiento luego del atentado terrorista en donde asesinaron a más de 22 cadetes en la Escuela de Policía General Santander-, se dijo también que se adelantarían “contactos diplomáticos con Estados Unidos”.
El 24 de diciembre -y estas son de las noticias que parecen de no creer, pero pasan en Colombia- la disidencias y autodefensas de la Sierra, anunciaban cese al fuego mientras pasaban las fiestas de fin de año. A la par, el país sabía del propósito del Ejecutivo para pedir que varios de los detenidos de la llamada “primera línea” quedaran en libertad para que oficiaran como gestores de paz, pero en ese camino, por ejemplo, apareció la Procuraduría. Era un mensaje directo y para tener en cuenta: “La procuradora Margarita Cabello radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura contra una jueza que ordenó la libertad a dos personas señaladas de pertenecer a la denominada “primera línea” quienes fueron nombrados como voceros de paz del Gobierno”, escribieron los colegas de la sección Judicial.
Terminando el año, el 30 de diciembre, fue la disidencia de Iván Márquez quien anunció el querer sumarse a la paz total. “La Segunda Marquetalia anunció tres posibles voceros para hablar de paz con la administración nacional”, contaban en la sección Política. Pero aquí el asunto es que este grupo de ilegales fue el mismo que estuvo en el proceso de paz del gobierno Santos, pero luego desertó. Se tenía otro antecedente: “En septiembre de 2022, un poco más de un mes después de la posesión de Gustavo Petro como presidente, la disidencia deGentil Duarte e Iván Mordisco se reunió con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para explorar la posibilidad de una terminación del conflicto”. Hasta donde han dejado claro altos funcionarios del Gobierno, el único grupo que sería tratado con estatus político sería el Eln, las distintas disidencias no.
El 31 de diciembre el mismo presidente Gustavo Petro hizo un anuncio tamaño familiar: “Hemos acordado un cese bilateral con el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad”. Se hizo vía decreto. El mismo mandatario dijo que para que el cese bilateral se cumpla “habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional”. Y para sumar, que se crearía “la comisión de Alto Nivel estipulado en la Ley 2272 de 2022, confirmada por MinDefensa, OACP y DNI, que tiene como objeto estudiar, caracterizar y calificar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto a que se refiere la Ley 2272 de 2022″.
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Peeeeeero la realidad era otra. El mismo grupo armado ilegal, Eln, en un comunicado de prensa, desmintió el presidente Petro: “La Delegación de Diálogos del Eln no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”. Y de paso le envió un mensaje no solo al mandatario sino a los funcionarios públicos que están trabajando en la tarea de la paz: “En diversas oportunidades hemos señalado que el Eln solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos”.
Y entonces, ¿qué? El Ejecutivo, después de la salida en falso del mismo presidente Gustavo Petro, “convocó a una reunión extraordinaria con Mininterior, Alto comisionado para la Paz y Mindefensa para evaluar y tomar acciones, entre las que se contemplaban la derogación del decreto y la retoma de acciones y operación militares en contra del Eln”. Pero Otty Patiño, el jefe de los negociadores con la guerrilla, dijo en W radio que lo que se debía hacer era tratar de cumplirlo y no echarlo para atrás. El resumen de la jornada, como dijeron varios analistas consultados por El Espectador, era la evidente “improvisación y descoordinación por parte del equipo negociador”. Patiño, tratando de calmar las aguas y tratando de avanzar, dijo: “Lo ideal, desde luego, es que ese acuerdo se pueda hacer en el menor tiempo posible”. Pero que todo dependería del Eln.
El 4 de enero el Gobierno fue claro y por medio del ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que se había tomado la decisión de suspender el cese al fuego con Eln y que dicho asunto sería tratando en “el siguiente ciclo”. No había pasado una semana y las disidencias del Estado Mayor Central sí confirmaban su decisión de acogerse al cese al fuego. Casi que en paralelo, “el comandante general de las Fuerzas Militares ordenó cesar las acciones ofensivas” y detalló que “persistirán las operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal, y las de entrega de ayudas humanitarias, entre otras”.
