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La Cancillería, o el Ministerio de las Relaciones Exteriores, es la entidad que debe responder por los pasaportes solicitados por todos los colombianos y que, por la criticada manera en que gestionó la última contratación para esos servicios, tiene en contra una demanda que asciende a casi $116.000 millones. Lo que, en promedio, cuesta construir 10 colegios públicos. El contratista Thomas Greg & Sons, quien ha impreso los pasaportes en los últimos años, estuvo a un pelo de quedarse con esa licitación pública en 2023, de no ser por la rotunda negativa del canciller suspendido Álvaro Leyva, quien a último momento declaró desierto el proceso, argumentando que no hubo garantías para otros potenciales contratistas. Thomas Greg & Sons demandó a la Cancillería, pero este Ministerio no piensa caer a la lona judicial sin antes dar su pelea.
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El Espectador conoció que tiene argumentos para defenderse y, algunos de ellos, se encuentran en la biblia de la contratación pública en Colombia: la Ley 80 de 1993, conocida como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Según el principio de transparencia, entidades nacionales como la Cancillería, al momento de publicar una licitación, debe dejar claro su pliego de condiciones a un grupo de interesados que, en el mejor de los casos deben ser dos o más empresas o conjuntos de empresas, para garantizar esa condición de convocatoria abierta. La Cancillería peleará que, como lo establece un parágrafo del artículo 24 de la Ley 80, las condiciones deben ser justas, claras y objetivas, para evitar “las declaratorias de desierta de la licitación”. Es decir, que frenar el proceso, tal como lo hizo Leyva, era lo conveniente para evitar que resultara vulnerado el principio de transparencia.
Según las observaciones de las empresas interesadas en la licitación, no cabía duda de que el proceso parecía estar a la medida de Thomas Greg. En palabras de Smurfit Kappa, uno de esos primeros oferentes,: “Las especificaciones son extremadamente restrictivas”, señaló el inversionista que le hace los pasaportes a irlandeses y tanzanos. Accesos Holográficos Colombia, por su parte, criticó que la Cancillería quisiera entregar un puntaje a los oferentes que entregaran un tercer chip en los pasaportes, que permitieran almacenar información biográfica y biométrica. Según la empresa, la creación de este chip, en general, demora hasta cuatro meses, por lo cual hubiese sido imposible presentarlo a tiempo en un pasaporte genérico de ejemplo, o en los dos meses que hubiese tenido la empresa para empezar a ejecutar la licitación.
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De otro lado, la Cancillería peleará que el artículo 25 de ese manual de la contratación permite a las entidades frenar en seco licitaciones, bajo el principio de economía. Asimismo, según se explica en el artículo 30, el Estado le otorga facultades al “jefe de la entidad” para declarar desierta una licitación, si lo encuentra conveniente y antes de la adjudicación del contrato. La Cancillería contará con las observaciones de los interesados, quienes, en general, reprocharon que, antes de la intervención de Leyva, se les iba a otorgar un número considerable de puntos, dependiendo de si contaban con una fábrica de impresión de pasaportes en Bogotá. Es decir, los interesados debían invertir en todo un edificio para, al menos, presentarse. Thomas Greg ya contaba con esa fábrica.
Así lo muestra esta imagen del pliego de condiciones de la licitación declarada desierta por Leyva:
Y no solo eso, además, la Cancillería estaba entregando una mayor cantidad de puntos al oferente que tuviera una planta de impresión y personalización de pasaportes de contingencia que estuviese ubicada en América del Norte, como la que tiene Thomas Greg. El ministro Leyva dejó claro al momento de cerrar el proceso de contratación que probablemente la manera en la que se planeó y se gestionó la licitación terminó favoreciendo en exclusiva a Thomas Greg. Un recorrido en el que, incluso, Leyva le pidió a la Fiscalía investigar, como pasó en julio pasado. Con ambos argumentos, la defensa de la Cancillería está lista para probar por qué el canciller no se equivocó ni violó ningún derecho. Todo lo contrario: las reglas de la contratación le habrían permitido que frenara la licitación.
