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Con el fin de ratificar que sí hay un blindaje claro en torno al sistema tecnológico en el que se sustentan los procesos electorales en Colombia, la Registraduría desplegó una estrategia de supervisión y vigilancia –con actores gubernamentales y extranjeros incluidos– para las auditorías sobre todo el andamiaje para la primera y segunda vuelta presidencial. Lo que se busca es otra vez probar que el relato de un supuesto fraude no tiene sustento.
Esto último no es solo por declaraciones del organismo electoral, sino porque el grueso de la institucionalidad y todas las entidades de control, tanto nacionales como de otros países, vienen ratificando que más allá de los dardos palaciegos no se han presentado irregularidades que puedan afectar la credibilidad de los resultados que arrojan las urnas. Y el pasado 8 de marzo, durante los comicios legislativos, no fue la excepción.
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La ruta de auditoría que se trazó para los cuatro softwares que se usan en las elecciones se ejecutará en un plazo que supera las dos semanas, el cual comienza el 27 de abril y se extiende hasta el 24 de mayo, y tiene en su núcleo una etapa de “carga y estrés” para corroborar la capacidad y resistencia de los programas.
Lo que sí se dejó claro es que el código fuente no se entregará libremente por los riesgos que un paso de esa naturaleza genera, pues se abriría la puerta a que su base sea copiada o vulnerada. Esto, por supuesto, sería una ventana para que en las votaciones del 31 de mayo sí se dé un fraude vía hackeo o exposición pública de datos confidenciales que son los que, precisamente, garantizan que no se violenten los resultados.
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“La exposición del código fuente de los cuatro softwares que intervienen en las elecciones se tiene prevista durante dos semanas, tiempo suficiente para que los auditores de los partidos puedan verificarlo. Además, está garantizado el acceso al 100 % del código. Es de resaltar que este proceso contará con el acompañamiento de los órganos de control y las misiones de observación electoral”, precisó el registrador Nacional, Hernán Penagos.
Todo esto, que incluye la posibilidad de que los delegados por el presidente Gustavo Petro y sus afines puedan estar en las auditorías, se hace para dar tranquilidad al blindaje de todo el estamento.
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Eso, de acuerdo con la información de la propia Registraduría, incluye todas las etapas, que van desde el preconteo, el escrutinio, la consolidación y divulgación, hasta las actas E-14 y E-11 (que son las de instalación y las de registro general de votantes). Además, se contempla la verificación de las plataformas de jurados, Infovotantes, control de puestos de votación, grupos significativos de ciudadanos, entre otros.
El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), cuya matriz está en Costa Rica, será el encargado de coordinar la auditoría internacional especializada, a lo que se suma la llegada de los observadores internacionales. En este último grupo, entre otros, están los 86 acreditados por la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en cuyo listado oficial figura el senador Bernie Moreno, del ala del Partido Republicano más leal al presidente Donald Trump.
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Todos esos blindajes, de acuerdo con Penagos, son la base de la tranquilidad que pueden tener los más de 41,5 millones de ciudadanos habilitados para votar en las presidenciales.
“Por primera vez en la historia electoral del país se cuenta con una auditoría internacional a las elecciones presidenciales. Esta auditoría está a cargo de un órgano técnico con amplia experiencia en la materia, que brinda rigor independiente, estándares internacionales y perspectiva comparada”, enfatizó el Registrador.
También habrá simulacros en varias fases y países que arrancan el 16 de mayo y van, por aparte, hasta el 21 de mayo. Y el 28 de ese mismo mes se congela el código fuente de los cuatro softwares, lo cual es un paso necesario para esquivar cualquier vulnerabilidad por ataques cibernéticos.
Pero el presidente Petro, quien lleva varios meses intentando imponer sin pruebas ni sustento –y sin el respaldo de ninguna organización fuerte o internacional– el relato en torno al supuesto fraude, aseguró que el problema es que haya privados en el proceso electoral. Esto lo dijo de nuevo pese a que este año se usa el mismo sistema que en 2022 le permitió ganar la Casa de Nariño con una diferencia de poco más de 700.000 votos en la segunda vuelta de ese entonces; en parte, ha tenido el apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti, en una narrativa que en este momento no pasa de lo verbal y que, incluso, se cayó en las legislativas cuando la diferencia entre preconteo y escrutinio no pasó del 0,28 %.
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“En el mundo, la mayoría de países no tienen softwares con códigos fuente privados, sino que son propiedad de los Estados”, enfatizó el jefe de Estado.
En todo caso, el registrador Penagos dejó en claro que la vigilancia y auditoría son claras y concretas, por lo que las elecciones gozan de transparencia.
“La entrega del código fuente no se lleva a cabo en ninguna nación democrática en Latinoamérica. A nadie se le ocurre entregar o solicitar ese código fuente. Los riesgos en materia de vulnerabilidad y de ataques a ese código son altísimos”, señaló el funcionario.
Lo cierto es que para la primera vuelta hay 13 candidatos presidenciales disputándose la Casa de Nariño y todas las campañas, incluyendo la de izquierda que promueve Petro, tendrán acceso a toda la información.
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De hecho, este diario supo que todos los formularios E-14 del pasado 8 de marzo le fueron remitidos en físico al presidente Petro, además de los enlaces digitales, para que verificara la transparencia de las votaciones. No obstante, no ha dado ninguna respuesta.
En todo caso, hay expectativa por los resultados de esas auditorías y por la convocatoria de varios frentes en torno a que haya más de 2 millones de testigos electorales, que los días de las votaciones ayudarán a vigilar todo el proceso.
Ese es el cronograma de la auditoría:
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