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El exsenador Iván Moreno fue condenado a cinco años y cinco meses de prisión por las irregularidades en un contrato de ambulancias que se presentaron en el denominado carrusel de la contratación, que se fraguó cuando su hermano hoy fallecido, Samuel Moreno, tuvo en su poder la alcaldía de Bogotá. La decisión es de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que, además, lo inhabilitó para ejercer funciones públicas durante cinco años y siete meses y le impuso una multa de más de $29 mil millones.
Sobre el exsenador, que fue sentenciado por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, también pesa otra condena de 14 años por hechos de corrupción similares. El proceso judicial en contra de Moreno Rojas por el saqueo a un contrato de ambulancias para Bogotá en 2009 empezó en marzo de 2021, cuando la Sala de Instrucción lo llamó a juicio. El político fue señalado de negociar un convenio de ambulancias a favor de la unión temporal de Transporte Ambulatorio Médico por más de $67 mil millones.
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Las autoridades comprobaron que del negocio logró apoderarse de un porcentaje para ser repartido entre él, su hermano, los contratistas hoy condenados Emilio Tapia y Federico Gaviria, entre otros. El contrato de ambulancias -N° 1229-, se firmó el 30 de septiembre de 2009 y los recursos fueron desembolsados por el Fondo Financiero Distrital de Salud. Las coimas, según la condena, llegaron directamente a los bolsillos del exsenador Moreno y el exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, quien fue condenado a 13 años de prisión tras firmar un preacuerdo.
Las investigaciones, en este caso, dieron cuenta que Moreno y el exsecretario modificaron el pliego de condiciones del contrato, para que solo la unión temporal pudiera ofrecer sus servicios a la capital. Durante el proceso se demostró que esa empresa que dirigía Emilio Tapia Aldana no tenía experiencia para ejecutar el contrato y no tenía la capacidad para prestar el servicio de ambulancias ni mucho menos el estado de emergencia de los potenciales pacientes. Todo el entramado, según la sentencia, empezó con el famoso encuentro que hubo en la casa materna de los hermanos Moreno Rojas y los contratistas vinculados en el carrusel.
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Con base en esos antecedentes y, ante la solicitud de la Procuraduría, al considerar que Moreno Rojas participó de una estructura criminal que desfalcó los recursos de la salud, la Corte Suprema decidió condenarlo. “El abuso de sus funciones se hace patente en la medida que conformó un grupo delictivo que bajo su liderazgo celebró acuerdos ilegales con proponentes quienes a cambio de la adjudicación de contratos en el distrito capital (…) logró incrementar de manera irregular su patrimonio, con miras a alcanzar, entre otros propósitos, la financiación de sus campañas políticas para alcanzar la reelección en el Senado de la República”, dice el fallo de más de 300 páginas conocido por este diario.
La Corte dijo que Moreno Rojas aprovechó su cargo y parentesco con el entonces alcalde Samuel Moreno para definir nombramientos de personas en cargos directivos que servirían para manipular los convenios que se pactaban en la administración distrital. “Son múltiples los medios probatorios que dan cuenta que el acusado tenía injerencia en la alcaldía de Bogotá, así como una inmensa cercanía con Emilio Tapia”, resaltó la Corte. Añadió que el exconcejal Hipólito Moreno, también condenado por estos hechos, tenía conocimiento del convenio irregular que se celebró por lo que la Corte lo catalogó como el “dueño del contrato de las ambulancias”.
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Respecto de las coimas que se pagaron por ejecutar dicho convenio, la Corte encontró que los hermanos Moreno “se caracterizaron por perseguir un provecho económico ilegal” y que lo hicieron una vez Samuel Moreno se posesionó como alcalde y puso sus cuotas en la Secretaría de Salud y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Los pagos, según el fallo, se pactaron con anticipación en la que se estipuló la forma de cancelación y distribución, teniendo en cuenta que la mitad de los dividendos del 9 % del valor del contrato quedarían en los bolsillos de los hermanos Moreno.
Lo que reposa en el fallo es que, el exsenador, inicialmente, recibió $90 millones que le servían como recursos para la campaña electoral que adelantaba para llegar al legislativo. “El senador contó personalmente este dinero, recuerdo esto en una salita enseguida de la entrada de esa casa”, es el testimonio del exsecretario de salud, Héctor Zambrano, que fue tenido en cuenta por la Corte, ya que resulta creíble por la claridad en la que se comenta la forma en la que se hizo la entrega del dinero. Además, en el testimonio de Zambrano reposa que los hermanos Moreno le manifestaron la urgencia de tener el dinero en su poder por los gastos de la campaña.
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“La prueba recaudada concluye válidamente que este grupo de personas logró manipular el trámite de la licitación, construyendo pliegos de condiciones amoldados (…) bajo el compromiso del pago de una comisión dineraria que se repartiría entre los miembros que se sumaron al acuerdo y de diversas formas contribuyeron para tal fin, conformando una red de corrupción con el claro objetivo de direccionar la contratación del distrito capital y apropiarse de dineros públicos, obrando como verdaderos coautores a través de la realización de tareas esenciales para el cumplimiento del fin criminal propuesto”, dice el fallo.
Para la Corte, está claro que el exsenador Moreno actuó de manera irregular frente a la designación de cargos y adjudicación de convenios, pero, además, que contó con el aval de su hermano Samuel Moreno, quien también terminó condenado a 15 años de prisión. De acuerdo con el alto tribunal, en el entramado de corrupción que vinculó el convenio de las ambulancias tuvieron participación directa los excontratistas Emilio Tapia, Federico Gaviria, el exsecretario de salud Héctor Zambrano, el exconcejal Hipólito Moreno y los hermanos Moreno Rojas.
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“La estructura criminal que el alcalde junto con su hermano Iván Moreno conformaron, parte del presupuesto que la contratación del distrito se constituía en el medio a través del cual podrían desfalcar las arcas del estado y hacerse a esos recursos para su beneficio personal y de los demás miembros del entramado delictivo”, reposa en el fallo. Reprochó que en lugar de destinar esos rubros al bienestar común de la ciudad se dedicaron a satisfacer las necesidades ilícitas y los intereses, no solo de ellos, sino de terceros. Sobre el monto del que se apropiaron irregularmente, la Corte halló que fueron alrededor de $500 millones.
Así las cosas, la Corte concluyó que “todas las maniobras ejecutadas para direccionar la licitación pública y la contratación finalmente realizada, permiten afirmar que Moreno Rojas, como las demás personas que participaron de la empresa criminal, actuó a sabiendas de que con su comportamiento estaba realizando las conductas punibles por las que fue acusado”.
Moreno Rojas, permanece recluido en la cárcel la Picota de Bogotá y, aunque tiempo atrás se negó a comparecer ante la justicia porque consideró que las acusaciones en su contra no son ciertas, reapareció en una audiencia pública en el tercer proceso que se adelanta en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos.
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