Y mientras tanto, así como en la Procuraduría se tenían reparos, en la Fiscalía también surgieron. “En un documento de siete páginas, la Fiscalía le dijo “no” al Gobierno de Gustavo Petro respecto de levantar las órdenes de captura en contra de miembros del Clan del Golfo. La solicitud la hizo la administración actual, en el marco del sometimiento a la justicia que está negociando con el grupo criminal. En la misiva, firmada por la vicefiscal Martha Marcera, se lee que el grupo que lideraba Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, no tiene un estatus político para conceder inmunidad en esa materia”, contó la redacción Judicial.
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Las denuncias de organizaciones de derechos humanos no se hicieron esperar argumentando que el Clan del Golfo no estaba respetando el cese al fuego. “Sentimos con gran preocupación la continuidad de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y prácticas criminales contra población civil de parte de este grupo paramilitar”, escribieron los representantes de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos. A eso se sumó que la procuradora Margarita Cabello respaldó la decisión de la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura en contra de los integrantes de las bandas criminales.
Empezó a sonar el nombre de Piedad Córdoba como facilitadora ante un eventual diálogo con paramilitares, anunciaban una reunión entre Petro y el fiscal Barbosa para tratar de solucionar las diferencias por las órdenes de captura en contra de los líderes de las bandas criminales, una jueza de Bogotá le negaba la libertad a tres personas que participaron en las protestas del 2021 -y que estaban en la lista de facilitadores de paz-, el Gobierno se sentó nuevamente con el Eln y ajustaron protocolos para mejorar la comunicación y la aparición de Venezuela como verificador del cese al fuego con la disidencia de Iván Mordisco. Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz salió a aclarar “que en la búsqueda de paz que adelanta con grupos armados que operan en Medellín y su área metropolitana, no son ciertas las supuestas promesas de rebajas de penas, de no extradición, o de excarcelación de líderes de estructuras armadas”. Todo esto pasó antes de que se acabara enero.
De la reunión entre Petro y Barbosa fueron muchos los temas que salieron a discusión, no solo el de las órdenes de captura. El fiscal aseguró que “coincidió con el presidente en que la ley de sometimiento que debe darse para llegar a la paz total debe ser construida con ayuda de la Fiscalía, porque “no se está negociando políticamente con actores delincuenciales ordinarios”. Y aseguró que en los próximos días -terminaba enero y comenzaba febrero- serán citados “el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; el señor Juan Fernando Petro, hermano del señor presidente y abogados que aparecen mencionados para que suministren información que conozcan sobre los hechos investigados sobre presuntos pagos de narcotraficantes para que sean gestores de paz”.
En entrevista con El Espectador, precisamente el fiscal Francisco Barbosa advirtió que en su consideración, las Fuerzas Militares y la Policía han malinterpretado los decretos de cese al fuego y que él ha sido excluido de las discusiones de paz total, cuando “la voz de la Fiscalía se tiene que escuchar”. Reveló que “en este momento las operaciones continúan y la Fiscalía está actuando con la Dijín en diferentes acciones contra narcotraficantes y violadores de derechos humanos. No están suspendidas las operaciones. Yo he sido muy incisivo en las últimas semanas en que, si se suspenden, habría posibles prevaricatos por parte de los mismos funcionarios de Policía y del Ejército”. Y aclaró que para ese 5 de febrero, se tenían “349 órdenes de captura sin ejecutar contra homicidas de defensores de derechos humanos, reincorporados y sus familiares. Gran parte de estas personas hacen parte de organizaciones como el Clan del Golfo o los Pachencas. Por eso hay que tener mucho cuidado de que no se nos genere una suma de elementos nocivos para la paz total”.
¿Cómo se veía la cosa situación desde afuera? ¿Cuál fue la noticia que generó inconformidad de todos los sectores, incluso del mismo Gobierno, que tenía que ver con un condenado por asesinato y vínculos con el paramilitarismo? ¿Qué otro hecho iba sumando en el delictivo actuar de las bandas criminales cuando supuestamente habían evidenciado voluntad de paz?
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La cosa estaba tan complicada que el mismo Gobierno, por medio de la oficina del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, tuvo que salir a reconocer que le dio facultades a Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la “Gata”, para ser facilitador de paz, pero aseguró que nunca solicitaron su libertad. Pasaron un par de días y ya era la Procuraduría la que denunciaba al juez que había ordenado liberar a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la “Gata”. Dos días después le fue revocada dicha libertad y lo reseñaron nuevamente. La misma semana “el Gobierno y las disidencias conocidas como Estado Mayor Central de las Farc Ep (EMC) firmaron un protocolo de cese al fuego bilateral” que contenía “las reglas que regirán a las partes mientras dure esa suspensión de acciones ofensivas que empezaron el 1 de enero e irían hasta el 30 de junio de este año”, escribió Gloria Castrillón.