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Otra de las pruebas con las que el ministerio defenderá haber respetado los pilares de la contratación pública permanece publicado en la plataforma SECOP II. Cuando llegó la fase final de presentación de ofertas, y los interesados tenían el espacio para mandar sus propuestas finales, solo Thomas Greg radicó el documento. Aparte de ello, lo único que llegó a la Cancillería fue un oficio casi de protesta de la unión temporal Libretas 2023. Este interesado aseguró que, a pesar de las múltiples observaciones hechas durante el proceso, la Cancillería siguió manteniendo la exigencia de que los interesados presentaran 11 muestras de documentos de viaje para la fecha del cierre de la licitación. Se suponía que los interesados debían presentar pasaportes ejemplo el 12 de julio de 2023, cuando la convocatoria se había publicado solo tres meses antes.
En una de las adendas del proceso de licitación, a la vista en la plataforma SECOP II y del 6 de julio de 2023, el mismo ministerio reconoció que los otros oferentes estaban incómodos con el proceso.
Otra de las quejas de la unión temporal Libretas 2023 es que la empresa que se ganara la licitación iba a tener un plazo de dos meses para la implementación del proyecto. “En este tiempo resulta IMPOSIBLE hacerlo para cualquier oferente distinto del proveedor consuetudinario”, dejó por escrito. Y en sus conclusiones señaló: “De nuevo, la entidad acomete una licitación que favorece sin duda al actual contratista y torna prácticamente imposible la participación plural en igualdad de condiciones”. El actual contratista referido era Thomas Greg, al parecer, el único capaz de cumplir con los plazos dispuestos por la Cancillería, antes de que Leyva interviniera. Prueba de ello es que el Ministerio pudo firmar un contrato de urgencia manifiesta con Thomas Greg, para que los colombianos no se queden sin pasaportes mientras se soluciona todo este lío.
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Finalmente, la Cancillería peleará que evitó un daño a la administración pública al declarar desierta la licitación y publicar una nueva con requisitos diferentes, que permanece abierta en SECOP II y ha estado bajo la observación de posibles oferentes. Quienes han seguido de cerca el proceso destacaron que, entre los requisitos, aunque se mantiene la necesidad de que los pasaportes tengan un tercer chip, se redujo en un 33% los puntos que se otorgarán por ello. Asimismo, aunque se mantiene la exigencia de ofrecer una planta de personalización como plan de contingencia en Estados Unidos, si el lugar está ubicado en cualquier parte del mundo, otorgará el mismo puntaje. Sin embargo, la planta principal de expedición de pasaportes ahora es un requisito tan obligatorio, que ni siquiera entrega puntaje. Aun así, la idea de la Cancillería, esta vez, es garantizar plenamente la pluralidad de posibles contratistas.
La demanda de Thomas Greg, firma subsidiaria de una empresa británica, con presencia en más de 12 países, está en el despacho de la magistrada Bertha Ceballos, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El inversionista pretende, entre otras cosas, que le sea adjudicado el contrato, que va hasta julio de 2026, pues la Cancillería no tuvo argumentos jurídicos para declarar desierta la licitación, en septiembre del año pasado. Si no le hacen caso, considera que puede cobrar la multimillonaria cifra por el daño reputacional y la plata que dejaron de recibir a raíz de una decisión que únicamente tomó Leyva. El ministro Leyva canceló la licitación, contrario a lo que le recomendaba la Contraloría, el Comité de Contratación de la misma Cancillería y hasta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En su momento, la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Martha Lucía Zamora, le propuso a la cancillería de Leyva que conciliara con Thomas Greg. Como el ministro no lo hizo, la Procuraduría abrió una investigación en su contra, que terminó en una suspensión temporal del cargo, por tres meses y sin derecho a remuneración, mientras es enjuiciado disciplinariamente. La Procuraduría considera que, al contrario, rompió con las reglas de la contratación estatal, al obrar en contra de todas las oficinas, internas y externas, que le recomendaron contratar con Thomas Greg. La Fiscalía no se ha pronunciado en este asunto. Y, ahora, un tribunal estudia si la Cancillería es responsable de violar los derechos del inversionista, y, al final, se le entrega el contrato o se le compensa con miles de millones.
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