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El Senado y la Cámara de Representantes decidieron en la madrugada de este miércoles hundir el artículo 104 del Presupuesto General para 2022, uno de los más polémicos de todo el proyecto. El artículo en cuestión le daba vida al llamado traslado exprés entre regímenes pensionales, que estaría habilitado únicamente durante el próximo año, habría costado unos $3,8 billones y habría impactado a unos 19.000 usuarios del sistema pensional.
La caída del artículo se dio, a pesar de que gozaba del visto bueno del Ministerio de Hacienda. La idea obtuvo duras críticas de varios sectores, aunque también era bien vista por personas como Jhon Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, quien le dijo a este diario que el traslado exprés era una oportunidad para las personas que ya habían cotizado en el régimen de prima media. Para Díaz, el proyecto no le convenía a los fondos privados que “terminarían descapitalizados”.
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Tras conocerse la noticia del hundimiento de la iniciativa, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) aseguró, sin sorpresa para nadie, que “es una decisión responsable con el país y con los colombianos” y agregó que “a todas luces resultaba inequitativo y oneroso”. El gremio coincidía en la inconveniencia del artículo y ahora sostiene que esos mismos problemas se encuentran en el proyecto de ley 018 de 2021 que aún está en discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, además, tiene un concepto no favorable por parte del Ministerio de Hacienda e incluye a más personas.
Sin embargo, la decisión de que el traslado exprés no vea la luz no solo alegró a los directamente afectados, como los fondos de pensiones.
A escala global hay tres principios que, se espera, cumplen los sistemas pensionales: cobertura, sostenibilidad y equidad. Para entender los impactos de esta iniciativa vale la pena preguntarse si, además de beneficiar a algunas personas, le ayudaría al país a aproximarse a esos objetivos.
A finales de septiembre, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que el traslado exprés era “un pésimo proyecto”. Los cálculos de Fedesarrollo indican que la cobertura pensional en el 20 % de más altos ingresos es del 56 %, mientras que la del 20 % más pobre es solo del 2,5 %, sumado a que —según Mejía— el 90 % de los subsidios pensionales en el régimen público son para población no pobre, de ahí que la iniciativa solo profundizaba esas inequidades en un sistema pensional con dos grandes problemas: baja cobertura y alta regresividad.
Otro punto que mencionó Mejía es que el traslado exprés entre regímenes pensionales, además, tendría un impacto fiscal de $3,8 billones, según cálculos del Gobierno. “Es una pésima política pública desde el punto de vista de equidad, progresividad y sostenibilidad de la deuda pública. Un ‘regalo’ del Estado a 19.000 afortunados, de altos ingresos, equivalente a cerca de $200 millones por persona, que terminaremos pagando el resto de los colombianos con más impuestos”, dijo.
La iniciativa contemplaba que los hombres mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47, con mínimo 750 semanas cotizadas pudieran llevarse sus fondos de pensiones nuevamente al régimen público.
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Asofondos, que reúne a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, coincidía en que la propuesta solo beneficiaba, vía subsidios pensionales, a un grupo de trabajadores de ingresos medios y altos. De hecho, la asociación calculaba que a cuatro de cada cinco personas no les convendría trasladarse teniendo en cuenta que del número de afiliados que cumplen los requisitos de tener por lo menos 750 semanas cotizadas en el régimen público, 73,4 % tiene ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.
En esos casos, Asofondos aseguraba que con menos tiempo cotizado (22 años) las personas tendrían idéntica o similar mesada que en Colpensiones, en donde se exigen 25 años de cotizaciones. El presidente de la asociación, Santiago Montenegro, aseguró que, en cambio, el traslado sí sería conveniente para personas de mayores ingresos, quienes representaban menos del 40 % de aquellos que tendrían las condiciones para proceder con el traslado.
“Hay casos de algunas personas cercanas a los 60 años que, aunque tienen las 750 semanas cotizadas, estarían muy lejos de las 1.300 semanas exigidas en Colpensiones para alcanzar una pensión, esto implica que tendrían que cotizar poco más de 10 años de forma continua. Y en tal caso, sin lograr pensión en Colpensiones, les van a devolver la séptima parte de la plata de su ahorro pensional. En el fondo privado tendrían más chance de pensionarse y si no, les devolverían hasta siete veces más plata”, dijo Montenegro.
La inversión también sería poco coherente teniendo en cuenta que en el país solo una de cuatro personas mayor a 65 años alcanza una pensión, a pesar de que una cuarta parte del recaudo tributario se va para cubrir el rubro de pensiones. Sin contar con que la pandemia ha impulsado aún más las debilidades que ya existían en el horizonte del empleo en Colombia, como crecimiento en informalidad y brecha de género. Solo el año pasado, se calcula que el número de cotizantes activos (aportantes regulares) alcanzó a caer 4,7 %.
De ahí que ampliar la cobertura deba ser uno de los principales objetivos.
Por otro lado, Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), le dijo a este diario que esa no es una iniciativa nueva, sino que revive cada tanto. “Todo el mundo sabe que esa es una pésima idea, es endeudar más a la Nación”, señaló.
Para Santamaría, en el corto plazo se habla del costo de cerca de $4 billones y de posibles efectos en el sector financiero; sin embargo, lo más importante, para él, es que a mediano y largo plazo “se profundizarían unos subsidios pensionales que hoy en más del 75 % se dirigen a la población de mayores ingresos (…) y en 30 años ese ‘regalo’ nos seguirá costando una buena parte del PIB que pagaremos con impuestos de todos”.
Es decir que el traslado exprés a Colpensiones a largo plazo se traduce en un hueco fiscal en un momento en el que —en palabras de Santamaría— “las finanzas ya están débiles y tratamos de arreglar el problema y no seguirlo agrandando”.
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Los expertos, analistas y organizaciones coinciden en la necesidad de que se realice en Colombia una reforma pensional. Apartemente, en eso sí hay un consenso. El presidente de la Confederación Democrática de Pensionados sostiene que este es un tema que ya le han planteado al Gobierno, especialmente para que las personas de estratos uno y dos puedan acceder a una pensión.
Por su parte, David Cuervo, director de Bienestar Financiero y Patrimonial para Mercer Andina, Centroamérica y el Caribe, resumió algunos de los problemas actuales, empezando porque tenemos un sistema desarticulado: “Es AFP o Colpensiones, sistemas con beneficios y condiciones diferentes, pues una persona con la misma historia tiene pensiones distintas en un lugar u otro. Además, problemas de sostenibilidad, que aunque hay ‘mejores’ pensiones en Colpensiones, no las podemos pagar, sumado a la existencia de subsidios no focalizados que llegan a quienes no los necesitan”.
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