El asunto que rodeó todo el caso del condenado Jorge Luis Alfonso López trajo todo tipo de críticas al proceso que adelantaba el Ejecutivo. Por ejemplo, no quedó claro cuáles eran los planes que se tenían con él y por qué confiaban en que sería una opción para acercarse a los grupos armados. Para entender mejor todo esto, la redacción Judicial entrevistó a Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, y reconoció que ese hecho “lastima y afecta la paz total”. Sin embargo fue claro en que desde el Gobierno “seguimos confiados en que tenemos que seguir buscando los mecanismos más idóneos y precisos para lograr generar el escenario que permita las condiciones básicas para que grupos criminales puedan transitar al Estado de derecho”.
Ya eran varios los lunares en todo este proceso y el equipo de Colombia+20 lo resumía así: “Un fallido y confuso encuentro de paz en Montes de María, el cuestionado capítulo que casi deja en libertad al hijo de la Gata, un cartel de abogados que estarían cobrándole a capos a cambio de beneficios o el anuncio de un cese al fuego bilateral que no existía son algunos de los episodios que han empañado esa apuesta”. El 14 de febrero fue Rueda quien informó que ya había avances con 15 grupos armados de Medellín y Quibdó. Se habló, dijo el alto comisionado, que por lo menos con las de Quibdó habría cese a sus acciones violentas y extorsivas.
Era mitad de febrero y revelamos, en El Espectador, que el gobierno de Gustavo Petro tenía listo el documento con el que esperaba que una parte fundamental de la paz total sea una realidad. “Se trata del proyecto de ley “por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto””. Allí se asegura que a partir de la entrada en vigencia de la Ley, los grupos criminales y narcotraficantes tendrán un término de dos años para acogerse al proyecto. Y que entre seis a ocho años de prisión en una cárcel. Luego de ello, deberán permanecer, por cuatro años, en actividades de justicia restaurativa y de reintegración a la sociedad, con monitoreo permanente por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). ¿Y la plata? Este es el asunto que más mal cae entre muchos colombianos: Si el procesado entrega de manera anticipada los bienes que posee, podrá mantener hasta un 6% de ese patrimonio ilícito. Es decir, de la plata que consiguió producto de sus crímenes.
A pesar de los buenos anuncios en Medellín, “un abogado que había sido autorizado para dialogar con grupos armados en esa ciudad renunció a su cargo alegando caos en la política que dirige el comisionado Danilo Rueda”. Hablamos de la extradición. Del papel de la Fiscalía. Veíamos cómo el Eln seguía haciendo lo suyo: delinquiendo.
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Todo este proceso, si se entiende como un todo, ha sido un viaje en montaña rusa: de subidas y bajas con la angustia que eso conlleva. ¿Quién no va a querer vivir en paz? Todos queremos vivir en ella, pero está claro que en una negociación las dos partes debe ceder -de lo contrario no sería una negociación- y en la teoría de los estudiosos de la guerra y la paz, muchos de estos armados ilegales tratan de demostrar su poder violento antes de llegar a la mesa, pero, ¿a qué costo para la población colombiana? El 21 de febrero la Fiscalía confirmó que el Ejecutivo le había pedido levantar las órdenes de captura contra “Iván Mordisco”.
Se sabe, por ejemplo, que el Gobierno estudia la posibilidad de darle estatus político a la Segunda Marquetalia, lo que generó todo tipo de críticas a favor y en contra, aunque los Ministerios de Justicia y Defensa dicen que Petro decidirá si le da estatus político a la agrupación o la trata como una banda criminal; que desde el escenario internacional le han dicho al Ejecutivo que no basta con cese al fuego sino que se debe lograr que los criminales ‘dejen de suplantar al Estado en las regiones’; que los alzados en armas siguen dejando minas antipersona y este año ya dos niños han sido víctimas de ellas, y así fuimos terminando febrero, la previa de toda una tempestad que incluso se ha llamado como los tiempos más difíciles para Petro desde que llegó a la Casa de Nariño.
