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Piero Corvetto estuvo al mando de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú desde hace casi seis años, y esta semana, en medio de un prolongado y cuestionado proceso para elegir presidente, renunció. Keiko Fujimori, que lidera la contienda con el 17 % de los votos, se alegró con ello y dijo que “era una buena noticia”, además de “saludable” para la segunda vuelta, prevista para el próximo 7 de junio. Con unos resultados que se conocerán en la primera quincena de mayo, un mes después de la cita en las urnas, el país está sumido en una crisis de legitimidad y confianza, la cual ha servido como caja de resonancia para reclamos de fraude. El panorama es complejo, si se tiene en cuenta la inestabilidad política de Lima y la debilidad de la figura presidencial, sobre todo de la interina.
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Corvetto ya había organizado otras elecciones, pero las de ahora revelaron un problema mayor: la destrucción de la reputación del organismo electoral, que, según Gonzalo Banda, analista político, “se venía reconstruyendo de una manera laboriosa, después de haber sido copado por funcionarios serviles luego del gobierno de Alberto Fujimori. Se dio un proceso largo de recuperación de esa credibilidad, pero desde hace tiempo los peruanos desconfían de sus procesos electorales”. Lo que está pasando ahora solo profundiza esa sensación frente a las autoridades, aunque no implica necesariamente que haya fraude, como lo ha reclamado sin pruebas Rafael López Aliaga, hoy en tercer lugar con el 11,9 % de los sufragios.
La lista de irregularidades es larga, entre ellas caos en el reparto del material electoral, votos perdidos (unos 1.200 que posteriormente fueron hallados en un canal de televisión) e intermitencias en la plataforma digital (lo que obligó a los miembros de las mesas a hacer las actas a mano y a que, en medio de la frustración, algunos rompieran unos de los documentos, como sucedió en Callao). Ahora bien, Banda enfatizó en que, si bien esto pudo perjudicar más a candidatos como López Aliaga, Fujimori y Jorge Nieto, hay un abismo entre decir que ha habido infracciones y sostener la tesis de fraude.
Otro punto que jugó en contra fue que la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana perdió su vocería en medio de los reclamos: “Generalmente, al cierre de las elecciones realizaban un proceso de ‘fact-checking’ en las redes sociales. Esta vez, como empezaron la jornada cuestionados por no haber repartido el material a tiempo, perdieron la habilidad para salir rápidamente a contestar, y ese vacío lo llenó la duda, la zozobra. Entonces, hay una gran escala de grises antes de hablar de lo que habla López Aliaga, que es una exageración infundada”.
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La jornada la calificó de atípica y añadió que, si bien los errores se deben investigar, no se puede hablar de que esto fue un sabotaje para dañar específicamente algunas candidaturas. En Perú, que tiene un sistema de conteo burocrático, con actas físicas que deben ser trasladadas a un centro de cómputo, es normal que se demoren los resultados. De hecho, hace una década, en 2016, la ciudadanía esperó diez días para conocer los de la primera vuelta. En 2021 la espera se redujo a la mitad. Lo que sí ha sucedido, en palabras del periodista y escritor Hugo Coya, citado por el diario español El País, es que “cada resultado se ha vuelto discutible y cada proceso, cuestionable”.
En medio de ello, la dimisión de Corvetto llamó la atención porque, por ley, el cargo es irrenunciable en medio de un proceso electoral. Lo que debió hacer la Junta Nacional de Justicia, al menos de acuerdo con el criterio de Banda, fue suspenderlo. Pero eso no fue todo: la Fiscalía de Perú pidió su detención preliminar. “Lo que me sorprende es este actuar tan mediático”, comentó el analista: “Hay que distinguir entre la incompetencia en funciones y los delitos de corrupción y electorales. Hasta ahora sabemos que falló el sistema, pero no si hay crímenes, aunque parece que pudo haber algo turbio en la contratación de los transportes. Otra cosa son los delitos destinados a impedir la voluntad del elector, que es algo que aún no sabemos. Eso sí, en Perú estamos abusando de las detenciones preliminares cuando ni siquiera hay indicios de delitos”.
Entretanto, la debilidad de la Presidencia en Lima se dejó ver, una vez más, a través de la más reciente crisis: la que tiene que ver con la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70 al Gobierno de Estados Unidos. El mandatario interino, José María Balcázar, se había resistido a dicha adquisición, incluso dijo que dejaría la decisión en manos del próximo gobierno electo. A pesar de que pensó que había frenado la operación, se supo que el contrato se había firmado en secreto. Tras una destitución y una renuncia en su gabinete, ofreció su primer mensaje a la nación en sus dos meses de gestión y, en un intento por aclarar que no participó de las negociaciones, demostró implícitamente su falta de autoridad. Eso, según Banda, solo alimentó más la desconfianza y la inseguridad que hay en el país.
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