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Nadie niega que la crisis ocasionada por el fentanilo sea un problema en los Estados Unidos. Los números de sobredosis están ahí. La epidemia es real.
La solución anunciada por el Gobierno de Biden, sin embargo, vuelve a los métodos previamente ensayados con otras sustancias. Fallidos todos. En un nuevo capítulo de la eterna guerra contra las drogas, las armas discursivas, militares y policivas están encaminadas al Cartel de Sinaloa. El Departamento de Justicia ya anunció sus cargos contra los hijos del Chapo Guzmán. Les siguen sanciones a empresas chinas, acusadas de enviar las materias primas.
La estrategia es tan viejuna que hasta voces normalmente desadaptadas, como lo puede ser el propio Elon Musk, han criticado la insistencia en el prohibicionismo. Así lo tuiteó: “Creo que deberíamos legalizarlo. La probabilidad de sobredosis o de un lote defectuoso se reduce considerablemente si existe un control de calidad”.
Y es que es cierto. Lo que está en juego es la capacidad de la política de drogas de los Estados Unidos bajo Biden para hacer la diferencia y desmarcarse de la bravuconada y la agresiva reacción con que ha sido manejado el tema. Su cacareado enfoque holístico, que suponen más cercano a los derechos humanos, al final es más de lo mismo.
Entre tanto, los usuarios de fentanilo y otros opiáceos no tienen cómo saber qué están consumiendo. Tampoco hay espacio en esa narrativa para las razones que llevaron a la crisis. El paso de los remedios medicados a un producto más potente e impredecible que la heroína es silenciado.
Sin duda, la visita de Petro a Biden es un avance enorme frente a los días en que Duque y Pachito Santos les apostaban a Trump y los republicanos. Pero desde la perspectiva estadounidense los malos siguen siendo los otros. En este caso México, que con seguridad se las trae. Y China, que también. Pero antes fue Afganistán con la amapola. Y Colombia con la coca.
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