Comenzó marzo y Petro pidió investigar a su hijo y a su hermano por supuestos sobornos. Juan Fernando Petro estaría involucrado en un presunto cartel que cobraría dinero a narcotraficantes para ingresar a la paz total. Ese asunto es tan delicado que, incluso, escribimos un detallado El Espectador le explica para entregar todos los pormenores que hasta ese momento se conocían: “La Fiscalía ya tomó la versión de la exesposa de Nicolás Petro, mientras el hermano del presidente niega haber cobrado a mafiosos para ‘colarlos’ en paz total. Sí, esto era otro asunto que tenía que ver toda esta idea de lograr que los ilegales dejen las armas, pero resultaba más delicado porque era el mismo Petro quien pedía la investigación.
El país se enteró de que el cuerpo de alias “Siopas”, el segundo al mando del Clan del Golfo, había sido encontrado en municipio de Dabeiba, Antioquia y que de acuerdo con el Ejército y la Policía, el cuerpo fue encontrado con signos de tortura y varios disparos en su rostro. “Con la muerte de “Siopas” y “Boyaco”, quienes quedan en la cúpula del Clan del Golfo son “Chiquito Malo” y “Gonzalito”, dos hombres también de toda la confianza del capo Otoniel, capturado en octubre de 2021 y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022″. Guerras internas serían la causa. Y el asunto es relevante porque además de ser un grupo armado ilegal con el que también busca la paz el Ejecutivo, “documentos rotulados como “ultrasecretos” por el Comando General de las Fuerzas Militares” señalan que “Siopas” fue el líder del Clan del Golfo. “Los archivos, de diciembre de 2021, indican que este estuvo a la cabeza tras la captura de “Otoniel””.
La situación, una vez más muy delicada, con la paz en la mitad y con tanta denuncia, volvimos a entrevistar al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien habló de los temas más espinosos con los que han relacionado su gestión como el cartel de abogados que estaría pidiendo dinero a cambio de beneficios, su relación con el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, y, dice él, los seguimientos, acusaciones y posibles entrampamientos de los que sería víctima, escribieron colegas de la sección de Investigación y de Judicial.
No había pasado una semana y el bajo Cauca antioqueño estaba encendido: en medio de un paro minero se fue desencadenando un asunto de orden público de marca mayor, incluso vimos uniformados que no podían pasar libremente por las carreteras, ambulancias quemadas, peajes atacados, tuberías de agua estalladas, vías bloqueadas, saqueos a los camiones de carga. Y detrás de todo esto, dijo el Gobierno, estaba el Clan del Golfo.
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El presidente Petro suspendió el cese al fuego con, precisamente, el Clan del Golfo. Todas las operaciones militares contra esta estructura criminal quedaron reactivadas. “No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, agregó el mandatario. Se supo que hombres de esa estructura atacaron con un fusil a agentes de la Policía y que, por obvias razones, la Fuerza Pública debía actuar de inmediato en su contra.
Ya el país reclamaba el por qué la Fuerza Pública no había actuado antes en casos como el de Los Pozos, en Caquetá; las negociaciones con los indígenas de Asoinca o, justo, lo que pasó en el bajo Cauca antes de que pasara lo que ya relatamos. Franklin Castañeda, designado como director de DD.HH. en el ministerio del Interior, respondió: “Lo que pasa es que eso lleva tiempo y claramente quienes han estado padeciendo la exclusión y han padecido muchísimas injusticias lo que menos quieren tener en esto es paciencia, y están recurriendo a la protesta. No vamos a responder a esa protesta con el uso de la fuerza”. El asunto es que, como quedó en evidencia, por ejemplo, lo del Bajo Cauca escaló y terminó el mismo presidente Petro advirtiendo la gravedad del tema.
La realidad es que lograr la paz no es una tarea fácil. Ya lo hemos visto con otros procesos, sabemos que como sociedad nos tendremos que tragar enormes sapos, como se dice en la política colombiana, que la voz de todas las víctimas es la que debe estar en la primera hoja de la mesa de negociación y que, está más que claro, que si estos grupos armados quieren hablar de paz tienen que, por lo menos, demostrar su interés. Pero el Eln y el Clan del Golfo están más que lejos de eso. Para la muestra todos los hechos violentos registrados este mismo año.
