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El presidente Gustavo Petro no anda en su mejor momento con la rama Judicial, que en los últimos meses no le ha dado la razón en peticiones que ha hecho en relación con el futuro del expediente en el que se investiga su campaña presidencial de 2022. Justamente, en medio de la posesión de una nueva magistrada en el Consejo de Estado, el mandatario planteó la idea de que los jueces del país deberían ser elegidos por voto popular, igual que los políticos. Sin embargo, esa propuesta es, en voces de expertos consultados por El Espectador, algo inconstitucional y afectaría drásticamente el balance de los poderes en el país.
Lo que dijo el jefe de Estado en la posesión de la magistrada Elizabeth Becerra es que “América Latina está viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental, que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida”, y ejemplificó agregando que “México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces”. Ante la posibilidad que planteó el presidente Petro, El Espectador consultó a exmagistrados de las altas cortes y expertos en derecho constitucional, los cuales concordaron en que, en caso de materializarse esa idea, la justicia sería completamente política y respondería a claros intereses electorales, en vez de enfocarse en el verdadero cumplimiento de las normas.
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Para Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional, hacer lo que plantea el presidente Petro sería “inconstitucional, porque elimina la independencia y autonomía de la rama Judicial”. Además, el exintegrante de la Corte le señaló a este diario que lo único que permitiría materializar lo que plantea el jefe de Estado para que los jueces sean elegidos por voto popular es una “sustitución de la Constitución”. Pero, resalta, que “la discusión sobre la existencia de reformas constitucionales —o inconstitucionales— en Colombia no es nueva”, y que, desde la década de los 50 del siglo XX, se han tomado decisiones en derecho que han cerrado esa puerta.
Una postura similar tiene el exmagistrado Roberto Serrato, expresidente de la Sección Primera del Consejo de Estado. Según le dijo a este diario, “un elemento estructural del Estado social de derecho es el de la autonomía e independencia de las autoridades judiciales”; además, el otrora magistrado del alto tribunal considera que “pensar en implementar en nuestro país la elección popular de jueces no solo sería un atentado contra dicho postulado, sino que haría del juez un político que decidiría conforme a los lineamientos de sus electores, dejando en un segundo plano el respeto al ordenamiento jurídico”.
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Serrato, afirmó que plantear este tipo de decisiones no puede ser la respuesta de un jefe de Estado a las decisiones que no son favorables a su plan de gobierno. “La emisión de decisiones judiciales adversas a la rama Ejecutiva del poder público no puede generar como respuesta el cambio del funcionario que las profiere, sino el acatamiento del gobernante a la legalidad”. Para el exmagistrado es vital que se entienda que “la elección popular de jueces pone en riesgo el principio de pesos y contrapesos necesario para la existencia de la democracia”.
La propuesta de Petro sobre los jueces no cayó mal solo entre exintegrantes de la rama, sino también a jueces activos. Por ejemplo, Hermes Lara, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien también es presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), le comentó a este diario que lo dicho por el presidente desconoce “lo que es la democracia real”. Adicionalmente, el magistrado Lara dijo que buscar que quienes imparten la justicia sean elegidos igual que los políticos es una “pretensión de autoritarismo pleno”.
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De igual manera, El Espectador consultó al constitucionalista Juan Manuel Charry, quien asegura que no es viable una elección popular de jueces. De hecho, el experto advierte una contradicción en lo que plantea el presidente: “Ahora, con la polémica sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), la discusión es la politización del organismo y la forma de su conformación, que es política”. Charry agregó que al elegir jueces por voto popular “se verían afectadas la imparcialidad e independencia por la tendencia política de los electores y por los partidos políticos que apoyaron”.
La idea del presidente se mantiene, de momento, solamente en un planteamiento hecho durante un evento; no obstante, el jefe de Estado fue enfático en que “a veces no se quiere escuchar el voto popular”, y que “las instituciones no son estáticas”. Por ahora, la rama Judicial mantiene una postura de rechazo no solo desde el aspecto académico, sino también en lo simbólico. Por ejemplo, con el desplante de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia el pasado miércoles, durante la sanción de la Ley Estatutaria a la Administración de Justicia, donde no hubo ni un solo representante de las altas cortes.
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