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Infraestructura, presupuesto y vigencias futuras. Tres palabras que han estado en el centro del debate en la última semana. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que representa a los empresarios del sector, alertó la semana pasada que los proyectos estaban en riesgo porque en el decreto de liquidación del presupuesto no se desagregaron $12,5 billones. Días después, el Gobierno publicó el documento en el que aclaró específicamente cuántos recursos se destinarían para cada proyecto.
Si bien en ese momento, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, celebró la expedición del decreto y manifestó que quedaba garantizada la continuidad de las obras clave, lo cierto hoy es que la discusión de fondo no se ha zanjado, por lo menos no del todo.
Vigencias futuras, en el centro
Desde que arrancó la polémica por la falta de desagregación del presupuesto, el discurso del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha generado muchas inquietudes. En más de una ocasión, el jefe de la cartera se ha referido a la posibilidad de que las vigencias futuras para proyectos con baja ejecución o que están frenados se puedan redireccionar a otras obras, incluso dijo la semana pasada que se necesita reactivar la economía, pero con “obras reales no hipotéticas”.
Ahora hay un nuevo documento que inquieta a concesiones, empresarios, políticos y expertos. El Ministerio de Hacienda publicó en la tarde del lunes un borrador de decreto que dice que para proyectos de inversión se necesitará la autorización del presidente para traslados presupuestales, vigencias futuras y su reprogramación, antes de que se inicie el trámite ante la dirección de presupuesto de Hacienda o del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), en el caso de vigencias futuras.
Hay que aclarar que hoy el Gobierno ya tiene la “última palabra”, por decirlo así, porque en todas las instancias hay funcionarios que representan al presidente.
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Bonilla explicó que el borrador de decreto tiene que ver con que el presidente Gustavo Petro quiere estar informado sobre todos los proyectos de inversión para garantizar que los recursos se destinen a aquellos que son de importancia estratégica. Nuevamente, afirmó que el Estado debe girar recursos para proyectos que no están avanzando, que la plata “está encerrada en fiducias y la obra no existe” y que buscan que “exista un compromiso” para que los giros se hagan dependiendo del avance de las obras.
En total, 20 proyectos de la cuarta generación de concesiones (4G) dependen, además de peajes, de las vigencias futuras. Tras las declaraciones del minhacienda, el presidente de la CCI precisó que ya están garantizados los recursos para 2024, pero que el último borrador de decreto “genera incertidumbre grave en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista dada la subjetividad y falta de rigor técnico, que bien pueden condicionar las decisiones del Ejecutivo”.
Bonilla señaló que de cara a 2025 se podrían “reprogramar” las vigencias futuras. Cuando medios de comunicación le preguntaron por proyectos específicos, dijo que había varios, pero se refirió en particular a Mulaló-Loboguerrero: “hay $1,8 billones en una fiducia y este año se tendrían que desembolsar $450.000 millones. ¿Tiene sentido que desembolsemos $450.000 millones en una obra que no existe para que se vaya a una fiducia? ¿O esa plata la podemos destinar a arreglar los problemas en Rosas (Cauca) y en la vía al Llano?”.
Aunque la idea de que la plata vaya a las obras urgentes en lugar de a las que no se están ejecutando suena loable, hay que analizar con cuidado las implicaciones de esa propuesta.
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Los riesgos
Caicedo aseguró que no existe un “problema de congelamiento de recursos en las fiducias”, sino que ese dinero está apalancando el financiamiento de las obras. De todas formas, reconoce que hay dos proyectos (Mulaló-Loboguerrero y Bucaramanga-Pamplona) que por problemas en el licenciamiento no han avanzado.
Las vigencias futuras son una obligación que adquirió el Estado y que ya está establecida en los contratos, de ahí que Miguel Castro, profesor de la cátedra de contratos públicos de la Universidad Javeriana, dice que el cumplimiento de ese compromiso no se puede atar a la ejecución de las obras.
El objetivo de las vigencias futuras, explica el profesor, es financiar grandes proyectos de infraestructura; en los casos en los que permanecen en fiducias, sirven de garantía para los actores que intervienen, incluyendo a los bancos e inversionistas. “Solo a medida que se va cumpliendo, se le va pagando al concesionario”, dice.
Para el experto, el decreto que está para comentarios podría tener vicios de legalidad, considerando que intenta “adicionar” un requisito que no está establecido en la ley, hablando puntualmente de infraestructura, esta es una condición que no contempla la ley 1508. Más allá de esa discusión, lo que preocupa, según Castro, es que se esté abriendo “por la puerta de atrás” la posibilidad de que el Gobierno modifique o reprograme las vigencias futuras que ya están establecidas en los contratos. Una afirmación que también se sustenta en las declaraciones que ha hecho Bonilla.
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Para Juan David Duque, exdirector de Colombia Compra Eficiente y director en Duque Botero Consultores, es claro que hay un problema en la planeación y ejecución de los recursos. La propuesta del Gobierno puede implicar riesgos jurídicos porque lo establecido en los contratos, los compromisos del Estado, no se puede cambiar por orden del presidente. A la larga, en palabras de Duque, puede venir una “ola de reclamaciones”.
Sobre el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda se ha dicho mucho. Los expertos señalan que el Gobierno, considerando las limitaciones presupuestales, está buscando opciones para poder financiar proyectos, lo que preocupa es que se incline por incumplir contratos porque, además de las posibles reclamaciones, se pondría en duda el rigor del Gobierno en el cumplimiento de los compromisos ya establecidos.
Si la propuesta se materializa, se pondría en juego la seguridad jurídica, la inversión e incluso los recursos públicos (por las posibles demandas). El decreto es, por ahora, un borrador y hace falta que el Gobierno explique, puntualmente, cómo materializaría su propuesta de usar el dinero comprometido para proyectos que no están avanzando.
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