El país vive una dura situación de orden público. En las ciudades, la inseguridad está disparada; pero en la zona rural la violencia está desatada. De ahí que varios gobernadores postearon en sus redes sociales el escudo de Colombia pidiendo lo que allí dice: “Libertad y orden”. Lo dijo Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta: “Este es el mensaje de los gobernadores de Colombia al Gobierno Nacional, de que lo acompañamos en la búsqueda de la paz, pero creemos que la autoridad siempre debe prevalecer, el apoyo a nuestra fuerza pública, y que los grupos al margen de la ley que no entiendan el mensaje generoso del Gobierno sea aplicado todo el uso legítimo que nos concede la constitución y la ley para mantener siempre la libertad y el orden”.
Para el 21 de marzo, ¿cómo estaba la situación respecto a la paz total? Esto nos contaron los equipos periodísticos de las secciones Judicial y Política: “En la misma semana el Gobierno Nacional suspendió el cese al fuego con el Clan del Golfo, anunció el inicio de la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central y presentó la agenda definitiva de negociación con el Eln, al cierre del segundo ciclo de conversaciones con esa guerrilla”. En otras palabras, “de los cinco grupos armados con los que el presidente Petro anunció un cese al fuego bilateral minutos antes del Año Nuevo, el 31 de diciembre pasado, quedan tres cumpliendo el compromiso”.
¿Qué balance había del cese al fuego? ¿Qué obligó al presidente Petro a decir que asumía la responsabilidad en el cómo se manejó todo el secuestro ocurrido durante la primera semana de marzo en Caquetá donde no solo retuvieron a 79 policías sino que uno resultó sin vida?
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El 27 de marzo Ecopetrol confirmó un ataque en contra del oleoducto Caño Limón – Coveñas. Nos contaba la redacción Judicial que “de acuerdo con el informe “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado” de la Fundación Ideas para la Paz y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), al menos 1.339 acciones armadas se perpetraron contra este oleoducto entre 1986 y 2015.
¿Y en qué vamos? En que 16 exlíderes de las Auc firmaron un documento -entre ellos Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; enviado al presidente Gustavo Petro, en el que escribieron, por ejemplo, que “incluso hoy en día podríamos decir, sin faltar a la verdad, que el fruto de la negociación –aún pendiente de la firma final de los acuerdos o de su terminación– entre el Estado colombiano y las Autodefensas, ha sido el sistema de Justicia Transicional con más resultados”. Allí también dijeron que “tenemos toda la disposición a participar y a exponer, con lujo de detalles, cuáles han sido nuestros aportes judiciales y extrajudiciales a la Paz y la Reconciliación de Colombia”.
Añadieron que, “seguramente esa exposición servirá de referente para quienes hoy todavía dudan en asumir su responsabilidad en el conflicto armado colombiano”. Y que “estamos de acuerdo en que la paz debe construirse sobre la base de la verdad. Esto debe aplicar para todas las partes, incluidos los gobiernos nacionales que, en su momento, no generaron las condiciones para lograrla. Entendemos el desafío de lograr una paz total, que, si es total, debería ser con todos, de lo contrario quedará reducida a una entelequia”.
Y para sumar en toda esta cadena de hechos, “El Ejército informó que a las 3:00 de la mañana de este miércoles 29 de marzo, en la vereda Villanueva del municipio de El Carmen (Norte de Santander), fueron atacados con explosivos por el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hasta el momento oficialmente se reporta que son nueve soldados los que resultaron muertos y nueve heridos”. Sí, el grupo armado ilegal que está negociando con el Gobierno fue el mismo que acabó con la vida de nueve personas. El presidente Gustavo Petro escribió: “Repudio total al ataque al pelotón del Ejército en el Catatumbo, 7 soldados que prestaban su servicio militar y 2 suboficiales, soldados de la Nación y del gobierno del cambio, asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo”. Y en un segundo mensaje: “He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del Eln, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana”.
Ya, después de este resumen de lo que ha pasado es que se entiende el por qué hay quienes dicen que se está embolatando la paz de la administración Petro. De nuevo, no es fácil, se sabía que cada negociación debe ser distinta y que el estatus de cada grupo ilegal es distinto, razón por la cual hay que hablar caso por caso. Pero que el Clan del Golfo y el Eln se comporten de esta forma no deja mucha tela por cortar en dicha mesa de negociación. ¿De verdad les interesa la paz? Sus actos demuestran que no, por algo el mismo Danilo Rueda dijo: “Con estos gestos del Eln se está esquivando la posibilidad de paz”.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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